Nación
Nueva condena por las motos eléctricas de la Bogotá Humana. Más de seis años de cárcel. ¿Quién es el condenado?
Un juez de Bogotá concluyó que el exsubgerente técnico del Fondo de Vigilancia es responsable de las irregularidades en el millonario contrato.
Una orden estaba implícita en un discurso del entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente Gustavo Petro, cuando en plena Plaza de Bolívar dijo que dejarían las “motos fósiles” en la Policía Metropolitana de Bogotá. Luego, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de la capital arrancó una carrera por cambiar las motos de la Policía, al final los funcionarios comprometidos terminaron condenados.
La propuesta de cambio del parque automotor, de gasolina a eléctricos, terminó en un fracaso administrativo y un escándalo de corrupción resuelto por la Fiscalía en la seccional de Bogotá. Ahora se conoció la condena en contra de quien era el exsubgerente técnico del Fondo de Vigilancia Jesús Hernando Amado, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“De ese notable propósito del gobierno distrital, en algún momento se sirvió el fondo, en cabeza, entre otros del abogado Amado Abril, para introducir las especificaciones técnicas que al final se incorporaron y condujeron a la desleal contratación, sin cumplimiento de los requisitos legales, antecedida, como se ha mostrado, del interés de aprovecharse de ese escenario de adquisición de bienes para la Policía”, señaló el juzgado.
La condena contra el exfuncionario era prácticamente un hecho, incluso quien era su jefe en ese momento también resultó condenado. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las consideraciones del juzgado y cómo los procesados trataron de advertir que cumplían las directrices de la Administración Distrital y que parte de la responsabilidad estaba también en la Policía de Bogotá.
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“Se expusieron acerca de los motivos, por demás laudables, que animaban a la administración distrital de la época, atendiendo a los programas de gobierno del proyecto político de la Bogotá Humana, propiamente, a renovar el parque automotor utilizado por las distintas autoridades de la capital, para avanzar hacia nuevas tecnologías y energías, mucho más amigables con el medio ambiente”, explicó el juzgado al condenar al exfuncionario.
Incluso resultó particular una declaración rendida por el entonces comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, que advirtió cómo en una reunión con el entonces alcalde Gustavo Petro, este le aseguró que no compraría “motos fósiles” y en adelante llegarían motos eléctricas.
“Me dijo a mí personalmente que él no iba a comprar motos fósiles, que –aclaro– fue la primera vez en mi vida que yo escuchaba ese término, fósiles pues, motos fósiles. La ignorancia en su momento no me permitía dilucidar qué eran motos fósiles y le pregunté, le dije, señor alcalde ¿cómo así motos fósiles?, me dijo, pues motos a gasolina, yo las motos que voy a darle a la Policía son motos eléctricas”, señaló el general Martínez.
Para el juzgado no hay duda de que el exfuncionario, ahora condenado, tenía la intención de direccionar los contratos por más de 4.000 millones de pesos a un determinado contratista, y así ocurrió. “Intervino definitivamente, movido por el interés de favorecer a la empresa NBT, en el proceso de contratación, aun antes de la formalización de este, pero, claramente, irradiando sus efectos en los ciclos sucesivos, al punto que apresuraba las pruebas de las motocicletas eléctricas, no en forma genérica, sino, en concreto, las que venía promocionando aquella empresa, a través del gerente Carlos Vaca”.
De todo el escándalo quedaron los funcionarios condenados, el millonario gasto para el Distrito y las 100 motos eléctricas abandonadas en un parqueadero, porque no fueron utilizadas por la Policía de la capital del país, pues no cumplían con las condiciones técnicas ni mecánicas para la rutina de los uniformados.