“Nuestra preocupación es proteger a los ciudadanos; otros, a los delincuentes”: ministro Daniel Palacios

SEMANA: A su juicio, ¿cuáles son las principales bondades de la Ley de Seguridad Ciudadana para la gente?

Daniel Palacios (D.P.): Tiene un origen muy sencillo, es la política que el señor presidente de la República ha liderado y es que el que la haga la pague. Esa política nace de la frustración del ciudadano. Esa rabia e impotencia que siente el ciudadano cuando ve que alguien comete un delito violento y sale a la calle a seguir delinquiendo. Cuando ven que un delincuente habitual o un reincidente no tiene ninguna consecuencia. Cuando un delito es muy fuerte y tiene un impacto significativo en la sociedad y no sucede nada. ¿Qué busca la ley? Reducir impunidad, mejorar procedimientos que lleven a captura efectiva, sancionar la reincidencia y establecer agravantes para conductas punibles que ya existen, pero que por su gravedad deben ser más fuertes.

SEMANA: ¿De qué tipo de delitos con agravantes estamos hablando?

D.P.: Hay varios e iniciaría con uno. Lesiones personales, que son un delito en Colombia, pero es excarcelable. ¿Qué quiere decir excarcelable? Que su condena es inferior a los cuatro años de cárcel, por lo tanto será excarcelable. Cuando esa lesión personal lleva a una condena por parte del juez y es contra un miembro de la Fuerza Pública o Policía judicial, aplicando una orden de captura, su condena será de superior a cuatro años para que tenga cárcel efectiva. No es lo mismo agredir, atacar y generar lesiones personales sobre cualquier servidor público a uno que está administrando justicia o actuando en su capacidad de autoridad.

SEMANA: ¿Y contra un ciudadano?

D.P.: Se mantiene igual. Exactamente como está hoy en el Código Penal. No hay ninguna modificación. Es una indicación clara de que lo que estamos haciendo es agravar una conducta cuando afecta al resto de la sociedad. ¿Un policía a quién representa? A todos los colombianos. ¿A quién representa un miembro de la Policía judicial? A la justicia colombiana, la constitución y la ley. Por eso, agredirlo generándole una lesión personal debe tener una sanción mucho mayor.

SEMANA: En el paro nacional vimos a muchos policías heridos en varias ciudades del país. ¿Este agravante tiene su origen en la experiencia que han tenido algunos uniformados en las calles?

D.P.: No necesariamente tiene que ver con lo que ocurrió durante esos días, pero obviamente se suma a lo que ha sido una constante agresión y generación de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública. Eso no hay que verlo solo en lo que fue el proceso del paro, en donde tenemos que dejar claro que una cosa es la protesta pacífica y otra los actos de violencia. Si se ve constantemente, la agresión contra los miembros de la Fuerza Pública es cada vez más fácil, más aceptable y se ve como algo normal. Vemos videos permanentes en barrios, donde llega un policía a parar una fiesta y lo atacan con cuchillos u otras armas que pueden generarle daño. No solo parando una fiesta, sino aplicando una sanción de tránsito o inmovilizando un vehículo.

El mensaje aquí es muy sencillo. La Fuerza Pública no representa una izquierda o derecha, o un estrato social u otro. Nos representa a todos y por eso ellos deben tener una consideración adicional.

Otro punto es el homicidio como existe hoy y tiene sanciones altas. La más alta que tiene es la de menor de edad, arriba de los 58 años de cárcel. ¿Qué dijimos? Hay unas poblaciones que son más vulnerables y que requieren una protección especial. Llevemos también a que cuando se cometa un homicidio contra estas poblaciones lleve también a una condena de 58 años.

SEMANA: ¿Qué poblaciones?

D.P.: Dejamos a los menores de edad y agregamos periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y Fuerza Pública. Ahí la oposición ha salido a decir que va a demandar y que va a denunciar esto ante los organismos internacionales. No entiendo cómo quienes se supone son los adalid de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales y de los periodistas salen a oponerse a esto. Ahí está claro que a este Gobierno sí le duelen los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Tal vez por la inclusión de la Fuerza Pública, algunos miembros de la oposición decidieron no apoyar el proyecto.

SEMANA: Con esta Ley, si un vándalo decide atacar un TransMilenio con una bomba molotov, vaya o no vaya con pasajeros, ¿qué le ocurría antes y qué le va a ocurrir ahora?

