"No me sorprendería que volvieran los falsos positivos": José Miguel Vivanco.

SEMANA: El Artículo de ‘The New York Times‘ cita a Human Rights Watch como la principal fuente sobre la impunidad de los actuales generales de la cúpula del gobierno. ¿que gravedad tiene lo que denunció este sábado el diario estadounidense?

J.M.V: El artículo  denuncia que habría un esfuerzo por parte del comandante del Ejército y el Ministerio de Defensa por reinstalar las políticas de incentivos que llevaron a los falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Ello sugiere que las actuales autoridades militares no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia—el de los falsos positivos— y podría poner en serio riesgo a la población civil.Es más, a mi no me sorprendería que volvieran los falsos positivos. De hecho, el Ejército nunca ha purgado plenamente a los oficiales creíblemente implicados en estos crímenes. En tal sentido preocupa que muchos de ellos han sido ascendidos y hoy ocupan altos cargos en el Ejército.

Ver: Quién es Nicacio Martínez el comandante del Ejército mencionado en el artículo del New York Times

SEMANA: Human Rights Watch le hizo saber al presidente Iván Duque su preocupación sobre el nombramiento de nueve oficiales relacionados con falsos positivos. ¿En qué consistió esa advertencia?

J.M.V: Efectivamente, en el mes de febrero publicamos un informe con pruebas que podrían vincular de forma creíble a nueve mandos del actual Ejército en la práctica de los falsos positivos. Hace pocos días se hizo pública una carta de tres influyentes senadores de EEUU que respaldan nuestra investigación y le piden al presidente Duque que reforme la cúpula militar, advirtiéndole que podría afectar los programas de asistencia de EEUU a Colombia.Los generales que denunciamos incluyen, entre otros, al comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel y a dos de los jefes del estado mayor: el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth y el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.

SEMANA: El artículo de ‘The New York Times‘ hace especial referencia al señor Nicacio Martínez, comandante del Ejército. ¿Cuáles son los antecedentes, según Human Rights Watch, que complican al señor Martínez en este asunto?

J.M.V: Como denunciamos en nuestro informe, el comandante del ejército, Martínez Espinel, fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada (que operó en Cesar y La Guajira) entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía abrió investigación sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Hay un caso muy preocupante: en febrero de 2005 las tropas de la Décima Brigada Blindada, en particular del batallón La Popa asesinaron a una niña indígena de 13 años. Las tropas reportaron que se trataba de guerrilleros de las FARC. El propio Martínez Espinel firmó un documento aprobando un pago de 1,000,00 de pesos colombianos por los “excelentes resultados” de esa operación. Pero los tribunales han concluido que se trataba de una menor inocente, que fue ejecutada a sangre fría para inflar los resultados operacionales.

SEMANA: ¿Qué similitudes tiene la denuncia del ‘New York Times‘ con el caso del general Montoya, investigado por falsos positivos?

J.M.V: Durante el gobierno de Uribe, y en especial cuando el general Montoya fue comandante del Ejercito, se estableció un sistema perverso de incentivos. El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas. Los comandantes que no cumplían con las metas establecidas por los altos mandos podían perder sus cargos. Quienes cumplían con las metas, en cambio, recibían distintos premios, incluyendo beneficios económicos, vacaciones, comisiones en el exterior y felicitaciones.

El sistema de incentivos que denuncia la publicación tiene elementos muy similares, puesto que al parecer se incluyen cuotas en el número de bajas y habría vacaciones adicionales para los oficiales que logren estos resultados.

José Miguel Vivanco:@JMVivancoHRW