Nuevo capítulo de la guerra por Hidroituango: ¿Y ahora qué sigue?

No paran los líos para las empresas que han estado detrás de la construcción de Hidroituango –Consorcio CCC, diseñadores e interventores–. Lo que parecía una pelea regional que no salía de Medellín, ahora tomó otro cariz por el proceso de responsabilidad fiscal con el que se busca recuperar más de 4 billones de pesos, idos al garete por cuenta de los errores en la obra.

Esta semana se filtró un auto de la Contraloría General en el que se decretaron medidas cautelares en contra de Integral S. A., los diseñadores del proyecto: embargaron sus cuentas bancarias y bienes inmuebles. La decisión tomó por sorpresa a la consultora paisa –aliada estratégica de EPM por más de 50 años–; ni siquiera saben cuáles son los alcances de la medida, que podría frenar las decenas de proyectos para los que realizan estudios de impacto ambiental y asesorías en todo el país. Aunque Integral ya atravesó otros embargos, el de ahora es impagable y puede provocar un efecto cascada.

Si bien hasta el momento solo se ha conocido el auto de Integral, y el resto de las compañías emitieron comunicados al respecto asegurando que no han recibido ningún tipo de notificación del ente de control, fuentes cercanas al tema le indicaron a SEMANA que esta no sería la única decisión en este sentido, pues todo apuntaría a que las empresas del Consorcio CCC –Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa– y la interventora –Ingetec– correrían con la misma suerte.

De confirmarse estas versiones, los efectos serían devastadores. Por un lado, estas compañías quedarían con las manos atadas para continuar operando en Hidroituango, pues los embargos no aplicarían solamente para las cuentas relacionadas con la obra, sino con todas sus operaciones; en ese sentido, tendrían que finalizar miles de contratos laborales y cerrar otras actividades. Por otro lado, Conconcreto y Coninsa están detrás de docenas de obras de infraestructura en Antioquia y en otros frentes en el país, así que la crisis no tendría precedentes para la economía regional y nacional.

Además, según el auto de Integral, las medidas cautelares permanecerán durante todo el proceso de investigación de responsabilidad fiscal, y, bajo este escenario, de embargarse a las otras compañías, los trabajos en Hidroituango se podrían paralizar hasta que no se emita un fallo al respecto, que, en estos casos, puede tomar años, pues la investigación comenzó en 2018.

Las consecuencias pueden ser graves: esta megaobra requiere de trabajos de mitigación permanentes para no poner en riesgo a las comunidades que se encuentran aguas abajo del muro de presa, por lo que una suspensión podría tener graves efectos. También pondría en problemas a EPM, que tiene la obligación de continuar con dichas obras de mitigación por orden de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Igualmente, si al final del proceso la Contraloría encuentra que los acusados sí son responsables fiscalmente, es el fin para todas estas compañías, pues, según expertos consultados, sus patrimonios no alcanzan para pagar los más de 4 billones de pesos que busca recuperar el ente de control. Y, como está la situación, puede que estas no aguanten hasta el fallo, sobre todo porque no contarán con la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y de nómina.

Tal vez, uno de los efectos más graves es que la promesa de generación del proyecto no se concretaría, produciéndole una crisis al sistema. Si en 2023 Hidroituango no está generando 17 por ciento de la energía del país, sería un freno para el desarrollo económico. Se anticipan aumentos en las tarifas de energía, y no se descarta un eventual racionamiento ante un fenómeno de El Niño intenso. Asimismo, EPM se enfrentaría a un panorama de multas que lo pondrían en jaque, sin contar con que sus acreedores ya lo tienen entre ojos después de la inestabilidad en la gerencia y el mal manejo del gobierno corporativo.

Con este telón de fondo, queda claro que la magnitud de una eventual decisión en esta dirección de la Contraloría tendría consecuencias monumentales. Y es que las acciones del ente de control para recuperar los recursos públicos irónicamente podrían convertirse en un tiro en el pie, ya que ni las empresas ni las personas naturales tienen la capacidad de responder a las pretensiones del proceso, y, además, la culminación de la obra estaría en suspenso. Es decir, el país se quedaría viendo un chispero, máxime cuando desde el mes de diciembre se firmó un nuevo contrato con estas mismas compañías para terminar el proyecto.

Pese a que el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le han tratado de bajar el tono al asunto y han hablado de un plan B para solucionar este nuevo traspié, lo cierto es que no la tendrán nada fácil, y este podría ser uno de los mayores tropiezos para el futuro de la obra desde la contingencia de 2018.

En este sentido, causa mucha preocupación que ni Carrillo ni Quintero hayan explicado cuáles serían los alcances de ese plan B, pues las necesidades de recursos son altas, y la tensión financiera también se vería reflejada en el flujo de caja de EPM y en su nivel de deuda. Lo que dijo Carrillo, en rueda de prensa, es que el dinero para la construcción corre por cuenta del conglomerado público o, en caso extremo, se abriría convocatoria para otras empresas. Y es que justo el año pasado, después de la demanda que se instauró en contra de CCC, una empresa china envió algunos emisarios a La Alpujarra, ya que estaban interesados en terminar Hidroituango.

Este problema mayúsculo que se ve de lejos, y que sumiría a Antioquia en una crisis sin precedentes, no le ha permitido a Daniel Quintero saborear una victoria importante en su pelea por EPM, pues la Contraloría le está dando toda la razón a su demanda y pretensiones. La decisión, hasta ahora, deja entrever que los errores se pagarán con dinero público, dinero de los contribuyentes. Entre los que han seguido este caso, resuenan las palabras filtradas de la junta directiva de la anterior administración, que ante la intención de demanda se negaron, puesto que los constructores eran socios estratégicos.

Sobre este tema, que causa escozor en Antioquia –EPM terminó firmando el contrato de construcción porque una empresa china era la más opcionada para quedarse con la licitación–, desde el Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín (Sinpro) se aseguró que para remplazar a CCC se estaría buscando a la empresa china que construyó la hidroeléctrica Tres Gargantas, la presa más grande del mundo. Se supone que para realizar ese movimiento EPM se ampararía en la urgencia manifiesta.

Por ahora, hay que tener respuestas claras de EPM frente a lo que viene. Si la Contraloría avanza en el embargo de las cuentas de las otras empresas, quedarían muchas preguntas sobre la mesa: ¿quién terminará el proyecto que atenderá 17 por ciento de la energía del país? ¿Quién garantizará que una eventual parálisis en las obras no afecte el muro de presa, el vertedero y la casa de máquinas? La última palabra, de momento, la tiene la Contraloría.