D.P.: Eso es un ejemplo de un delito que ya existe y que lo que estamos haciendo ahora es agravar. Hoy el delito conocido como daño en bien ajeno, tanto público como privado, existe. En la gran mayoría de sus circunstancias será excarcelable, con una pena inferior a los cuatro años. En ese sentido, bajo la normativa actual, quien queme un bus de TransMilenio, incendie un CAI o queme un Palacio de Justicia, no tendrá una sanción en un centro de reclusión al final del día. ¿Qué hemos dicho nosotros en este proyecto que pasará a sanción presidencial y será ley? Que el daño en bien ajeno se mantiene igual, salvo en tres excepciones. Una es cuando se cometa contra el sistema de transporte masivo, otra es cuando alguien queme un CAI, un Palacio de Justicia o una URI.

Consideramos que estos son delitos que no pueden quedar impunes y el mensaje que el país no puede seguir dando es que quemen buses, quemen estaciones de Policía o palacios de justicia, que no pasa nada.

SEMANA: Todo esto lo vimos en el paro nacional...

D.P.: Claro, pero se veía desde mucho antes. Tal vez fue la reflexión que traíamos y por eso quiero ser muy claro. Esta Ley no es consecuencia de un paro, no es consecuencia de esas acciones. Es una Ley que, en mi caso, vengo trabajando desde que me posesioné como viceministro y, de hecho, desde concejal. Muchos me escucharán hablando desde concejal de la reincidencia, de la regulación del arma blanca, de la gradualidad de las penas, de los agravantes y de la necesidad de que el homicidio de un miembro de la Fuerza Pública tuviera una condena más alta. Esto fue una construcción que además el presidente Duque mencionó en su campaña, a través de esa política del que la hace la paga. Entonces es un desarrollo que se exacerba con la consecuencia de lo que sucede por los actos de violencia del paro.

Una cosa es la protesta pacífica y otra los actos de violencia de algunos ciudadanos. El delincuente a la cárcel, al que protesta pacíficamente protegerlo. No podemos tener más preocupación por el que delinque que por la víctima del delito.

SEMANA: Con esta Ley, ¿qué le va a pasar a alguien que porte arma blanca en un atraco? ¿A quienes protestan encapuchados?

D.P.: La oposición se ha dedicado a decir que es un proyecto de ley que lo que hace es restringir la protesta social en Colombia. Falso, absolutamente falso. No existe una sola palabra sobre la protesta social en todo el texto de la ley. Nuevamente, el delito de obstrucción en vía pública ya existe hoy, está en el Código Penal. Lo que estamos estableciendo también son los agravantes de esta obstrucción. Por ejemplo, cuando lo hace un servidor público, que se haga con menores de edad, que se empleen armas de fuego, blancas o de letalidad reducida. También se establece cuando se utilizan capuchas para poder generar esa obstrucción. Tenemos que dejar claro que la Fiscalía General de la Nación determinó cuándo esa obstrucción se convierte en un hecho penal. Será un juez quien determine si constituye un delito o no.

SEMANA: Si una persona con capucha bloquea una troncal de TransMilenio, ¿el mero hecho de que tenga una capucha ya lo convierte en agravante?

D.P.: Claro, hay un agravante de un delito que está cometiendo. Quiere decir que tiene un incremento en la pena y ya no es un delito excarcelable, tal como lo establece el Código Penal. Es sencillamente un agravante de esa conducta. Es lo importante por la desinformación que se ha generado por el proyecto. El 90% son delitos que ya existen y se establecen unas conductas de agravación. También se generan delitos nuevos, como el porte de arma blanca y lo que se hace es tipificar cuando sea en eventos masivos o de aglomeración pública, como un concierto o un partido de fútbol. Si le encuentran una arma blanca, no será una contravención, sino un delito.

SEMANA: ¿Qué pasa con la persona a la que le encuentran un arma blanca en uno de estos eventos?

D.P.: Sería un delito y eso lo llevaría a una condena de cárcel de dos a cinco años. Podría terminar siendo excarcelable.

SEMANA: ¿Y si roban con un cuchillo en la calle?

D.P.: Es la medida más importante que tiene esta Ley y corresponde al clamor de millones de colombianos, medios de comunicación y de todos que han sido víctimas de un atraco violento. Una de las grandes frustraciones que tenían los colombianos era lo que pasaba cuando los atracaban con un arma de fuego, blanca o de letalidad reducida. Hoy es un hurto agravado o calificado. Quiere decir que si a mí me condenan, voy a la cárcel. Pero esto no quiere decir que durante el proceso yo tenga que estar recluido, sino que puedo estar en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me capturan por haber hecho un robo de este tipo, el juez de garantías dice que me voy para la calle mientras pasa el juicio. Eso se puede demorar un año o dos años y la persona en la calle continúa delinquiendo.

