“Nuestra meta es que el Acuerdo de Paz sea irreversible”: Emilio Archila

SEMANA: ¿Cuál es su balance de la implementación del Acuerdo de Paz?

Emilio Archila: El balance más independiente que se puede realizar fue el que hicieron el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, quienes le dijeron al presidente Iván Duque que la mayoría de los procesos que se caen fracasan en los primeros cinco años, pero que este proceso no solamente está solidificado, tiene cimientos, sino que los avances que se han obtenido en la implementación de la política de paz con legalidad son claramente una inspiración para el mundo. Así que no tengo ninguna duda de que lo que estamos haciendo va por el camino correcto y estamos dejando las bases para que se puedan aprovechar los siguientes ochos años de implementación y transformar las condiciones del país de una vez y por siempre.

SEMANA: ¿Cómo ha sido ese trabajo que se ha liderado desde el gobierno?

E.M.: En todos los frentes hemos tenido la directriz del Presidente para asegurar tres puntos: que tengamos una manifestación política clara, inequívoca de cumplimiento; que haya una planeación de largo plazo que aproveche que la implementación está prevista para 15 años, de manera que resolvamos temas que el país debió haber resuelto con o sin acuerdo hace décadas; y que obtengamos resultados que hagan que este efectivamente sea un proceso irreversible.

SEMANA: ¿Qué evaluación hace hoy de ese esfuerzo?

E.M.: En cuanto a las garantías políticas, tenemos al Partido Comunes participando en el Congreso y las 16 curules para las víctimas. En materia de garantías jurídicas, la JEP está funcionando, la Misión de Búsqueda de Desaparecidos también, al igual que la Comisión de la Verdad. Todas con plenas garantías e independencia. También logramos para las 9 millones de víctimas renovar la Ley de Víctimas. Tenemos los presupuestos más altos para sus reparaciones individuales y más de un millón y medio de familias han superado el nivel de vulnerabilidad, esto equivale a 6 millones de colombianos. Tenemos 3.000 excombatientes que están dando su paso a la legalidad, el 98 por ciento de ellos se encuentran bancarizados, más del 85 por ciento en el sistema de salud y de pensiones, además de tener más de 7.500 proyectos productivos y empleos estables. Adicionalmente 400.000 colombianos dieron el paso a la legalidad, después de haber estado cultivando coca, con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se han beneficiado 170 municipios, se han realizado 16 planes e invertido 11 billones de pesos.

SEMANA: ¿Qué avances destacaría de los PDET?

E.A.: Son 170 municipios que se escogieron por ser los más afectados por la violencia y que siguen siendo los más golpeados por la pobreza. Están agrupados en 16 regiones, esto es la tercera parte del territorio de Colombia, estamos hablando de 6.7 millones de colombianos. Lo primero que hicimos fue ir a las comunidades a preguntarles qué necesitaban. Cada camino, vía y centro de salud que estamos construyendo fue una petición que nos hicieron sus representantes. Durante estos tres años articulamos el trabajo entre la nación, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional y el sector privado, además de conseguir los recursos por 11 billones de pesos, que equivalen a la Primera Línea del Metro de Bogotá, un proyecto que además se lleva discutiendo 60 años y se va a pagar en 40 años. Nosotros en tres años y medio ya estamos ejecutando esa plata con cero deudas.

SEMANA: ¿Qué papel ha jugado el sector privado en esta iniciativa?

E.A: El sector privado conoce los PDET, forma parte de ellos y los aprecia. Los conoce en todas las regiones y en las ciudades. Forma parte de ellos a través de mecanismos de obras por impuestos y en casi todas las regiones integra la red de aliados que, más allá de inversiones, ayuda a que ese desarrollo pueda continuar.

SEMANA: La seguridad de los excombatientes sigue generando preocupación. Van más de 300 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar su protección?

