¿Atrapado sin salida? Álvaro Uribe busca su libertad

Álvaro Uribe lleva un mes en casa por cárcel y pasarán varias semanas antes de que un juez decida si revoca esa medida. Su defensa falló en el objetivo de de conseguir su libertad inmediata. Desde el martes, cuando se hizo oficial que por su renuncia al Senado la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia del caso, los abogados del exmandatario presentaron una petición al fiscal general, Francisco Barbosa, para que “de inmediato” dejara sin efectos la medida de aseguramiento que los magistrados de la Sala de Instrucción le impusieron.

En el extenso memorial dirigido al fiscal Barbosa, el defensor titular de Uribe, Jaime Granados, señaló que la medida debía caerse porque la Corte actuó en el marco del llamado sistema inquisitivo (Ley 600) y que al hacer tránsito al sistema penal acusatorio de la Fiscalía (Ley 906) cambiaban las reglas del juego. “Ante la nueva realidad procesal, la medida de aseguramiento dictada por la Sala Especial de Instrucción se torna inconstitucional y debe ordenarse la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo Granados.

Vea: Fiscalía rechazó solicitud de libertad de Álvaro Uribe Vélez

Para respaldar la petición de libertad, el abogado citó dos casos en los que aseguró hubo borrón y cuenta nueva cuando esos expedientes pasaron de un sistema a otro. El primero es el de Jesús Santrich. Granados señaló que el año pasado la Sala Penal de la Corte ordenó la libertad inmediata del guerrillero porque la Fiscalía y un juez de garantías ordenaron su captura, pero carecían de competencia. En efecto, luego de mucho debate, los magistrados de la Sala Penal determinaron que Santrich, como congresista, era aforado y por tanto su caso le correspondía a la Sala de Instrucción de la Corte.

Pero el caso Santrich en realidad no puede asimilarse al de Uribe, pues en aquel hubo una detención ordenada por una autoridad que carecía de competencia, es decir, un arresto que resultó ilegal. Mientras tanto, la medida de aseguramiento contra el expresidente fue proferida por la Corte Suprema de Justicia, que sí tenía competencia para el caso hasta que el senador renunció a su fuero.

Por otra parte, la defensa de Uribe, al citar el caso Santrich como referencia, no señaló la otra parte de la historia: cuando el guerrillero se voló, lógicamente perdió el fuero de congresista y así el expediente tuvo que hacer tránsito nuevamente a la Fiscalía. Pero antes de eso los magistrados habían proferido una orden de captura. Al recibir de vuelta el caso, la Fiscalía no anuló esa orden de detención. Esta se mantiene vigente y de hecho a partir de ella emana la circular roja internacional con que se busca a Santrich en todo el mundo.

La defensa de Uribe también hizo referencia al proceso del representante a la Cámara, León Fredy Muñóz. A este lo cogieron en el aeropuerto de Rio Negro con 147 gramos de cocaina mayo de 2018, cuando estaba elegido pero no se había posesionado en su curul. 

El político fue capturado en flagrancia y la Fiscalía solicitó, infructuosamente, a un juez que le impusiera cárcel. Una vez posesionado, el caso pasó a la Corte. Los magistrados lo escucharon en indagatoria y le resolvieron su situación jurídica concluyendo que no era necesario privarlo de la libertad. Granados dice que estas actuaciones muestran que lo hecho previamente no fue “vinculante” para la Corte. Pero en realidad no es que los magistrados hayan anulado lo hecho por la Fiscalía. El caso llegó a la Corte sin medida de aseguramiento y los magistrados están actualmente trabajando con las evidencias que traía el expediente. El veredicto aún no se ha proferido. 

El fiscal general Francisco Barbosa, al decidir no tumbar la detención de Uribe, sino remitir la petición a un juez de garantías, dio una señal de independencia.

Las casos de Santrich y Muñoz, vistos con detenimiento, muestran que el cambio de jurisdicción no implica que las decisiones tomadas por una u otra autoridad se extingan automáticamente. El propio Jaime Granados, días atrás, cuando solicitaba a la Corte declararse incompetente, decía que eso no tendría incidencia alguna sobre la medida de aseguramiento impuesta al expresidente.

Más allá de los bemoles de uno u otro sistema, en Colombia para que alguien sea privado de la libertad, reglamentariamente, se necesitan tres cosas: 1) orden escrita de la autoridad competente. 2) motivos previamente definidos en la ley. 3) el lleno de los requisitos legales. Al final del día, entre esas columnas tuvo que moverse Francisco Barbosa para decidir ante la situación del expresidente. Eso, sin mencionar las consideraciones de orden político. La decisión de la Fiscalía de no liberar inmediatamente a Uribe fue acertada y seguramente no fue fácil. Entre las presiones políticas del uribismo y el deber jurídico se impuso lo segundo. De no haber sido así se habría desatado una tormenta política que le habría quitado de entrada la credibilidad a la Fiscalía.