¿Qué es lo que nosotros hemos dicho en este proyecto? Cuando exista un delito violento en el que se utilice un arma de fuego, arma blanca o de letalidad reducida, el juez deberá imponer la medida seguramente intramural. El delincuente, mientras espera a juicio, en la cárcel y no en la calle delinquiendo.

SEMANA: Expliquemos en detalle lo que contempla el proyecto para la defensa legítima de los ciudadanos. ¿Cómo está operando hoy y en qué cambió?

D.P.: Esa fue una de las grandes mentiras que la oposición ha tratado de difundir por todos los medios. Primero, que este proyecto de Ley, al modificar la defensa legítima, lo que hace es dar una autorización o una carta blanca para que cualquier ciudadano dispare a quien quiera en la calle. Que dispare a las aglomeraciones, dispare a los manifestantes y que es algo que se ha hecho a la medida para poder proteger y generar más paramilitarismo. Eso se llama retórica populista y retórica politiquera. Eso no corresponde a la realidad.

En ningún aparte se da autorización para que algún ciudadano pueda ejercer la capacidad de disparar de manera libre en las calles del país. De hecho, no se toca la legítima defensa como está establecida hoy en el Código Penal para todo, excepto para dos excepciones a la norma. Quiere decir que la defensa legítima en Colombia está arreglada por el Código Penal y ahí hay un tema de proporcionalidad del uso de la fuerza en la respuesta del ciudadano que se está defendiendo. Lo que hoy sucede es que el ciudadano que hoy se defiende debe demostrar que estaba ejerciendo su derecho. Eso será valorado por un fiscal y por un juez, que harán un test de proporcionalidad sobre cómo respondió en esa supuesta defensa. Quiere decir que la carga de la prueba la tiene ciudadano.

Solo en dos circunstancias se puede invertir la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en mi habitación o residencia, la carga de la prueba se invierte y se presume que la acción del ciudadano que estaba en su casa fue en defensa personal. Tendrá el fiscal o la Policía judicial, con evidencia, demostrar que la persona no actuó en defensa legítima o incurrió en algún exceso.

SEMANA: ¿Cuál es la segunda?

D.P.: La segunda es en el vehículo privado. Es lo mismo. Si alguien se le quiere meter al vehículo, para robarlo o violentarlo, también se presume que usted se está defendiendo. En estas circunstancias estamos diciendo que no es justo que el ciudadano que está en su casa o está en su vehículo sea el que tenga que salir a justificar su defensa.

Puede haber una diferencia muy clara entre la oposición, el Gobierno y las mayorías del Congreso. Nosotros nos preocupamos por el ciudadano de bien que es víctima de un delito. Algunos de ellos se preocupa más por la garantías de los delincuentes que por la protección al ciudadano. En ese sentido, aquí lo que nosotros estamos diciendo de manera clara es no paramilitarismo, no autorización para disparar en las calles.

SEMANA: ¿Cuándo sanciona el presidente Iván Duque la Ley de Seguridad Ciudadana?

D.P.: Estamos esperando que termine su proceso y esperamos la mayor velocidad. Obviamente eso tiene un trámite por parte del Congreso de la República. Enviar la ley a la Presidencia para que el presidente proceda con su sanción.

Quiero decir algo adicional de esta Ley que es muy importante, y es la reincidencia. Esto ha sido un anhelo de los colombianos desde hace mucho tiempo. Hizo parte de la campaña del presidente Duque, donde decía de manera clara que nosotros no podemos seguir es teniendo delincuentes que los condenan varias veces y nada pasa. Una persona que uno condena va 6 años a la cárcel, sale y vuelve a delinquir. Quien haya cometido un delito y fue condenado en los últimos 5 años, si nuevamente es procesado y va a ser condenado por un juez, se le aplica un agravante por consecuencia de esto para evitar la reincidencia.

SEMANA: La reincidencia aplicaría una pena mayor...

