JEP y la Fiscalía: ¿Quién manda a quién?

Hace apenas dos semanas la JEP y la Fiscalía, a instancias de la Comisión de Paz del Congreso, celebraron un encuentro privado en el que expusieron, de lado y lado, las diferencias que llevaron a un agrio tire y afloje entre esos dos órganos judiciales. El episodio más reciente había sido una inspección que la Fiscalía hizo en los expedientes reservados de la JEP, la cual desautorizó el propio Néstor Humberto Martínez. Tras esto, con la reunión superaron el impase y se comprometieron a procurar una mejor coordinación en adelante. Sin embargo, esta semana afloraron nuevas discrepancias aún más de fondo, por lo que la Corte Constitucional debe intervenir.

Los puntos en controversia, de gran envergadura, tendrán alto impacto político frente al éxito o fracaso de la implementación del acuerdo de paz. El primer nudo gira en torno al cúmulo de bienes que las Farc dejaron de incluir en su inventario al momento de reincorporarse a la sociedad, que según la Fiscalía pretenden mantener ocultos por medio de testaferros.

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Como consecuencia del acuerdo de paz, la guerrilla marchó hacia varios puntos de concentración en algunas regiones del país. En esas zonas hicieron el conteo pormenorizado de los integrantes, de su armamento y el “inventario de bienes y activos que constituyeron la economía de guerra de las Farc”. Entregaron el inventario a Naciones Unidas y por ese conducto a la JEP para la reparación de las víctimas.

En ese listado aparecen desde gramos de oro, carreteras y vacas hasta vehículos, fincas, fajos de dólares, escobas y exprimidores de naranjas. Según las Farc, se trata de un cúmulo de bienes avaluados aproximadamente en 132.325 millones de pesos, es decir, 0,13 billones. Por su parte, Néstor Humberto Martínez dice que no incluyeron todos los activos: “Las Farc presentaron un inventario que no llega al billón de pesos. La Fiscalía ya ha incautado bienes por más de 2,3 billones de pesos”. El lío es que el Tribunal para la Paz exige a la Fiscalía entregarle el control de ese cúmulo de bienes no inventariados, lo que para Martínez constituye una “usurpación” de competencias.

Esta semana la JEP le fijó a la Fiscalía un término “improrrogable” de tres días para que por medio de un informe pusiera a disposición del Tribunal para la Paz los bienes no declarados de las Farc. El fiscal, en el límite de tiempo, no se dirigió a la JEP, sino a la Corte Constitucional, donde trabó un conflicto de competencias. Por eso, ese tribunal definirá quién tiene la razón.

No será la primera vez que la corte analice el asunto del patrimonio de las Farc. Cuando evaluó el acuerdo de paz y el decreto con que el gobierno nacional dispuso el procedimiento para realizar el inventario, emitió una sentencia de 125 páginas en la que fijó las reglas al respecto. Ese fallo, en uno de sus párrafos, dice que le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer los procesos penales y de extinción de dominio “respecto a bienes no incluidos en el inventario”. Así las cosas, el fiscal tendría la razón. Sin embargo, esa sentencia se ocupa principalmente de lo relacionado con los bienes inventariados, sin profundizar en qué hacer con los que no incluyeron.

Y ahí surge otra incertidumbre, pues la guerrilla en su inventario agregó de forma genérica “la totalidad de bienes y activos que la Fiscalía atribuye a las Farc”. Para Martínez esa jugada es una gran burla al acuerdo de paz. Por su parte, las Farc creen que si el fiscal conserva la competencia, mañana presentará una cascada de procesos de extinción de dominio como prueba de incumplimientos, y que con ello buscará que los exguerrilleros pierdan los beneficios que la justicia transicional contempla para ellos si cumplen con la verdad y la reparación de las víctimas. No es nada sencillo el dilema que debe resolver la Corte Constitucional.

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De Santrich al Paisa

Otra papa caliente entre la JEP y la Fiscalía tiene que ver con la eventual extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos. Como se sabe, las autoridades capturaron al exjefe guerrillero hace seis meses por solicitud de la DEA. Desde entonces permanece en la cárcel La Picota, aguardando al trámite del requerimiento que le hace una corte de Nueva York por supuestamente haber conspirado para enviar droga a ese país.

