“No me dejen matar”: la angustiosa súplica que hace hermano de personero asesinado en Caquetá

La pesadilla para el líder social de derechos humanos, José Rafel Chavarro arrancó el 24 de diciembre de 2017 cuando entraron hombres armados a la casa del entonces personero de Puerto Rico, Caquetá, Fredy Chavarro. Luego de presentarse como miembros de la ‘Nueva Marquetalia’, le dispararon, ocasionándole la muerte a las 8:45 de la noche.

Lo que habría motivado el crimen fue un posible caso de corrupción que había en el municipio. José Rafael empezó a denunciar abiertamente los hechos, lo que habría ocasionado que dos meses después de la muerte de su hermano, él también se convirtiera en objetivo para darle de baja.

En el año 2018, la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló, luego un estudio, que su vida está en riesgo y le asignó un esquema que incluye una camioneta con blindaje tipo 3 y tres hombres de seguridad. Pero con el paso de los años el riesgo está más latente.

SEMANA conoció que la misma Fiscalía pidió con urgencia aumentar el blindaje de la camioneta, pues según información que han recopilado los investigadores, el atentado que organiza el grupo criminal en contra de Chavarro se estaría contemplando con artefactos explosivos, como lo manifestó el mismo denunciante.

En el último año, Chavarro aportó información relevante, junto con otro testigo, que permitió la captura de nueve disidentes de las Farc que tenían el control del negocio del narcotráfico en varios municipios de Caquetá, lo que habría desatado la furia de la organización criminal.

Sin embargo, mientras es un secreto a voces que a Chavarro lo quieren matar como venganza y que las ordenes ya están dadas para que así se cumpla, la UNP lleva cuatro meses en análisis y estudios de riesgos, para ver si realmente es viable o no que le refuercen en el esquema con una camioneta que tenga un blindaje superior y otras estrategias que han recomendado las autoridades.

" ¿No se dan cuenta que mientras la UNP termina con todo su protocolo nos están asesinando?”, cuestiona con evidente frustración el líder de derechos humanos. A uno de los testigos de los casos que también ayudó a dar con la captura de los nueve miembros de las disidencias, la UNP, le habría bajado el nivel del riesgo hace unos meses. De hecho, le retiraron la camioneta blindada y le pusieron un carro convencional. Hace aproximadamente un mes, fue asesinado en Bogotá con nueve tiros.

Chavarro, repite una y otra vez con angustia. “Me quieren matar. Por favor no dejen que me maten”. Evidentemente, teme correr con la misma suerte de su hermano y otros líderes sociales o testigos de procesos en contra disidentes de la extinta guerrilla.

Denuncia que aparte de la demora de los estudios, la UNP, están realzando evaluaciones de riego de manera virtual o telefónica, sin conocer el verdadero contexto del territorio. “Si viniera el analista se daría cuenta de que en un par de semanas han cometido homicidios con arma de fuego a plena luz del día”, manifestó.

Al hacer su denuncia pública, deja claro que lo que pretende es dejar un precedente de que si el grupo ilegal, logra su cometido de asesinarlo, él culpa, de ante mano, “la negligencia de la UNP y de la Procuraduría”, argumentando que pese a que conocen la situación no han hecho lo suficiente para evitar una tragedia.

“Yo no puedo morir. Yo soy el sustento económico de mi familia, por favor ayúdenme”, suplica el líder de derechos humanos.