“No somos prostitutas al servicio del Estado”: soldados voluntarios

Ser soldado se lleva en la sangre y por las venas corre el amor por la patria. Los entrenan para defender los derechos del otro sin importar las dificultades que tengan que pasar, y eso lo tienen claro quienes, armando su cambuche, se presentan: “Lizcano Eduardo, García William, Vides Humberto, Ochoa Orlando”, entre otros. Sacan colchonetas delgadas, las tienden en el piso, comparten una que otra cobija para tratar de combatir el frío que ha dejado una larga noche de lluvia en Bogotá. Muchos no tienen sus extremidades completas, a otros los ayudan a bajar de su silla de ruedas; cada uno tiene una historia compleja por contar que le dejó el conflicto armado. Alzan su voz contra el Ministerio de Defensa. Están atrincherados en los pasillos del edificio Bochica de la capital del país, donde quedan las oficinas del Centro Especial de Atención al Pensionado.

Tienen cadenas y candados en sus manos, explican que es una muestra simbólica de la atadura dolorosa que han tenido que experimentar por llevar el título de soldados voluntarios. Hace tres décadas combatieron para defender a los colombianos de los grupos criminales. Todo empezó en 1985, cuando la fuerza pública convocó a miles de hombres que habían prestado su servicio militar con el fin de que se convirtieran en soldados voluntarios (para ese entonces no existía la figura de soldado profesional, que nació en 2000), ellos suplirían las mismas necesidades del uniformado raso dentro de las filas de la institución. Vieron morir a compañeros; fueron mutilados por artefactos explosivos, secuestrados; entregaron su vida por una noble causa. No obstante, actualmente, no están incluidos en el Artículo 23 de la Ley de Veteranos, que rinde homenaje y otorga beneficios en la liquidación de la pensión de invalidez a los miembros de la fuerza pública.

Lizcano tiene 56 años, viajó a Bogotá desde Norte de Santander en bus luego de que le prestaron dinero para el transporte. “Mi familia me rogó que no lo hiciera, porque les parecía que era humillante tener que estar acá encadenado, y tienen razón”, dijo a SEMANA sin poder contener el llanto. “Somos más o menos 4.000 soldados voluntarios los que pedimos que nos respeten nuestros derechos laborales, y yo lucho por ellos; no todos pudieron venir al platón”, afirma el hombre que tuvo que despedirse de su esposa, su hija y un nieto de 20 meses de nacido, todos afectados por el carro bomba que estalló en la brigada 30 el pasado 16 de junio en Cúcuta. Darío Sánchez vive en el municipio de Santuario (Antioquia) e hizo todo lo posible por llegar a la capital con la esperanza de que alguien del ministerio conozca su historia y entienda por qué es injusto lo que le ha tocado vivir. Sin embargo, no pudo viajar, porque la única persona que le prestaba el dinero era alguien que le cobraba 20 por ciento de interés, y esa plata le sirve para alimentar a sus tres hijos. En ningún lugar lo contratan porque tiene afectaciones psicológicas por el estrés postraumático del conflicto.

“Todavía tengo pesadillas con los días de horror y tortura que viví durante tres años y diez meses que fui rehén de la guerrilla”, contó Sánchez, uno de los 40 militares secuestrados en la quebrada El Billar, en Caquetá, cuando el objetivo militar era alias Mono Jojoy. “Me sacaban desnudo junto con otros compañeros; nos amarraban a un palo y ahí teníamos que hacer nuestras necesidades fisiológicas, permanecer horas atados. Mínimo seis guerrilleros estaban siempre observándonos y nos decían: ojalá el comandante dé la orden de asesinarlos rápido”. “Nos gritaban: ustedes son prostitutas al servicio del Estado”, recuerda Orlando Ochoa, otro de los soldados voluntarios secuestrados. Dice que escuchó tantas veces esa frase que perdió la cuenta; aunque recuerda a la perfección la explicación que les daban del por qué los llamaban así. Decían que el Estado los ponía a hacer todo lo que los dirigentes quisieran, por un mal pago y sin derecho a reclamar nada. Él pensaba que lo decían para bajarles la moral, pero no lo lograban. Siempre pensaron que afuera los estaban esperando con los honores dignos de los militares que sirven a la patria. Sin embargo, con el tiempo se desencantaron.

