Nueva imputación al exgobernador del departamento de Cesar por corrupción en manejo del PAE

Para la Fiscalía hay pruebas suficientes que determinan la responsabilidad de Luis Alberto Monsalve Gnecco, exgobernador del departamento de Cesar, en las presuntas irregularidades del Programa de Alimentación Escolar - PAE durante su primer periodo como mandatario departamental.

En este sentido, el ente acusador anticipó que solicitarán ante los jueces de control de garantías una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, donde se encuentra como consecuencia de otro proceso que adelanta la Fiscalía.

“El ente investigador cuenta con evidencia que indicaría que Monsalve Gnecco, en su primer periodo como gobernador del departamento, entre 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato de este programa”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Para el fiscal de caso, la evidencia demostraría que el exgobernador habría incurrido en varias irregularidades en la firma, celebración y adjudicación de un millonario contrato destinado a la alimentación de los niños en los colegios departamentales. Las pruebas serán expuestas en la audiencia de imputación de cargos.

“El material de prueba daría cuenta que este contrato, firmado en el primer semestre de 2015, habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país”, señala la Fiscalía al anticipar la solicitud que harán a los jueces.

Durante la investigación, que hace parte de un macroproceso por la apropiación ilegal de recursos públicos del PAE, los fiscales lograron identificar de qué forma se desviaron los anticipos de los contratos, que en criterio de los investigadores, se entregaron sin el lleno de los requisitos legales, como debió garantizarlo el mismo exgobernador.

“También se logró establecer que, al parecer, no se realizaron los estudios previos; además, los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual, lo que habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos”, advierte la Fiscalía en el informe.

El problema, de acuerdo con la Fiscalía, no solo incluyó ausencia en los requisitos previos para la contratación pública, de acuerdo con los investigadores, luego de adjudicarlos no se ejerció el control sobre la ejecución de los contratos y de esta forma no se pudo garantizar el efectivo cumplimiento de la licitación.

“Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de colegios públicos del departamento”, señaló el ente acusador.

En ese sentido, y luego de advertir las posibles irregularidades, la Fiscalía aseguró que hará la imputación, esperan fecha, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, los dos cargos en calidad de coautor.

No sería el único proceso que tiene en su contra el exgobernador en la Fiscalía, justamente en la mañana de este miércoles en el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en otra investigación que tiene al exmandatario como iniciado.