Nueva controversia en la Agencia de Tierras: funcionarios compraron predios por $17 mil millones sin cumplir requisitos

Por las presuntas irregularidades que hubo en la gestión para comprar una serie de inmuebles en el municipio de San Marcos, Sucre, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La Procuradora Tercera Delegada para la Contratación Estatal indicó que “con ocasión de lo publicado en medios de información, para la adquisición de los predios en 2023 por un monto cercano a los $ 17 mil millones se habrían firmado documentos sin que se cumplieran todos los requisitos necesarios”.

Pero en medio de esa indagación, el ente de control también revisará la denuncia que hizo el actual director de la entidad, Juan Felipe Harman, contra los funcionarios que adelantaron el trámite, entre ellos, su antecesor Gerardo Vega Medina, y las advertencias que se habrían hecho en la oficina de Sana Marcos, alertando en detalle las supuestas anomalías que tendrían los predios.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, informó la Procuraduría en un comunicado.

Recientemente, un memorando internó dejó al descubierto todo el desorden administrativo que tendría la Agencia Nacional de Tierras y la baja ejecución presupuesta que tendría la reforma agraria que propuso el gobierno de Gustavo Petro en plena campaña electoral, y que hoy solo parece una promesa más en el aire.

Dicho documento lo presentó una funcionaria del equipo de contabilidad a la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz, señalándole que esa dependencia del gobierno está sin el equipo necesario en el ámbito central para atender los requerimientos de los funcionarios de todo el país.

El memorando alerta que “es muy importante que se dimensione el impacto negativo que se puede llegar a presentar, al no contar con las personas expertas en la central, para atender las obligaciones de más de cinco mil trescientas (5.300) cuentas de cobro, de todos los colaboradores de la entidad, adicional a más de doscientos servicios públicos, arrendamientos de sedes y UGT, compra de predios, impuestos, y demás cuentas por pagar que atiende la Central de Cuentas”.

Y a pesar de que la Corte Constitucional hace pocos días le dio vía libre al gobierno para que avance en la negociación que tendría problemas jurídicos o permanecen invadidos, la compra de tierras de dicha reforma parece una propuesta que se quedó varada en los anaqueles del Estado.

Los problemas en la ANT también se viven por el reciente remezón que tuvo la entidad y que no logrado el reemplazo de varios funcionarios que estaban en la subdirección administrativa y financiera, despacho que está a cargo de contratar al resto de personal de la entidad y de revisar las cuentas de cobro de quienes trabajan por prestación de servicios.

Por eso razón, el documento también advertía que: “La Subdirección Administrativa y Financiera a la fecha solicitó documentación para posible prórroga solo a 5 personas de los 23 contratistas que componen la central, lo que indica que, a partir del 2 de julio, el 20 % del equipo atienda más de 5.700 cuentas por pagar cumpliendo con los tiempos establecidos en los procedimientos de pagos ya que, las personas que ingresen nuevas no cuentan con certificados digitales (Toquen) para el ingreso y registro en SIIF Nación, no cuentan con los conocimientos de los procedimientos y lo más importante, la experticia para atender el volumen”.