Comisión de Acusación tendría mayorías petristas, ¿habrá revancha?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, según la Constitución, tiene el papel de adelantar los procesos de investigación contra los aforados y acusarlos ante el Senado. Es decir, puede investigar y, eventualmente, quitarles el fuero al presidente de la república, magistrados de las altas cortes y al fiscal general.

Pese a que es sabido que en sus anaqueles cientos de procesos duermen el sueño de los justos, con la conformación del nuevo Congreso pueden revivir y, no solo eso, hacerlo con ánimo revanchista. La comisión tiene un papel fundamental en el funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, en toda su historia, y pese a los innumerables escándalos por los que han pasado todas las ramas del poder público, solo ha acusado ante el Senado a los protagonistas del cartel de la toga: al expresidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, al expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos y al exmagistrado de la sala de casación penal de la Corte Suprema Gustavo Malo.

Tal como sucede en otras comisiones, su conformación depende de los acuerdos políticos. La comisión saliente tiene 16 miembros que serán reemplazados con mayorías del Gobierno entrante. Actualmente, el Centro Democrático tiene cuatro puestos en la comisión, seguido del Partido Liberal y Cambio Radical, con tres cada uno, los conservadores, La U y el Partido Verde con dos respectivamente.

La nueva comisión tendría una mayoría liberal, seguramente cinco representantes; el Pacto Histórico y los conservadores contarían con tres miembros cada uno; Cambio Radical, dos; el Centro Democrático, el Partido de la U y los verdes tendrían una silla por colectividad y por la aprobación de las curules de paz, la comisión tendrá dos miembros adicionales.

Así las cosas, Gustavo Petro contaría con respaldo, pues un alto porcentaje de los representantes a la Cámara del Partido Liberal lo apoyaron en campaña, sumándose así a los miembros del Pacto Histórico y el Partido Verde, que, por lo menos en esa comisión, se convertirían en mayoría. Sin embargo, la conformación de la nueva comisión dependerá de las reuniones que hagan los representantes de cada partido, en las que además se definen las mesas directivas que cambian cada año, según los acuerdos partidistas.

Las tensiones ya se han sentido en algunas reuniones. De hecho, según conoció SEMANA, el representante David Racero llegó pidiendo en las reuniones de compromisarios, como voz autorizada del Pacto Histórico, la presidencia de la Cámara para el primer año, además de la misma dignidad y la secretaría de la Comisión de Acusación, esta última, encargada de tramitar qué procesos se discuten en el pleno de la célula y a quien se le asignan las investigaciones.

Por otro lado, algunos representantes de otros partidos notaron una actitud de venganza en los representantes del partido de Gobierno, quienes tendrían la intención de revivir procesos que hoy están engavetados o empujar algunos que han sido radicados en los últimos años contra altos funcionarios del Estado, como el expresidente Álvaro Uribe e Iván Duque, quien desde el 7 de agosto será exmandatario de Colombia.

Igualmente, los procesos que hoy se adelantan contra Gustavo Petro en las altas cortes pasarían automáticamente a la comisión que tendrá mayorías petristas. Su llegada a la presidencia implica un cambio de su juez natural.

Pese a todo esto, antiguos miembros de la Comisión de Acusación dicen que la falta de trabajo en el interior de la célula legislativa también se debe a un mal diseño institucional. “Lo que pasa es que, de los 12 meses del año, la comisión solo tiene plata para funcionar ocho, los despachos no tienen presupuesto y dependen de los giros que le haga Hacienda al Congreso. Además, no cuenta con miembros propios de los organismos investigadores como el CTI de la Fiscalía, que son subordinados de uno de los investigados (el fiscal general)”, dijo el representante Mauricio Toro.

También indicó que el nuevo Gobierno debería intentar que la Comisión de Acusación salga del Congreso y se cree un tribunal de aforados, como lo proponía la antigua reforma a la justicia, “de tal manera que haya garantías para las partes, incluso para los acusados a quienes se les violan sus garantías con procesos que duran diez años”.

Es decir, que en caso de que la comisión esta vez decida ejercer la función que tiene por Constitución, cumpliendo con los tiempos que exige la carta política, el país podría comenzar a quitarle el remoquete que se le ha impuesto: la comisión de “absoluciones”.