¡No más noticias falsas!: las peores mentiras de los políticos en el paro nacional

Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta para que miles de ciudadanos compartan información durante el paro nacional. Sin embargo, de manera preocupante, dichas plataformas también se vienen usando peligrosamente para difundir noticias falsas que ponen en peligro la vida de personas inocentes y buscan el desprestigio injustificado de empresas honorables y comprometidas con el país.

Así le ocurrió al Grupo Éxito, por ejemplo, con su sucursal en el sector de Calipso en Cali. Sin razón alguna, el lugar fue catalogado como un “centro de tortura”, en el que supuestamente se cometían crímenes de Estado; un señalamiento completamente alejado de la realidad.

Todo comenzó con información compartida por líderes como Gustavo Petro, quien fue uno de los primeros en divulgar mentiras. En una columna publicada el 23 de mayo, en el sitio web Cuarto de Hora, Petro escribió sobre el Éxito lo siguiente: “Una empresa que presta sus instalaciones para ser centro de detención de jóvenes, que se convierte en centro de tortura, con la sangre derramada en sus pisos y paredes, untando sus mercancías. Para al otro día tener todo lavado y oculto”. Esas acusaciones irresponsables le valieron críticas desde diferentes sectores.

Griselda Lobo, del partido Comunes –antes Farc– y hoy segunda vicepresidenta del Senado, hizo una acusación mucho más fuerte en esa misma línea: “El Éxito se convirtió en la casa de pique de la Policía”, aseguró sin ningún reparo. Además, posteriormente dijo que a los miembros del Esmad les estaban dando bonos del Éxito. Su única prueba y sustento eran caricaturas. El senador Gustavo Bolívar también replicó la información sobre este supermercado, al igual que otros líderes de la izquierda.

Desde entonces, lamentablemente, los ataques se han vuelto sistemáticos. Tal fue el nivel de desinformación que en redes se masificó la divulgación de caricaturas que modificaban el logo de la empresa con manchas de sangre y otros detalles bélicos. Varios líderes políticos promovieron una especie de boicot contra una compañía a partir de información falsa y tendenciosa, un hecho que debe prender las alarmas y suscitar reflexiones profundas sobre el deterioro del debate público en Colombia. Los dirigentes son los primeros llamados a dar ejemplo.

Ante la confusión de los hechos, la Defensoría, la Personería, defensores de derechos humanos, funcionarios del almacén, la fuerza pública y hasta participantes de la primera línea entraron a la sede del Éxito en Calipso para verificar lo sucedido. En un acta firmada por todos quedó claro que no había pruebas suficientes para lanzar semejantes acusaciones. “Hemos podido evidenciar que las situaciones señaladas alrededor de posibles desapariciones no obedecen a la realidad”, aseguró un funcionario de la Defensoría que inspeccionó el lugar.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, pidió tener mayor responsabilidad con lo que se comparte y negó los hechos. “No es cierto que el Éxito de Calixto (sic) haya sido convertido por la misma empresa en lugar de tortura o base de ataque a la movilización. Decir eso es mentira y es una forma de estigmatización para crear caos de red. La mentira daña la unión para proteger la vida y los derechos de todos”, aseguró De Roux.

Así mismo, la compañía rechazó los señalamientos y aclaró la situación. “No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios”, dijo oficialmente el Grupo Éxito, y señaló que, por el contrario, ellos han sido afectados por saqueos y hurtos, y que las falsas acusaciones ponen en riesgo al personal que trabaja allí.

Pero este es solo uno de los casos en los que algunos políticos de izquierda han puesto en la picota pública a personas y empresas que nada tienen que ver con el paro. Por ejemplo, otro gran revuelo se propició por cuenta de los falsos mensajes compartidos por la concejala petrista Heidy Sánchez, quien señaló que las ambulancias en Bogotá estaban transportando material bélico “para reforzar al Esmad”.