E.A.: Vale la pena tener presente que de todos los procesos de desarme que ha habido en el país, que han sido muchos, este es en el que menos homicidios ha habido por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación. Todas las medidas que hemos adoptado han logrado que año a año se vayan disminuyendo el número de ataques y de muertes. Hemos salvado muchas vidas con los mecanismos de reacción inmediata. Ahí estamos participando todos: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la Unidad Especial de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y todos los organismos de inteligencia.

SEMANA: ¿Han adoptado algún tipo de medidas en los antiguos espacios territoriales?

E.A.: Sí. Tenemos 100 hombres y mujeres del Ejército y 100 hombres y mujeres de la Policía protegiéndolos. Además hay una unidad especial de la Fiscalía que se ocupa solamente de investigar los ataques contra ellos y que es 50 por ciento más efectiva que el resto de la sede del promedio de la entidad. Ahora debemos seguir avanzando en la territorialización de esas medidas y por eso expedí el Plan Estratégico de Protección de Excombatientes y sus Familias, que articula los trabajos de todas estas agencias.

SEMANA: ¿Cuál ha sido el alcance del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito?

E.A.: Este es un programa en donde tenemos familias que están ubicadas desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. Se trata de erradicar la coca de más o menos 40.000 hectáreas que se han erradicado voluntariamente, 18.000 en estos tres años. En este mismo periodo de tiempo conseguimos la información, los organizamos y ejecutamos los programas que eran cumplibles. Hemos invertido 1.8 billones de pesos en apoyar a esas familias y gracias a eso hoy en día más del 75 por ciento ya están en la etapa de asistencia técnica y alrededor del 20 por ciento tienen su proyecto productivo definitivo.

SEMANA: El Catastro Multipropósito fue una de las tareas incluidas en la reforma rural integral, primer punto del acuerdo. El Gobierno se trazó la meta de dejar el 60 por ciento de la información actualizada, pero distintas voces afirman que se está lejos de llegar a esa cifra…

E.A: Dentro de la política de Paz con Legalidad se estableció que lo primero era terminar el proyecto piloto en Ovejas, Sucre, para poder recoger la experiencia de lo que esto implicaba. El saneamiento completo del municipio lo terminamos y evaluamos exitosamente. Después de eso, en estos mismos tres años y medio, expedimos el documento CONPES para la reestructuración de todo el sistema catastral del país. Eso implicó eliminar el monopolio al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que puedan existir otros operadores catastrales. Hoy en día tenemos registrados más de 20. Para ello también hubo que reestructurar y fortalecer la Superintendencia de Notariado y Registro. Al mismo tiempo tramitamos y conseguimos un préstamo de 150 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y se inició el proceso de formalización catastral. Con esos recursos vamos a llegar a más o menos 60 municipios. Atrajimos a la cooperación internacional, que muestra que estamos yendo por la línea correcta. Así que lo que se ha logrado en estos estos años de Gobierno no tiene ningún precedente en la historia del país.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más difícil de la implementación del acuerdo?

E.A.: La comunicación. Las directrices que hemos tenido de parte del Presidente tienen que ver con sentar las bases de lo que va a cambiar para las siguientes generaciones. Eso implica que hay muchas labores que no son muy vistosas. Por ejemplo, en materia de desarrollo rural integral la mayor transformación es el cumplimiento de los Planes Nacionales Sectoriales, que son las hojas de ruta. Estaban previstos 16, recibimos dos, y actualmente solo nos falta uno por terminar. Ahí están sentadas las bases para el desarrollo del sector agropecuario de Colombia durante los próximos 30 años, pero eso no se ve, es planeación pura y dura.

SEMANA: ¿Qué meta esperan haber alcanzado cuando finalice este Gobierno?

E.A.: La meta al 7 de agosto es que este proceso sea irreversible, que no entre dentro de las discusiones politiqueras de amigos y enemigos de la paz. En Colombia todos somos amigos de la paz, pero realmente necesitamos que se construya sobre lo construido.