“No se puede entregar todo antes de sentarse a la mesa”: el exfiscal Néstor Humberto Martínez destapa sus críticas frente a la paz total

SEMANA: Esta semana se aprobó en primer debate uno de los proyectos clave para la paz total. ¿Cómo ve esa arquitectura jurídica?

Néstor Humberto Martínez: La paz total tiene un propósito loable, pero la única manera de establecer si eso va a andar, y va a andar bien, es mirando el conjunto. Hasta ahora solo está la reforma a la Ley 418 y se sabe que la paz total la están trabajando varios sastres con distintas telas.

SEMANA: ¿Y cuál es el conjunto?

N.M.: A lo que me refiero es que el proyecto que se aprobó esta semana es solo la carrocería del carro. Como está planteado, necesita un motor, que es una reforma constitucional, y necesita la suspensión del carro, que es el nuevo régimen de beneficios y de penas, para saber si podrá andar.

SEMANA: ¿Y ya ha tenido tiempo de revisar la carrocería?

N.M.: Sí. Y me encontré cosas complicadas. Hay que aclarar que esta semana solo se aprobó la prórroga y reforma a la Ley 418, conocida como ley de orden público, que está vigente desde 1997. Falta todavía el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, que reforma la Ley 1908. Entonces, por ahora, uno no puede decir cómo va el carro, sino apenas una partecita.

SEMANA: ¿Por qué dice que vio cosas complicadas?

N.M.: Veo problemas de orden constitucional. En primer lugar, porque el proyecto de ley desconoce las estrictas competencias constitucionales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El proyecto aprobado plantea que quedan suspendidas las órdenes de captura de todo tipo contra los exintegrantes de las Farc hasta que la situación jurídica sea resuelta en la JEP.

SEMANA: ¿Cuál es el problema de eso?

N.M.: Que la JEP hoy no es competente para conocer de las conductas de los disidentes y desertores. Lo es la justicia ordinaria. Entonces, un proyecto de ley ordinaria no puede modificar una ley estatutaria ni la Constitución. Ahí hay un problema. La paz total está planteando que frente a los disidentes o los desertores su situación jurídica la defina la JEP, que hoy no puede. Esa fue una de las grandes discusiones durante el trámite de las normas sobre la paz y, finalmente, fue resuelta a favor de la justicia ordinaria.

SEMANA: ¿Es decir que es una norma con nombre y apellido para la Segunda Marquetalia?

N.M.: Según lo que dice, ellos cabrían ahí. Lo que de entrada genera una gran incertidumbre jurídica, que termina por desestimular esos acercamientos.

SEMANA: ¿Qué más le pareció complicado?

N.M.: A mi juicio, lo más delicado es el parágrafo transitorio del nuevo artículo ocho, que dice lo siguiente: “Los términos de sometimiento a los que se llegue con estas estructuras serán los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia, y su tránsito al Estado de derecho”.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

N.M.: Quiere decir que deja expuesto al Gobierno para definir todos los términos del sometimiento a los que se llegue con las estructuras criminales organizadas de alto impacto, como los Caparrapos o el Clan del Golfo, para pacificar los territorios. Es decir, la ley le da un cheque en blanco para este sometimiento al Gobierno.

SEMANA: ¿Y por qué es problemático?

N.M.: Esto es muy inconveniente por dos razones. Una primera, conceptual y estratégica, es que deja descubierto al Gobierno en la mesa de negociación. Estos grupos pueden plantearles todas las exigencias y condiciones a los negociadores del Estado y estos no tienen cómo protegerse de esas exigencias, porque no existen unos mínimos legales, porque todo queda a “juicio del Gobierno”. Colombia siempre ha tenido esos mínimos, como que entreguen información precisa del grupo armado, individualicen sus miembros, aporten toda la verdad sobre las víctimas, presenten un inventario de sus bienes para adelantar procesos de extinción de dominio y entreguen a los menores que han sido reclutados en sus filas, como lo dispone hoy la Ley 1908. Estos son unos mínimos que la sociedad debe exigir y que protegen al Gobierno en la mesa.

SEMANA: ¿Y la segunda?

N.M.: En segundo lugar, por una estrategia de negociación. No se puede entregar todo antes de sentarse a la mesa y lograr acuerdos. Debe protegerse al Gobierno y al presidente. Pero de entrada les están conservando parte de sus bienes ilegales, están dictando normas para liberar a los jefes, les están bajando las penas en una tercera parte y hasta están eliminando la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional declare zonas estratégicas de intervención por su criminalidad, lo que le da un mayor poder al Estado en la mesa de negociación.

SEMANA: ¿Cuál es el balance, entonces?

N.M.: Uno no podría opinar todavía si lo que saldrá del Congreso es bueno o no porque faltan muchos elementos. Pero lo mínimo es que si van a modificar las competencias de la JEP, como lo dijo el canciller en Nueva York, primero reformen la Constitución y no al revés. Si así proceden se les van a caer las leyes. Esa incertidumbre jurídica le hace daño al proceso.

SEMANA: ¿Qué se debería hacer?

N.M.: Hay que blindar la paz total. Orden jurídico y menos ingenuidad en los acercamientos. Estas organizaciones le sacarán jugo al cheque en blanco al Gobierno si así termina saliendo la ley.

SEMANA: Usted dijo recientemente que había una feria de beneficios penales en la paz total. ¿A qué se refería?

N.M.: A otro proyecto, que define las penas y los beneficios. Uno que, según se sabe, está trabajando el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y que no se ha presentado al Congreso. Ha circulado un borrador.

SEMANA: ¿Y dónde está la feria?

N.M.: En que termina beneficiando a delincuentes de todos los pelambres, y eso es muy inconveniente. Terminan beneficiando a los violadores de niños, a los condenados por feminicidio, a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Se terminan metiendo con delincuencia común o delitos de alto impacto que no tienen que ver con las organizaciones criminales.

SEMANA: ¿Cómo los beneficia?

N.M.: El proyecto genera beneficios no solamente para los que se sometan a la justicia, sino para todos. Por ejemplo, hay una cantidad de condenados a 60 años y se modifica el límite máximo de pena privativa de la libertad. En adelante, nadie podrá estar preso más de 40 años. De entrada, todas las personas condenadas a más de eso en Colombia, sin necesidad de que medie nadie, quedan beneficiadas porque la ley penal es retroactiva cuando tiene alcances favorables. Ahí cabe hasta el famoso violador de niños, el Lobo Feroz.

SEMANA: ¿Hay más beneficios?

N.M.: No necesariamente beneficios, pero sí temas que tendrán consecuencias a favor del crimen. Por ejemplo, se plantea derogar instrumentos de investigación criminal, como los agentes encubiertos virtuales. Hoy, por ejemplo, la extorsión se hace de manera virtual, y sin esos agentes será más difícil atrapar a esos delincuentes. ¿Esto por cuenta de la “paz total”? También elimina el término de cuatro años de la detención preventiva para miembros de organizaciones criminales. Los juicios se demorarán mucho más tiempo; entonces, todas las personas de las disidencias, del ELN, del Clan del Golfo, de los Caparrapos, capturados en el último cuatrienio, saldrán automáticamente a la calle sin siquiera haberse sellado el acuerdo de paz total.

SEMANA: ¿Por qué alertar esto en este momento tan temprano de la negociación?

N.M.: Debe sonar raro escucharme pidiendo proteger al presidente Petro. Lo que pasa es que, so pretexto de la paz total, se están metiendo con toda la política criminal del Estado. Eso puede dejarnos en una situación de mayor indefensión frente a la criminalidad que se está viviendo y pone al Gobierno en una posición riesgosa en la negociación.