“Nuestros hijos no deben seguir sufriendo las consecuencias de la guerra”, le dicen al presidente Gustavo Petro

En el sur de Colombia, exactamente en el departamento de Nariño, sus comunidades han sido testigos directos de la violencia que generan los grupos ilegales. Este viernes 26 de mayo, el gobernador de ese departamento compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a miembros de las disidencias de las Farc colgando publicidad de su organización en los territorios.

Las personas que serían integrantes de la Segunda Marquetalia están instalando pendones, “colocando la banderita del Frente Iván Ríos”, dice uno de los hombres que acompaña a otros vestidos de camuflado y con fusiles.

“Aquí le sacamos la bandera de los elenos”, dicen antes de ver extendida sobre la carretera la tela negra con rojo, alusiva a la guerrilla, la misma a la que luego le encienden fuego. El video que pusieron a circular los disidentes termina con llamas.

Junto a ese video, el gobernador escribió: “¿Hasta cuándo las comunidades de Nariño tenemos que vivir bajo el terror y la zozobra por la disputa territorial de los actores armados?”, en el mensaje, etiquetó al presidente de la República, Gustavo Petro, y al Ministerio de Defensa.

En otro aparte del mensaje enfatiza en que “nuestros hijos no deben seguir sufriendo las consecuencias de la guerra”.

Algunos de los comentarios a ese mensaje fueron: “Nariño debe convertirse en un territorio de paz, Dr. Gustavo Petro ya no debemos dejar que Nariño sea un territorio de violencia, amenazas y masacres a nuestras comunidades, lanzamos un S.O.S. presidente, para salir de la crisis que tenemos los Nariñenses, necesitamos ayuda”, según se lee en la cuenta @YaquenoAldemar.

Escándalo en Nariño: militares vendían munición a disidencias de las Farc, luego el grupo criminal asesinaba a otros uniformados.

Una incautación de munición a las disidencias de las Farc en Nariño se convirtió en una minuciosa y escandalosa investigación que dejó un dato estremecedor: el inmoral hecho de que funcionarios del Ejército, incluso del más alto rango, les estarían vendiendo las municiones y dotaciones a los grupos criminales que asesinan a soldados y policías en diferentes zonas del país. Se convirtieron en el armerillo de las disidencias.

El origen de este escándalo fue la incautación de más de 800 cartuchos y chalecos multipropósito en una vía que comunica a Pasto con Tumaco. La incautación no llamó la atención, seguramente porque en esa convulsa región minada de coca, narcos y todas las organizaciones criminales en guerra, cada semana ocurren operativos similares.

Pero la duda por el origen de esas armas llamó la atención de los investigadores de la seccional de fiscalías en Nariño, que le pusieron la lupa y descubrieron una cloaca de corrupción. Los cartuchos que estaban en poder de los disidentes de las Farc, los mismos que se enfrentan al Estado, asesinan líderes sociales y siembran el terror en diferentes zonas del país, formaban parte de un lote de municiones que, en teoría, ordenó destruir el propio Ejército. Sin explicación, estaban en los fusiles de los criminales.

Los peritos de la Fiscalía compararon cartucho por cartucho con el sistema que tiene la fuerza pública para hacerles seguimiento a la munición y el armamento. La trazabilidad indicó que esos cartuchos, incautados en septiembre de 2022, fueron destruidos por un grupo designado especialmente para ese fin.

Cada cartucho de esa incautación estuvo en las manos de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército, pero por seguridad, y después de cumplirse un tiempo de uso, se ordenó renovar la munición.

El problema es que los encargados de ese procedimiento no destruyeron el material de intendencia y municiones, al parecer lo pusieron en venta. Los hallazgos de la Fiscalía, con solo revisar los sistemas de información del Ejército, destaparon lo que podría ser un escándalo de corrupción que no solo pone en riesgo los recursos públicos, sino la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, atacados, irónicamente, con las balas del Estado.

En un par de meses, lo que arrancó como una incautación más en Nariño se convirtió en una investigación de orden nacional y por hechos de corrupción, con una lista de oficiales que, por preservar la investigación, SEMANA mantiene en reserva. Lo que sí advirtieron fuentes del proceso fue la vinculación de generales, coroneles y suboficiales de diferentes unidades.

La Fiscalía tiene en su poder documentos, actas, resoluciones y constancias que dan cuenta de un negocio criminal que se gestó en el interior de unidades militares, no solo en Nariño, sino en otros departamentos del país. El Ejército se convirtió en el armerillo de las disidencias de las Farc y otros grupos criminales.

Preliminarmente, la investigación que abrió la Fiscalía es por los delitos de falsedad en documento público, peculado por apropiación y otras conductas que se van sumando conforme hacen nuevos hallazgos. El escándalo de corrupción no solo resulta indignante en una coyuntura de tanta violencia en el país, sino que crece y vincula más funcionarios.