Nueve recomendaciones para la crisis de la Policía

En medio de la difícil situación por la que está atravesando Bogotá por cuenta de los últimos desmanes presentados en la jornada de protestas desatadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía, ProBogotá planteó a la Alcaldía nueve acciones para el mejoramiento, la construcción de confianza y la disminución de riesgos en el servicio de policía.

A través de una carta, ProBogotá cuestiona el manejo que se le dio a los hechos ocurridos la semana pasada en Bogotá que “implicaron el crimen contra el señor Javier Ordoñez por cuenta de excesos policiales son inaceptables y requieren justicia rápida y castigo para los responsables”. Así mismo, enfatiza en que dicho acontecimiento desató la indignación de la ciudadanía y posteriormente una “protesta social legítima. Sin embargo, esta situación fue empañada y aprovechada por organizaciones armadas, pandillas y bandas delincuenciales en las calles capitalinas, quiénes con mucha violencia se dedicaron a cometer no solo actos de vandalismo, sino incluso de terrorismo. Atacaron a la infraestructura de seguridad ciudadana, a locales comerciales, al sistema de transporte público y a ciudadanos y policías”, se lee en el documento.

Al respecto, la entidad -dirigida por el exministro Juan Carlos Pinzón- también critica parte de la gestión de la alcaldesa Claudia López en dichas protestas que finalmente terminaron en caos dejando 13 fallecidos y varios heridos, además de los daños materiales. “La ausencia de coordinación impidió dar señales claras a la ciudadanía para evitar la pérdida de vidas humanas, la protesta social pacífica se vio desbordada. La falta de liderazgo evitó adoptar medidas encaminadas a garantizar el orden público e impidió proteger a la ciudadanía de modo que quedó expuesta a delincuentes, células de terrorismo, estructuras de micro-tráfico y bandas organizadas”.

Por esto, plantean al Distrito nueve acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía:

1: Instituciones y gestión de la seguridad: La administración distrital debe brindarle el apoyo a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ- para que ejerza un liderazgo basado en la gestión, en el que su papel consista en la recolección, análisis y estructuración de información que permita identificar los orígenes de los factores de riesgo, diseñar y generar las capacidades para hacerles frente y administrar las relaciones fuerza pública – ciudadanía.

2. Inteligencia y contra inteligencia: El Gobierno nacional y las administraciones locales deben trabajar en el desarrollo de capacidades y planes en estas áreas, que les permitan a los organismos de seguridad y en especial a la Policía Nacional fortalecer sus políticas de integridad y transparencia, y la capacidad de anticipación frente a organizaciones dispersas en los territorios para el aprovechamiento de coyunturas de inestabilidad.

3. Reconsideración de la visión territorial de la seguridad: Durante los últimos años, las explosiones de vandalismo y violencia en el marco de protestas ciudadanas han tenido su inicio en áreas determinadas de la ciudad, es necesario que la SDSCJ en asocio con la Policía Metropolitana desarrollen un modelo de despliegue territorial para generar un equilibrio del sistema que disminuya el riesgo de quiebre del orden.

4. Reconocimiento de los roles y misiones: La debilidad de los planes de actuación en el marco de la pandemia, la imposibilidad de poner en marcha un esquema de comando y control de respuesta a esta y el desconocimiento de la relación entre roles – misiones y disponibilidad para el servicio han aumentado exponencialmente el riesgo de enfrentamiento entre funcionarios policiales y ciudadanía. El desgaste por cuenta de este panorama deriva en un debilitamiento de la legitimidad institucional con impactos profundos en la provisión del servicio de seguridad y la lucha contra el crimen. Dos son las fuentes de este escenario: la desmoralización de los funcionarios policiales y el aumento de la conflictividad del ciudadano hacia el policía.

5. Pie de fuerza: Se requiere diseñar el sistema de cofinanciación del aumento de pie de fuerza con sentido de urgencia, nuevas unidades policiales que deben estar especializadas en la dinámica específica de la ciudad y dedicarse a ámbitos como la policía comunitaria, la policía de inteligencia y la de investigación judicial, todas con miras a recuperar la confianza ciudadana y prevenir el deterioro del orden público y la seguridad de las personas.

En Bogotá hacen falta 5.000 policías para llegar a un mínimo de 300 policías por cien mil habitantes. El desarrollo de la policía comunitaria y del modelo del plan cuadrantes depende del nivel de pie de fuerza apropiado, de recursos suficientes y del entrenamiento comunitario que acerque a la policía con la comunidad.

6. Tecnología: La construcción de confianza tiene un gran aliado en la tecnología. El uso de cámaras corporales y equipos de comunicación para todos los componentes en el servicio de vigilancia representa un factor de autocontrol del funcionario policial y un elemento disuasorio hacia ciudadanos que quieren aprovechar la debilidad en el control de los procedimientos para abusar de sus derechos.

7. Innovación: Profundizar la utilización de herramientas de analítica de datos que permitan predecir de una manera más efectiva el comportamiento de los diferentes riesgos asociados a la convivencia y seguridad ciudadana. Esto en el marco del uso de tecnologías emergentes asociada al concepto de ciudades inteligentes -smart cities-.

8. Apostar a la expansión de infraestructuras de entrenamiento: Las condiciones especificas de una ciudad con casi 8 millones de habitantes requieren que su personal policial cuente con un conocimiento experto de las condiciones sociales, geográficas, económicas, culturales, entre otras, que constituyen el entorno en el cual se presta el servicio de policía. En tal sentido, el desarrollo de infraestructuras robustas para el entrenamiento y reentrenamiento de unidades destacadas en la jurisdicción juega un papel preponderante en la efectividad el servicio, la salvaguarda de la reputación de la institución y la promoción de la legitimidad del estado.

9. Revisión de los mecanismos de participación ciudadana: Es necesario diseñar nuevos mecanismos de participación ciudadana para la gestión de la seguridad. Además de los frentes de seguridad, es importante el diseño de una estrategia para incrementar el alcance de los procesos de rendición de cuentas y el involucramiento de los ciudadanos en la gestión de la seguridad.