En 2001, Sánchez, Ochoa y otros 35 militares más fueron liberados por un intercambio humanitario que hizo el presidente de la época, Andrés Pastrana. Cuando Sánchez salió descubrió que, en su ausencia, dos hermanos fueron asesinados, y su padre, el día que se enteró de la liberación, tuvo un pico de emoción que le provocó una trombosis. “Pero todo lo que había vivido no era nada comparado con la injusticia que venía”, aseguró. Todos coinciden en que “lo que vino fue un año de mentiras, porque nos felicitaban, nos decían: el Ejército es su casa, no los desampararemos, recibirán tratamiento psicológico, seguirán trabajando en temas administrativos para no exponerlos a la guerra, y la dicha duró un año”. Cuentan que en 2002 recibieron un radiograma en el que les notificaron que serían dados de baja. Los despidieron.

“Nos sacaron como si no valiéramos nada. Mi papá se quedó sin seguro, luché con él cinco años hasta que se deterioró tanto por falta de atención médica que murió”, dice Sánchez. Cada uno de los soldados voluntarios liberados tenía una historia similar, fueron despedidos de la misma manera: “No son aptos para el servicio, nos decían”, asegura. No ocurrió lo mismo con oficiales y suboficiales que fueron secuestrados o heridos en combate por la misma época, porque “a ellos sí los mandaron a cursos en el exterior; los trataban como héroes. Es como si nosotros no existiéramos”. Lo sucedido coincidía con la creación de la figura de soldados profesionales y la desaparición de los llamados soldados voluntarios, como ellos. “Desde que descubrí eso, me retumba una y otra vez la frase que nos decían los guerrilleros mientras nos tenían encadenados y desnudos: ustedes son prostitutas al servicio del Estado, y me preguntaba por qué no puedo reclamar por mis derechos”, dice Ochoa negándose a darles la razón a sus verdugos.

Años después conoció a un abogado que inició un proceso jurídico. “En 2009 me convertí en el primero de ese grupo de soldados voluntarios en salir pensionado luego de pasar por la junta médica y la psiquiátrica”, comenta. Sánchez consiguió un abogado que logró el restablecimiento de sus derechos. En 2012, el Estado le dio 50 millones de pesos, pero el jurista se quedó con la mitad. Mensualmente, recibe una mesada pensional de alrededor de 800.000 pesos, mientras que soldados profesionales obtienen el doble. “Es evidente la discriminación, ¿y si no hubiéramos demandado, el Ministerio de Defensa se haría el desentendido, después de que ofrecimos nuestras vidas?”, se pregunta y admite que se ve a gatas para responder con sus obligaciones.

“Lo que más indigna es saber que la desigualdad continúa”, afirma Humberto Vides, quien está encadenado a una barra metálica que hay al frente de la oficina del Ministerio de Defensa para la atención al pensionado. Él perdió parte de su pierna izquierda el 7 de noviembre de 1990, día en que el camión del Ejército en el que se movilizaba por las carretas de Tame (Arauca) se estacionó sobre una mina que activaron los guerrilleros. “Cuando el presidente Iván Duque dijo en 2019 que saldría una ley para enaltecer al veterano de guerra colombiano, me ilusioné, pero luego me di cuenta, una vez más, de que nos excluyeron”. Según los denunciantes, a la desigualdad se suma la indiferencia.

Desde el pasado miércoles están esperando que el Gobierno nacional los escuche, y no ha sido posible. SEMANA se comunicó con el Ministerio de Defensa, pero la respuesta fue que no había vocero designado para ese tema. Los soldados voluntarios aseguran que se seguirán manifestando. “Porque hay algo de lo que estoy seguro, y es que no somos prostitutas del Estado, sino héroes de la patria, como tantas veces nos han llamado, solo falta que nos traten como tal”, finalizó Ochoa.