Santrich ha alegado que el proceso es un montaje y ha interpuesto todo tipo de recursos legales para impedir su extradición. El sábado publicó una carta en la que asegura que el fiscal Néstor Humberto Martínez tramó un engaño en su contra. “Ya tuve la posibilidad de conocer tus "pruebas". Ojalá el país tuviera la oportunidad de oír los audios que tienes como base de tu engaño”, inicia la misiva en la que dice que el fiscal está abusando de su poder. 

Hasta ahora ninguno le ha dado resultado, sigue tras las rejas y en consecuencia no pudo posesionarse en una de las curules que el acuerdo de paz le otorgó a la Farc. La captura de Santrich marcó el punto más crítico del proceso y produjo la estampida de dos figuras clave: Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, más conocido como el Paisa. Sobre la comparecencia de estos ante la JEP, es decir, su continuidad en el proceso de paz, hay más preguntas que respuestas.

Jesús Santrich, Iván Márquez y el ‘Paisa‘

Y la incertidumbre depende de lo que ocurra con Santrich. La Fiscalía insiste en que este reincidió en conductas criminales relacionadas con narcotráfico, como sostiene la DEA, y que por tanto debe enfrentar la justicia ordinaria, en la que le aguarda un boleto de extradición. Pero todo depende de lo que determine la JEP en su misión de verificar la “garantía de no extradición” que el Estado otorgó a quienes dejaron las armas en el marco del acuerdo de paz.

Si la JEP comprueba que Santrich reincidió luego de la firma formal de la paz (1 de diciembre de 2016), debe dejar el asunto en manos de la Corte Suprema para que luego, si esta lo aprueba, el presidente decida la extradición. Pero el lío está en que la Jurisdicción para la Paz solicita las pruebas que reposan en Estados Unidos –audios y demás– para evaluar tanto la fecha de los supuestos hechos como la mismísima conducta atribuida a Santrich. Plantea que solo con ello puede decidir. Y ese requerimiento rompe la tradición, pues la Corte Suprema, para aprobar extradiciones, se ha limitado a revisar formalmente los papeles sin ocuparse de las pruebas que soportan el caso en la jurisdicción foránea.

El Tribunal para la Paz admite que su proceder es “novedoso”, pero a la vez lo justifica por la trascendencia de lo que está en juego: la paz. Aun así es muy poco probable que Estados Unidos envíe las pruebas, pues para los gringos eso significa debilitar la autonomía de su jurisdicción. La JEP espera lograr que cooperen, pero al mismo tiempo fijó un plazo de 40 días. Si en ese término no conoce las evidencias, ante la imposibilidad de comprobar el asunto, mantendría la garantía de no extradición. Con ello Santrich recuperaría la libertad, pues lo capturaron “con fines de extradición”. Y el lío político no tendría precedentes.

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No es nada fácil la maniobra legal que intenta la JEP para solicitar las pruebas a Estados Unidos. La ley de procedimiento vigente, propuesta por el propio tribunal y aprobada con variaciones por el Congreso, impide que en el análisis de casos de extradición la JEP decrete pruebas. El artículo que fija esa limitación tiene en su contra una demanda aún no resuelta. Pero la Corte Constitucional, en un fallo de mayor rango, señala que la JEP sí puede decretar pruebas. Para sortear la contradicción la JEP dice que “inaplica” la ley de procedimiento y abraza el fallo por el que la corte le otorga tal potestad a fin de decidir como corresponda “con base en los medios obrantes en el proceso”. Una sala de cinco magistrados aprobó la controvertida decisión: tres votaron a favor y dos se opusieron.

En paralelo, ronda la pregunta por el paradero de Iván Márquez y el Paisa, exjefe de la terrorífica columna Teófilo Forero. Esta semana se cumplió el plazo para que los exjefes presentaran a la JEP un informe detallado de los aportes que hasta ahora han hecho al proceso de paz señalando qué, cuándo, cómo y dónde. Iván Márquez, de quien no se tiene noticia hace meses, apareció solo en papel. En su informe anexó las actas de las reuniones en que participó cuando estaba en Bogotá e hizo un recuento de los actos de contrición que hizo ante las víctimas. El Paisa no envió informe ni solicitó prórroga alguna para hacerlo. Simplemente nada se sabe de él. Lo más probable es que tanto Márquez como su fiel camarada estén haciendo tiempo, y que lo que ocurra con Santrich probablemente definirá si se van o se quedan en la paz. El propio Timochenko, líder máximo de la extinta guerrilla, lo dijo claramente: “No sé de ellos, tengo la misma incertidumbre, ojalá se pronunciaran. ¡Digan algo, hermano, porque a uno le queda berraco hablar por ustedes!”.