Nueva polémica: ¿puede la ETB ejecutar el contrato caducado a Centros Poblados por un billón de pesos?

Karen Abuniden, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, decidió adjudicarle el contrato para llevar Internet a las zonas rurales a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que había quedado en el segundo lugar en la licitación que se ganó la firma Centros Poblados, a la que le decretaron la caducidad por presentar una póliza falsa, según la funcionaria. La decisión de entregarle el contrato a la ETB había sido revelada en exclusiva por SEMANA.

Este martes, Abuniden hizo público el anuncio en medio de un debate de control político en la Comisión VI del Senado. Argumentó que se declaró la caducidad, y como no se ha ejecutado más del 50 por ciento del contrato, la entidad estatal puede celebrar contrato con el oferente ubicado en segundo orden de elegibilidad, en este caso la Unión Temporal ETB Skynet. Abudinen dijo que lo hace basada en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, una posición respaldada por algunos de los juristas consultados por SEMANA.

Sin embargo, muchos otros, que también hablaron con este medio, consideran que la ministra, “por querer apagar un incendio político”, se aceleró en tomar decisiones. Dicen que lo que debió hacer la ministra fue llamar de nuevo a todos los oferentes para que presenten sus propuestas. Este proceso no tardaría más de tres meses, según los expertos, y garantizaría que mas adelante no se tenga que tumbar la nueva negociación al ser considerada “ilegitima”.

De hecho, advierten que aquellos que fueron descalificados del proceso por “tecnicismos” y que denunciaron las presuntas irregularidades que indicarían un claro favorecimiento a la Unión Temporal de Centros Poblados desde antes de su adjudicación, también tendrían que ser llamados a participar, entre ellos dos empresas internacionales.

Al revisar el proceso entrarían a participar de nuevo una compañía oriental que ofrecía una trayectoria en tecnología, al igual que una empresa brasilera que presentó una oferta superior a la terminó ganando Centros Poblados con documentación falsa, pues garantizaba más de 16 años de experiencia conectado zonas apartadas del país y más de 700 colegios con internet a diferencia de la polémica Union Temporal.

¿Resultará peor el remedio que la enfermedad?

SEMANA habló con varias de las empresas involucradas en la licitación y con personas cercanas del Ministerio TIC que confirmaron que, después de la caducidad del contrato, las entidades buscaron a la ministra para advertirle que si dejaba a la ETB sería una decisión errónea.

Primero advirtieron que si ETB tomaba el contrato por un billón de pesos se corría el riesgo de que a futuro por acciones legales se ordene detener el proceso debido a las acciones jurídicas que se presentarán.

Al ser la ETB una empresa de naturaleza mixta, es decir que parte de ella es publica, tiene muchos protocolos para la autorización de recursos, para poder arrancar con la ejecución del contrato. Debe pasar por filtros, incluso autorización del Concejo de Bogotá, y otras diligencias que podrían tardar la ejecución del contrato.

Sin citar a una nueva convocatoria, se pierde la oportunidad de tener más colegios de regiones apartadas conectadas pues varios de los oferentes ofrecían una mejor oferta a la que ETB se comprometió, incluso una de ellas estaba dispuesta a arrancar las obras sin los 70.000 millones de pesos anticipo.

Por otro lado, hay quienes aseguran que si bien es cierto ETB tiene experiencia en Bogotá y Cundinamarca, desconoce cómo funciona la conectividad en la ruralidad y eso tendrá consecuencias en los tiempos de ejecución. Se podrían tardar aproximadamente 6 y 12 meses para adaptar una red nacional que involucre importación de equipos, configuración, gestión del servicio, implementación de una mesa de ayuda, entre otros factores.

Esta es una de las propuestas que no fue tenida en cuenta por el Ministerio TIC: “Podemos garantizar los tiempos, la ejecución con un bajo impacto a este proyecto de gran interés social y garantizando la continuidad del mismo, teniendo en cuenta que tienen plena capacidad para presentar una oferta competitiva, sin desmejorar la oferta inicial, ni el número de sitios comprometidos, y así mismo sin necesidad de depender en la operación del primer anticipo que ya fue entregado a la UT CP, es decir ajustándose a un nuevo presupuesto que estaría reducido en el anticipo entregado, garantizando de esta manera asumir la operación de todos los sitios ya instalados que fueran entregados”.

Todas las fuentes consultadas por SEMANA pidieron confidencialidad para evitar viciar los procesos e incluso las medidas legales.