D.P.: Claro, comienza a tener una gradualidad de incrementar las penas y esto no es un invento de Colombia. Esto existe en muchos países del mundo como Estados Unidos, donde existe la ley de los tres strikes. En donde usted inicia con una sanción más baja y luego se le va a incrementando a medida de que va cometiendo delitos. Este no es un tema que se sacó de un sombrero. Se estudió y duramos más de siete meses en la construcción de este proyecto de ley, trabajando de la mano con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. Fue al Consejo de Política Criminal y se aprobó con mayorías.

Luego fue al debate sano del Congreso de la República, donde se mejoraron muchas cosas. Por ejemplo, en lo de defensa legítima hubo una modificación que se le aceptó al senador Rodrigo Lara y muchas que se le aceptaron a la representante Juanita Goebertus, como también se le aceptaron a otros que participaron.

SEMANA: Dicen que esta Ley fue a pupitrazo limpio, que el Gobierno la tramitó a tiempo récord, que faltó más debate y socialización...

D.P.: El tiempo récord corresponde a interpretar la necesidad de los colombianos. El tiempo récord se transmiten un mensaje de urgencia que tramita el Gobierno, pero que nosotros veníamos trabajando con las comisiones primeras del Congreso. Con el senador Varón que fue el ponente en el Senado, que duramos casi un mes en la construcción con él antes de presentar. Luego, con el representante Juan Manuel Daza, de la Comisión Primera. En esa comisión había un grupo grande de ponentes que trabajaron y luego se va a un debate que dura dos días enteros en las comisiones conjuntas de la Cámara.

¿Qué acortó el tiempo? Que había un mensaje de urgencia. Luego llamamos a extras para que el tránsito se cumpliera entre las comisiones y las plenarias. Además, para que se le diera la prioridad que se requería. Lo digo de manera clara. Una de las grandes críticas y frustraciones de los ciudadanos es la impunidad. Celebro que el Congreso de la República se haya puesto a la tarea de ponerle el acelerador a una ley que le sirve a los ciudadanos. Esta Ley no se construyó para satisfacer a la oposición, porque nada que haga este Gobierno va a satisfacerlos. Esto no se hizo para buscar el aplauso de Iván Cepeda y Roy Barreras. Se hizo para buscar la tranquilidad y la seguridad de los colombianos que clamaban por esto.

SEMANA: Si la demandan ante la Corte Constitucional, ¿cuál va a ser la postura del Gobierno?

D.P.: Es prerrogativa de cualquier ciudadano, no solo de congresistas, demandar cualquier Ley de la República. Para eso está la institucionalidad y quien quiera acudir esas instancias judiciales bienvenido, que lo haga y ojalá lo haga porque eso hace parte del saldo debate.

Sí quiero decir que este proyecto se aprobó en el Congreso de la República por mayorías. En el Senado de la República fueron más de 67 senadores que votaron a favor y más de 117 representantes a la Cámara que votaron por eso. De la oposición son 27 senadores y unos 35 o 40 representantes. Tampoco puedo creer que aquí en Colombia los que determinan qué es viable para combatir la criminalidad sea la oposición.

Que nos critiquen o juzgue la ciudadanía, pero una oposición que está en política y en campaña, la cual constantemente demostrado que es contemplativa con la delincuencia y preocupada por quien cometa el delito y no la víctima, pues realmente no esperamos aplausos por parte de ellos. Lo que sí esperamos es que la ciudadanía entienda ese gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno por proteger a los ciudadanos, darle herramientas a la justicia y capacidad de nuestra Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

SEMANA: Ha sido un año muy movido en el Congreso. ¿Cuál es el balance legislativo del Gobierno?

D.P.: Este periodo legislativo, sin duda alguna, de leyes muy importantes. Logramos sacar 20 leyes de la República de iniciativa del Gobierno nacional con la agenda que pasó el presidente. Esa agenda tenía unos énfasis bastante importantes. Tal vez el primer pilar es el ambiental en defensa del medio ambiente. En este, el presidente sigue demostrando que no es con discurso, sino con hechos. Aquí hay tres leyes de la República que son trascendentales para la protección del medio ambiente, eso sumado a que la Política de Defensa y Seguridad Nacional por primera vez establece protección en este asunto como una prioridad de la seguridad nacional del país y eso se desarrolla en estas tres leyes. La primera Ley, de delitos ambientales, es supremamente importante e histórica. Además, trabajada de la mano con representantes de la oposición como el liberal Juan Carlos Losada.

Una Ley que atacara la deforestación, que sancionara más fuerte del tráfico de animales, que atacara el acaparamiento de tierras y que sancionara de manera ejemplar esos delitos ambientales. Fue sancionada en Amazonas en este período legislativo. A eso súmele la transformación energética, que avanza en energía limpia a través de granjas solares, parques eólicos demás todos los desarrollos que tenemos en el país en donde, nuevamente, pasamos del discurso a los hechos.

