Nuevas irregularidades en la cárcel de Tuluá: a un mes de la tragedia no hay sistema contra incendios

Ya pasó más de un mes de la tragedia en la cárcel de Tuluá –28 de junio– y poco ha cambiado dentro del establecimiento. El incendio en el pabellón 8, ubicado en la parte antigua del penal, que cobró la vida de 56 personas, no ha servido para que se tomen acciones para mejorar la vida y seguridad de los privados de la libertad.

Así lo evidenció la Defensoría del Pueblo en una reciente visita a la cárcel de Tuluá en la que se constataron varias irregularidades, entre ellas una alarmante: la zona nueva del penal, inaugurada en 2017 y que no resultó afectada por la conflagración, no cuenta con sistema contra incendios.

Es decir, si en este momento ocurre un nuevo incendio dentro del penal. lo más probable es que decenas de reclusos mueran ante la falta de un sistema para atender este tipo de emergencias. Cabe recordar que los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) atendieron el incendio del 28 de junio con extintores, los cuales no fueron suficientes ante la magnitud de las llamas.

Esto resulta inaudito, pues ya pasó más de un mes de la tragedia y, de hecho, aún hay privados de la libertad hospitalizados luchando por su vida. “Nuestro equipo de funcionarios pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”, dijo Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

Y añadió: “Durante la visita llamamos la atención a las autoridades, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”.

Luego del incendio, los reclusos de los pabellones ubicados en la parte antigua del penal, la cual fue clausurada, fueron trasladados a diferentes cárceles del país. Sin embargo, dentro de este centro penitenciario aún persiste un hacinamiento que asciende al 24 %, superior al 17 % que había al momento de la tragedia.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo también evidenció en su visita que que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración médica para los reclusos y que tampoco se realiza seguimiento a los tratamientos médicos que ellos requieren, presentando demoras de hasta tres meses para una cita con especialistas.

“Insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, concluyó Camargo.