Esto provocó un ataque sistemático contra las ambulancias y la misión médica, que fue rechazado incluso por organismos internacionales. Actualmente, estos medios de asistencia médica viven un calvario porque son atacados (a veces con arma de fuego) o retenidos por vándalos que obligan a los conductores y enfermeros a que demuestren que trasladan pacientes y no gases lacrimógenos. La Procuraduría ya abrió indagación preliminar contra la concejala y estudiará otros casos.

La lista de mentiras es larga. Uno de los que más comparte información a la ligera es el senador Gustavo Bolívar. Varios de sus trinos han sido desmentidos y, a pesar de que él asegura que los datos en redes ponen en riesgo su vida, lo cierto es que sus mensajes han puesto en peligro a personas inocentes. Esta semana, un empresario dueño de una camioneta blanca blindada tuvo que salir a desmentir que estuviera persiguiendo al senador petrista, como él lo señalaba. Bolívar compartió en sus redes la foto del vehículo y sus placas plenamente identificadas, sugiriendo que si algo le pasaba, era culpa del dueño y hasta del expresidente Álvaro Uribe, a quien también mencionó.

Carlos Urbina, un empresario e ingeniero de minas que le había prestado la camioneta a un amigo para que viajara con la familia, tuvo que salir a decir que era falso que estuvieran persiguiendo al senador. Seguidores petristas lo habían identificado y lo expusieron públicamente. Bolívar finalmente borró el trino, pero el señalamiento quedó en el aire y hasta el momento no le ha ofrecido una disculpa al empresario.

Bolívar también afirmó que en el Valle estaban desapareciendo gente en “fosas comunes” y que han asesinado a personas “en casas de pique”. Aseguró que la policía y el ejército han infiltrado “gente armada” en las marchas, y que queman entidades bancarias y establecimientos. También aseveró que el hotel La Luna, en Cali, fue quemado por la fuerza pública. Sobre este caso puntual hay evidencia suficiente, como videos grabados por los mismos manifestantes, que prueba que fueron los vándalos quienes quemaron el lugar al enterarse de que allí se hospedaban miembros del Esmad que venían de otras ciudades. En el momento del incendio, ellos ya se habían retirado. De igual manera, Petro replicó mensajes diciendo que las llamas fueron provocadas por la fuerza pública.

El senador Bolívar, además, fue quien difundió un video de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, en el que supuestamente ella le había respondido a un manifestante con lesión ocular que habló en el Congreso diciéndole “dejen de estar llorando por un solo ojo”. Lo cierto es que el video fue editado a conveniencia y sacado de contexto para hacerlo ver como si la senadora uribista hubiera respondido directamente al joven, aunque no fue así.

El portal periodístico de verificación Colombiacheck analizó la grabación y determinó que el trino era “cuestionable”. “Ella sí dijo eso en referencia a los acontecimientos del paro nacional 2021, pero no en el debate contra Molano ni en respuesta específica a los casos de lesiones oculares. Se trata de una expresión metafórica que tiene un sentido más amplio”, concluyó dicho medio.

En medio del paro, Bolívar y el petrismo en general han mantenido un discurso de ataque y estigmatización contra la fuerza pública, la empresa privada y los medios de comunicación que no comulgan con sus ideas. De hecho, Petro se ha caracterizado por replicar y enviar mensajes que han resultado falsos. Además de los anteriores, hubo uno en el que, sin ningún reparo o evidencia, culpó a dos uniformados de haber detenido a unos jóvenes para luego asesinarlos en una carretera de Cali. Su única prueba era que el color de los zapatos de uno de ellos coincidía. Los mismos jóvenes detenidos desmintieron la versión del senador.

Durante el paro, esta difusión irresponsable de información y de declaraciones ha venido en aumento. Los entes de control ya investigan, y el mensaje central es que el fin no justifica los medios. En política no todo vale; mucho menos mentir o pretender acabar con la honra de personas y empresas que han aportado al progreso del país.