Finalmente, la Ley de Acción Climática, que logramos sacar en menos de dos meses. Enmarca el discurso del presidente en Glasgow y su visión de avanzar a la carbononeutralidad. Un compromiso que Colombia ha adquirido con las futuras generaciones. Fue sancionado la semana pasada en la Sierra Nevada. Ahí hay un paquete ambiental incuestionable.

Un paquete en materia de seguridad histórico es la Ley de Seguridad Ciudadana, que la hemos hablado y que va a enfocada a trabajar en la reducción de la criminalidad y de la impunidad. Sin embargo, se le suman dos proyectos de ley de suma importancia que hacen parte de la transformación de la Policía Nacional y no se puede ver uno separado del otro, sino todo en un conjunto. El primero es el Código Disciplinario de la Policía Nacional que establece nuevas sanciones, adiciona comportamientos que se pueden investigar por parte de los miembros de la institución, sanciones más severas y procedimientos más claros.

Además de eso, establece que cualquier delito o acción de la Policía Nacional que constituyó una violación al DIH será de poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Eso es claro en buscar una Policía cada día más transparente, que de garantías y que sancione a los miembros que han excedido en sus facultades o que han violado la ley. Por otro lado, tenemos un proyecto que será sancionado de los próximos días que se centra en la profesionalización de la carrera policial.

Estamos estableciendo estándares, procedimientos y protocolos claros para nuestros miembros de la Policía Nacional. Todos certificados en derechos humanos y además una certificación de competencias permanente para poder avanzar y crecer en la institución. La Policía también tendrá beneficios. Podríamos estar hablando de que un patrullero tenga un incremento salarial de casi el 35%.

Hay tres proyectos muy importantes para una transformación significativa de la seguridad en el país. Podríamos avanzar en temas que tocan a las comunidades. Tal vez no son sexis y no llamaron la atención, pero algo de lo que me siento muy orgulloso por dirección del señor Presidente de la República fue haber logrado la reforma a las Juntas de Acción Comunal. Colombia tiene 63.000 Juntas de Acción Comunal y más de 7.200.000 comunales. Ahí se representa la mayor cantidad de liderazgo social que tiene ese país. Nos dimos a la tarea de trabajar con las Juntas de Acción Comunal para buscar reformar esa ley que era obsoleta. No brindaba participación de la mujer o de los jóvenes. No buscaba las herramientas tecnológicas y que no se vinculaba a los planes de desarrollo territorial. Ahora podrán tener la capacidad de ejecutar obras hasta por 270 millones de pesos en sus barrios, contratando con las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno nacional.

Por otro lado, se modifica la Ley 80, para que las comunidades afro, raizales y palenqueras del país puedan contratar de manera directa con el Estado hasta por menor cuantía. También las comunidades indígenas en los resguardos, a través de sus autoridades, puedan contratar de manera directa con el Estado para llevar desarrollo y empleo a sus comunidades.

SEMANA: Viene el tramo final del Gobierno. ¿Dónde van a estar las prioridades? Viene la etapa electoral y le corresponde una buena tarea en ese sentido...

D.P.: Para el Gobierno y la indicación del señor presidente de la República en estos meses que nos quedan, en donde además es absolutamente claro que va hasta el 7 de agosto, es concluir. Esa es la única misión que tenemos todos en el Gobierno nacional.

Seguir avanzando en una reactivación económica histórica creciendo a más del 9,7%, gracias a lo que ha sido Compromiso por Colombia y el PAEF, subsidio que beneficia a más de 4 millones de empleos. Apoyando a las poblaciones más vulnerables con Ingreso Solidario y Familias en Acción. Más de 9 millones de beneficiarios hoy de los programas de subsidio de el Estado y además son las poblaciones más vulnerables.

Quiere decir que la reactivación económica es uno de los focos más grandes del Gobierno y también estamos volteados a que se den las entregas de obras. Solamente del Ministerio del Interior tenemos más de 800.000 millones de pesos en inversiones, más de 363 frentes de obra abiertos en el territorio nacional y que van a generar más de 85.000 empleos entre directos e indirectos. Tenemos la obligación moral y el compromiso con el presidente de concluir todas las obras que es el Gobierno espera a dejar el 7 de agosto. Obviamente, seguirá avanzando en la vacunación para que así el país pueda seguir cabalgando esa reactivación económica.

