Nación
“No podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”: defensor del pueblo
Carlos Camargo hace un llamado urgente a proteger a mandatarios locales amenazados, tras ataque al alcalde de Playa de Belén, en Norte de Santander.
En las regiones del país, los líderes políticos estarían ejerciendo con miedo a las represalias de los grupos ilegales. Varios mandatarios a nivel municipal han tenido que salir huyendo de sus propios territorios, como es el caso de Ider Álvarez García, alcalde de del municipio de Playa de Belén en Norte de Santander, quién por amenazas contra su vida e integridad, por parte de los grupos armados ilegales, tuvo que dejar su oficina y vivienda abandonada.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un insistente llamado a las autoridades y al gobierno Nacional para que tengan presente la “imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.
De igual manera, el rechazo contra las amenazas de García fue enfático, al calificar el hecho como lamentable. Pues la presión de los grupos criminales obligó al político a renunciar a su cargo como alcalde y marcharse del país por miedo a que se cumplieran las amenazas de los delincuentes.
Camargo señaló que desde que se conocieron las primeras situaciones de riesgo para la vida e integridad del alcalde, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Ocaña, puso en conocimiento la situación de vulneración de derechos humanos en consejos de seguridad, activó rutas de atención y solicitó a la autoridad competente medidas adicionales para su protección y para poder ejercer la labor en el municipio.
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De hecho, en un encuentro realizado recientemente con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), la cabeza de la entidad defensora de derechos humanos manifestó que para poder enfrentar a los grupos de crimen organizado y grupos armados ilegales, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un Gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.
El Defensor del Pueblo manifestó en un comunicado que, además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en Caquetá.
“Debemos poner la lupa sobre estos hechos, pues estamos en un momento definitivo en el que tenemos que impedir que actores armados ilegales tomen el control y sigan amenazando a los mandatarios locales, por el contrario, se deben dar todas las medidas para que ejerzan su labor sin ningún temor. No podemos seguir permitiendo que pasen situaciones como la del alcalde de Playa que tuvo que dejar su hogar, su familia y su país por el miedo de repercusiones a su vida e integridad por el hecho de estar haciendo su trabajo”, Puntualizó Camargo.
Cabe recordar que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se mostró preocupada luego de darse a conocer la renuncia del alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, Ider Alberto Álvarez, por amenazas de grupos al margen de la ley.
“Es inadmisible, como lo ha señalado la Federación Nacional de Municipios, que, después de 20 años, un alcalde deba renunciar a su cargo por ver su integridad en riesgo”.
La Jefe del Ministerio Público fue enfática en advertir que “un alcalde que renuncia no es uno de miles: es el único de ese municipio. Y es deber del Estado hacer todas las gestiones para evitar que eso suceda”.
Además, agregó que, la seguridad ciudadana es un factor de gran incidencia en el proceso electoral y la situación actual está dando “un mal mensaje para el proceso y para la democracia”.
En su intervención, también advirtió que “vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente, en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”.