No incrementar tarifas de peajes generaría un déficit y una “lluvia” de demandas contra el Estado, asegura la Procuraduría. ¿Por qué?

La decisión del Gobierno nacional de no incrementar las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ha generado preocupación en la Procuraduría General de la Nación, ya que, en su concepto, se vendría una “inminente lluvia de demandas” contra el Estado.

Según el Ministerio Público, esta determinación, establecida en el Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, representa un riesgo para “los muchos proyectos de infraestructura de transporte vial que podrían ponerse en riesgo”.

Con el fin de dar un alivio al bolsillo de los colombianos y hacer frente a la inflación que actualmente se encuentra en su punto más alto del siglo, el Gobierno nacional expidió el decreto para mantener congeladas las tarifas, al menos 147 peajes en todo el país -34 a cargo de Invías y 113 por la ANI- y con la que se ordenó que aquellos que ya habían aumentado estos cobros, volvieran a los montos de 2022.

La Procuraduría General respalda los análisis financieros realizados por Fedesarrollo, los cuales indican que la falta de ajuste en las tarifas, que para este año correspondía a un incremento de más del 13 por ciento “generará un detrimento para los concesionarios de un billón de pesos para el 2023 y, además, un déficit fiscal que podría conllevar a una obligación adicional para el Estado y todos los colombianos, de cubrir dichos recursos hasta alcanzar un nivel de cerca de $13,8 billones al año 2040″.

De acuerdo con la legislación nacional, el cobro en los peajes de Colombia forman parte aquellos rubros que se ajustan cada año con base en el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, actualmente, se encuentra en el 13,12 %.

Vale la pena resaltar que esta medida no cobija a los peajes departamentales o municipales, es decir, aquellos que están a cargo de las gobernaciones y/o alcaldías en diferentes regiones, ya que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas. Según datos de la ANI, actualmente son 27 los que están bajo esta categoría y en todos estos se dará el aumento normal que estipula la ley.

Esto sin duda se convierte en un alivio para el bolsillo de los colombianos, puesto que en varias zonas de la geografía nacional estos cobros ya superaban los 15.000 pesos para la categoría 1, mientras que los vehículos de carga pesada seguían llevando la peor parte, puesto que sus tarifas quedaron por encima de los 75.000 o los 80.000 pesos. No hay que olvidar que esto último en ocasiones se traslada a los precios al consumidor, apretando la economía de los hogares.

Ahora bien, la pregunta que muchos se están haciendo es de dónde saldrán los recursos que compensarán el dinero que dejarán de percibir las concesiones y el Estado por cuenta de este congelamiento de precios. Si bien por ahora no hay una versión formal del Gobierno nacional, fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a SEMANA que la respuesta estaría en el cobro por valorización por carretera en 2024.

Ante la incertidumbre generada por esta situación, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública ha requerido al Invías y a la ANI que expliquen los planes de contingencia que han implementado para garantizar el equilibrio económico de los contratos.

Además, el ente de control ha solicitado información a la ANI sobre las gestiones realizadas para obtener los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. En caso de no llevar a cabo estas acciones, la liquidez de la ANI se vería afectada, advierte la Procuraduría.

Con estas acciones preventivas, el Ministerio Público busca “garantizar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar cuantiosas demandas que recaerán en los contribuyentes”.