Esa fue la primera de muchas decisiones complicadas que tendrá que tomar Gabriel Ramón Jaimes, el fiscal a quien Barbosa le asignó el caso de Álvaro Uribe. Jaimes es un hombre de la entera confianza del fiscal general y también un personaje controvertido. Como jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema ocupa uno los puestos más altos junto a la vicefiscal y al director del CTI. Jaimes tuvo figuración como la mano derecha del procurador Alejandro Ordóñez y terminó distanciado de este por un episodio que le costó su visa de Estados Unidos.

Ocurrió en junio de 2010, cuando Jaimes era coordinador de procuradores delegados para asuntos penales. Ordónez le encargó la misión de ir a Washington y entrevistar al narco extraditado Luis Ernesto Gómez Bustamente, alias Rasguño, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez. Después de esa diligencia el funcionario, según las autoridades norteamericanas, hizo uso indebido de esa información reservada. El agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, James Faulkner, visitó a Ordóñez y lo puso al tanto al enseñarle evidencias contundentes de esa actuación. Desde entonces, el hoy fiscal del caso Uribe perdió la visa y Ordóñez lo relegó discretamente para evitar un escándalo.

La caída fue grande: Jaimes pasó de jefe nacional de los procuradores a ser un fiscal en Fusagasugá. Cuando Francisco Barbosa se convirtió en jefe del ente acusador lo rescató y lo puso en la cúpula de la Fiscalía. Su debut como fiscal fue polémico. En una comunicación les ordenó a todos sus fiscales “remitir todos los proyectos sobre decisiones de fondo… a mi correo con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”. Con esa instrucción echó al traste el mito de la autonomía de los fiscales delegados frente al jefe del búnker.

Este miércoles, Jaimes recibió el llamado caso del siglo cuando Barbosa le asignó el grueso expediente de Uribe (70 abultadas carpetas y más 20.000 horas de audios y videos). El viernes, Barbosa y Jaimes estuvieron reunidos todo el día a puerta cerrada con una decena de altos asesores y determinaron negar la libertad inmediata de Uribe con el argumento de que las peticiones de libertad “solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías conforme a lo establecido por la Ley 906 de 2004, que diseño el sistema penal acusatorio en Colombia”.

Con esta decisión, a la defensa de Uribe le quedan dos caminos para tratar de conseguir la libertad. La primera es que los abogados del expresidente intenten un habeas corpus. Se trata de un recurso que se debe resolver en máximo 36 horas y al que puede acudir cualquier ciudadano que considere ilegal su detención. Sin embargo, ya congresistas del Centro Democrático han intentado esa opción sin éxito, por lo cual es poco probable que le prospere a Jaime Granados si la presenta.

Gabriel Ramón Jaimes es coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. A él le asignaron el caso que mantiene en detención preventiva al expresidente Uribe. 

La segunda opción es acudir al juez de garantías, tal como lo señaló la Fiscalía, y solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento. Esa audiencia podría programarse de inmediato solo si todas las partes están de acuerdo. Pero como no hay ninguna posibilidad de que Iván Cepeda, la víctima en el caso, acepte este procedimiento, ese escenario queda descartado. Granados debería entonces pedir una audiencia programada, lo cual puede tomar varias semanas.

Cuando el caso llegue al juez de garantías, Granados va a pedir la revocatoria de la detención e Iván Cepeda se opondrá. En ese momento la Fiscalía tendrá que fijar su posición. Probablemente apoyará la revocatoria. Eso tiene lógica al considerar los elementos jurídicos y políticos del caso. Por una parte, en la Fiscalía respetaron las reglas del juego al no tomar la decisión directamente, sino remitirla a un juez de garantías. Ese funcionario, que está hoy en la base de la piramide judicial, tendrá en sus manos uno de los casos más complejos del país, en medio de una de las más grandes pujas políticas de los últimos tiempos. 

Por otra parte, la detención preventiva es una medida que solo se debe tomar en casos extremos y no se ve en qué escenario el caso de Uribe podría corresponder a ese criterio. No se trata de absolverlo, sino simplemente de dejarlo defenderse en libertad. El argumento de que Uribe libre podría obstruir el proceso es un sofisma porque tendría la misma capacidad de hacerlo preso en su hacienda El Ubérrimo. Su condición de expresidente, su falta de antecedentes y el hecho de que siempre se ha presentado a responder ante la Justicia le deberían dar derecho a ese beneficio.