¿Prosperará la nueva solicitud de muerte política contra Gustavo Petro?

Un nuevo round deberá enfrentar Gustavo Petro ante las autoridades judiciales por cuenta de la solicitud del abogado José Manuel Abuchaibe al Consejo de Estado. Este lunes se conoció que el litigante radicó una petición para que se evalúe si el senador de Colombia Humana debe perder su investidura al violar el régimen de incompatibilidades por supuestamente incumplir algunos de los deberes inherentes a la dignidad del cargo.

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"¿Puede un senador de la república de Colombia irrespetar a las autoridades legítimamente constituidas como lo son el presidente, fiscal, registrador y alcalde de Bogotá, declarando no reconocer legitimidad en el presidente Duque por haber sido elegido por el narcotráfico y solicitando a la comunidad desobediencia civil y dejar de pagar los servicios públicos?", cita el documento de Abuchaibe.

Para el demandante, Gustavo Petro se aprovechó de su condición de senador para emitir juicios en contra de las instituciones y funcionarios del Estado al apoyarse erróneamente en la inviolabilidad parlamentaria de la que goza. Según dicta la petición, las polémicas propuestas del senador no se dieron en ejercicio de sus funciones, sino en otro contexto en donde el líder de la oposición usó "su alta influencia en la comunidad, creando sin lugar a dudas situaciones que desbordan el orden jurídico".

Abuchaibe señala que Petro pudo haber expresado este tipo de opiniones siempre y cuando hubiese renunciado a su cargo, razón por la que pide la pérdida de investidura que, de darse, llevaría a la muerte política del senador porque ya no podría ejercer cargos de elección popular de por vida.

Pero, ¿qué tan viable es que esta petición prospere? SEMANA consultó a dos abogados al respecto para conocer su concepto.

"El Consejo de Estado tendría que hacer una ponderación entre lo que es la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria que gozan los congresistas. Recordemos que ellos no pueden ser condenados o perseguidos por sus opiniones que emitan en sus funciones legislativas, siempre y cuando no actúen contra la integridad de otras personas", explica Andrés Fandiño, abogado constitucionalista.

Para él, la demanda no prosperaría, aún cuando la posición de Petro puede ser cuestionada o criticada por distintos sectores. El antecedente del argumento está en los fallos proferidos por la Corte Constitucional sobre la protección al derecho de la libre expresión. No obstante, Fandiño recuerda que el alto tribunal ha expresado que puede iniciarse una investigación a un funcionario o ciudadano del común cuando sus opiniones atenten contra un tercero o apliquen estas cuatro causales.

"a) la propaganda en favor de la guerra, (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio"; sentencia T-391/07.

Sin embargo, hay otro aspecto a tener en cuenta en el caso y es el canal o medio que usó el senador Petro para expresar sus propuestas de desobediencia civil, no pago de servicios públicos y no enviar a los niños al colegio. "Las redes sociales no tienen una reglamentación tan clara y profunda, a veces generan un marco de impunidad frente a muchas agresiones y circunstancias que se atañen a cualquier funcionario", agrega Fandiño.

A ese concepto se suma el abogado penalista Iván Cancino, quien afirma que usar Twitter para expresar sus opiniones no genera una causal de pérdida de investidura. "Aunque son bastante reprochables, creo que hacen mella desde su poca calidad humana y poco servicio público, pero no contrarían una norma que permita quitar la investidura del cargo. Podría generar alguna investigación de carácter disciplinario y si hay fallo sancionatorio, pues habrá una causal de pérdida", señala. 

Así las cosas, la demanda de Abuchaibe parece tener poca luz en el Consejo de Estado, el cual debe determinar si acepta la petición bajo los argumentos expuestos por el abogado o si, por el contrario, la considera injustificada y este pasa a ser otro proceso contra Petro que termina, antes de iniciar.

*Posterior a la publicación de este artículo, el abogado Abuchaibe se comunicó con SEMANA para señalar que en ningún momento mencionó las redes sociales en las declaraciones de Petro "sino entrevistas radiales y escritos de su autoría que lo hacen responsable. Aclaro lo anterior, ya que veo que los abogados que opinan no conocen la realidad de nuestra solicitud".