SEMANA: Se ha generado mucho ruido alrededor de la entrega o captura de alias Otoniel. ¿Qué información tiene?

D.P.: La información es muy clara y contundente. Un tipo como Otoniel, que llevaba más de 10 años prófugo de la justicia evadiendo todos los arcos. Además, se movía como una rata por esos montes para evitar su captura. El señor Otoniel hoy está detrás de las rejas por un operativo militar y policial sin precedentes.

Una inteligencia precisa, una operación en terreno perfectamente ejecutada con variables de último minuto, desembarco helicoportados, más de 500 hombres de Fuerzas Militares y de Policía desplegados en todo el territorio para dar con su captura.

Creo que cuando se levanta y se ve rodeado de las Fuerzas Militares, tiene dos opciones. O se resiste, o se rinde y se entrega para hacer capturado. Aquí lo que pasó lo que pasa en todas las operaciones cuando alguien se somete la justicia en el sentido de que va a ser capturado.

Lo que sucede es muy claro. Otoniel es doblegado por la Fuerza Pública y por el operativo inminente que se estaba adelantando. O lo capturaban o lo neutralizaban. A mí me parece que pretender sembrar una duda cuando en esa operación tuvimos la tristeza de perder al intendente Guillermo Blanco, un miembro de los carabineros de Colombia que sacrificó su vida, es un insulto a todos los militares que participaron en esa operación, a las incansables horas de inteligencia, de trabajo abnegado de nuestras fuerzas especiales, de nuestros miembros de la Policía Nacional que tuvieron que pasar días planeando esa operación, es un insulto la memoria del intendente. Para que un delincuente, violador de niños, asesino de líderes sociales y asesino de policías puede estar detrás de las rejas.

SEMANA: ¿Qué decirle a aquellos que siembran dudas sobre el operativo?

D.P.: Generar los mantos de duda es natural en una época de política. En una época donde muchos piensan más en sus aspiraciones políticas que en la unidad del país o en reconocerle algo a la Fuerza Pública.

Lamentablemente, hay muchos que les cuesta tener gratitud con nuestra Fuerza Pública y que le cuesta reconocer sus éxitos. Uno escucha todo el día que la Fuerza Pública está desmoralizada, que es que no hay seguridad y que no hay operaciones. Díganle eso a Guacho y a todos los miembros de estos carteles que han sido capturados y neutralizados.

Aquí lo que hay es una Fuerza Pública que está preparada para defender al país y que tiene el respaldo de un Gobierno que cree en la seguridad. A ellos celebramos su capacidad, su sacrificio y esa respuesta que dieron.

Otoniel era tal vez la persona más buscada en Colombia y uno de los delincuentes más buscados en el mundo. Su captura o salva vidas, salva niños, evita violaciones, salva líderes sociales, salva la vida de policías y miembros de la Fuerza Pública. Obviamente, hay personas que siempre quiere ver en dónde puede sacar rédito político, pero aquí la verdad es que el señor está tras las rejas, se va a ir extraditado y va a pagar por sus crímenes.

SEMANA: Por último, aparte de Medellín, ¿qué otras revocatorias de mandato están adelantadas a la fecha?

D.P.: Sin duda, nosotros hemos tenido un sinnúmero de revocatorias, eso ha sido algo que ha explotado. Comparado a años anteriores, tenemos hoy procesos de revocatoria que han iniciado en muchas ciudades del país, estamos hablando de Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Cartagena, entre otras ciudades. En la de Cúcuta ya fueron certificadas las firmas por parte de la Registraduría y en eso está pendiente la asignación de la fecha de la elección. Entendemos que ya se certificaron las firmas de Medellín y eso llevará a la Registraduría a expedir un calendario electoral para establecer la fecha.

SEMANA: ¿Se pueden votar el mismo día de las elecciones al Congreso?

No, por eso el calendario electoral depende de la Registraduría y se tendrá que organizar cuándo serán esas votaciones que se llevaran a cabo de cada una de estas ciudades. Por parte del Ministerio del Interior, hemos tenido una labor de establecer alcaldías ad hoc en muchos de estos casos para garantizar los protocolos de bioseguridad, ya que existe un impedimento por muchos de estos alcaldes para hacer vigilancia sobre estos mismos procesos electorales de revocatoria. En eso, la participación del Gobierno es sencillamente frente a las gobernaciones y alcaldías ad hoc.