Nuevo espaldarazo de Naciones Unidas a la JEP

Pese a las críticas de diversos sectores en contra de la justicia transicional en Colombia, en su informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su respaldo a la implementación del Acuerdo Final de Paz y resaltó los avances alcanzados por la JEP y por las demás entidades que conforman el Sistema Integral para la Paz (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas). Se trata, sin duda, de un verdadero “espaldarazo” de Naciones Unidas a la JEP.

Según Naciones Unidas, en la investigación por secuestro, por ejemplo, se ha avanzando de manera significa al igual que en las indagaciones por las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

El secretario Antonio Guterres celebró que en 2021 se dictaron los primeros autos de determinación de hechos y conductas, y se dieron los primeros reconocimientos de responsabilidad por parte de los comparecientes.

De igual manera, el Secretario General de la ONU aseguró que “está previsto que las primeras sanciones propias de la JEP se dicten en 2022″. Añadió que “tanto la JEP como la Misión de Verificación de Naciones Unidas han acordado la composición, los objetivos y las funciones del Mecanismo de Monitoreo que estará a cargo de la verificación de las sanciones propias que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En el informe, Guterres también destacó que en octubre e 2021 el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, cerró el examen preliminar sobre la situación en Colombia y exhortó al Gobierno Nacional y a las entidades del Estado para que no escatimen esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Sumado a lo anterior, el Secretario General de la ONU afirmó que son alentadores los beneficios de la paz de los que fue testigo durante su visita a Colombia en noviembre de 2021. Sin embargo, reiteró su preocupación frente a las amenazas que están impidiendo la consolidación de la paz, principalmente la violencia que persiste en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo.

“Desde la firma del Acuerdo Final, los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes, los asesinatos a gran escala, los desplazamientos masivos y los confinamientos se han concentrado sobre todo en 30 municipios, ubicados en 12 de los 32 departamentos de Colombia, y en su mayoría guardan relación con la violencia causada por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Excepto tres, todos estos municipios están incluidos en los PDET y enmarcados en las circunscripciones transitorias especiales de paz”, alertó Guterres.

En general, dentro de los temas que resalta el informe están:

1. La participación de las víctimas: La JEP ha recibido 500 informes de víctimas e instituciones del Estado. Además, se amplió el plazo hasta marzo de 2022 para que las víctimas le entreguen sus informes a la Jurisdicción.

2. Comparecientes: Más de 13 mil personas se han sometido a la Jurisdicción: 74% de las extintas Farc-EP, 25% de la fuerza pública y 1% de agentes del Estado no combatientes.

3. Reconocimientos: 22 de los 26 acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad (entre ellos un exgeneral, dos excoroneles y un tercero civil reconocieron su responsabilidad ante la JEP, en el caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

4. Caso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado): Junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se recuperaron 46 cuerpos en Caquetá, entre los que se encuentran restos de excombatientes y, posiblemente, de niños reclutados a la fuerza por las FARC-EP.

5. En el Caso 05 (Situación en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca), la JEP realizó su primera audiencia con víctimas sobre los actos de violencia sexual y de género cometidos por miembros de las antiguas FARC-EP y la Fuerza Pública. Alrededor de 60 mujeres, 9 hombres y varios representantes de organizaciones de mujeres y de personas LGBTI expresaron su opinión y mencionaron desafíos relacionados con la inclusión del enfoque de género en los casos abiertos por la Jurisdicción

6. Medidas cautelares: En noviembre, la JEP ordenó al Gobierno adoptar medidas adicionales específicas, entre ellas elaborar un plan de acción para prestar asistencia a los familiares de excombatientes asesinados.