Nación
Nueva imputación al exgobernador de Arauca, esta vez por corrupción
La Fiscalía estableció varios casos de corrupción que incluyeron al exgobernador Facundo Castillo en sus dos administraciones. El dirigente también es investigado por relaciones con el ELN que fueron documentadas en el proceso.
Facundo Castillo, el exgobernador de Arauca, está privado de la libertad por presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional - ELN, ahora la Fiscalía estableció que el exmandatario tiene otros enredos con la justicia, en esta ocasión por hechos de corrupción.
Castillo fue gobernador en los periodos 2012 – 2015, y 2020 – 2021, hasta que terminó capturado por cuenta de un proceso que lo dejó vinculado con la guerrilla y por favorecer los intereses de la insurgencia a cambio de garantizar su elección como mandatario de Arauca.
“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos, la forma en la que acutuó el gobernador es una violación directa al las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.
El nuevo lío judicial que le sale al exgobernador está en tres contratos que firmaron durante la administración de Castillo en la gobernación de Arauca, el primero en 2013 por más de 9.700 millones de pesos para la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En ese contrato se encontraron sobrecostos que superaron los 2.000 millones de pesos.
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El segundo contrato firmado en 2019 incluido en el Plan de Alimentación Escolar, con ocasión de la emergencia sanitaria del Covid-19, pero se hicieron varios cambios sin justa causa, “sin estudios de mercado y generó sobrecostos por $860′975.373, entre otras posibles anomalías”.
El último contrato que se convierte en investigación fue firmado en abril de 2020 por 4.400 millones y destinado a la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. “La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica”.
La Fiscalía imputará cargos al exgobernador por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos agravado.
“Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicarán solicitudes de audiencias de imputación contra el exmandatario, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos irregulares en los que, supuestamente, entregó la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN”, advirtió la Fiscalía.
Las irregularidades fueron detectadas por la Fiscalía y ahora se suman a los problemas jurídicos del exgobernador Castillo y por esos casos los fiscales solicitarán una medida de aseguramiento en centro carcelario, que servirá de respaldo en caso de que tumben la primera orden de detención en contra de Castillo y por sus vínculos con el ELN.
“Los elementos de prueba dan cuenta de direccionamientos, sobrecostos y otras posibles irregularidades en cuatro contratos celebrados durante los dos periodos en los que el mandatario departamental estuvo en el cargo”, finalizó la Fiscalía.
