“No más vagos en las cárceles”, la propuesta en el Congreso para evitar más casos como el de Carlos Mattos

Las salidas irregulares y los permisos injustificados del empresario Carlos Mattos fueron, sin lugar, una de las noticias judiciales de la semana. Este hecho dejó ver nuevamente la ‘papa caliente’ en la que se ha convertido el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual ha vivido constantes escándalos de corrupción en años recientes.

Tras el caso Mattos se ordenaron varios traslados de presos vinculados a procesos de connotación nacional a cárceles de máxima seguridad, entre ellos, el contratista Emilio Tapia, recordado por ser el protagonista del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá; el exsenador Eduardo Pulgar Daza, sentenciado por intentar sobornar a un juez; y el excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien responde por las actividades ilegales que ejecutó el Bloque Central Bolívar de las AUC.

Los casos irregulares generan más atención si se tiene en cuenta que a comienzos de este año se conoció una fiesta con trago en la celda del exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, quien se encuentra cumpliendo una condena de 55 años de prisión por ordenar los asesinatos de sus contradictores políticos.

Frente a esta grave situación, que no es nueva, se presentará en el Congreso una propuesta con el fin de mejorar las políticas carcelarias y fortalecer las acciones de resocialización y reincorporación a la sociedad. El candidato a la Cámara de Representantes, Juan Manuel Díaz, presentó un proyecto para evitar la reincidencia de las personas privadas de la libertad en actividades delictivas.

“(…) Según cifras del Inpec, de las 72.884 condenas intramurales presentadas hasta marzo del 2022, el 22,41% fueron de reincidencia especialmente por delitos como el hurto y fabricación, tráfico y porte de armas”. Los datos oficiales, igualmente, alertan sobre 67 establecimientos carcelarios del país.

En el proyecto se pone de presente la necesidad de garantizar la resocialización de los internos y la búsqueda de actividades productivas. Para esto, se puso de presente la situación en Estados Unidos o Brasil donde “el trabajo penitenciario se enfoque en generar un impacto directo en el desarrollo del país, mientras se va dando ese proceso de resocialización”.

Esto se traduce en que los internos puedan participar directamente en los proyectos de construcción de vías, vivienda de interés social, nuevas zonas portuarias o cualquier obra de infraestructura importante para el desarrollo del país.

“Como resultado de este programa, y del control político que desde el Congreso puede hacerse, se generarán ingresos al sistema penitenciario, logrando que sea autosostenible y que los PPL durante su proceso de resocialización, reciban una remuneración económica por su trabajo y de esta manera puedan aportar significativamente a sus familias”, precisa el candidato.