¿Falsos positivos 2.0?

El Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló este miércoles Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.

El 10 de diciembre de 2018, el Gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con falsos positivos y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como falsos positivos, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado. 

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“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.

Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.

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El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos  a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las Farc. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.

En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas de su vivienda por la fuerza en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las Farc muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.

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El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.

Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”. 

A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.

Las pruebas contra los nuevos comandantes

Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército). 

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Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)

Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indica que los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005. 

Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las Farc muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.

Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.

En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las Farc.

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Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”. 

Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)

Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.

El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.

Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general. 

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Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)

Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.

El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.

En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón La Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.

En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):

[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda... ahí el guía nos llevó a una parte... y [un] teniente... me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.

A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.

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Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate... en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto [presuntamente como premio]. 

Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)

El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.

Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del batallón La Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.

Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón La Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un NN.

Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)

El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las Farc muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.

Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.

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Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.

En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las Farc impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.

Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)

El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.

Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía. 

Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)

El general Flórez Cuervo fue nombrado comandante del Centro Nacional de Entrenamiento en Bogotá, donde se dictan cursos especializados a soldados.

Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.

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En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.

El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo. 

Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada) 

El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas. 

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)

 El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las Farc.

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El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.

El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo NN muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.

El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.