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Nuevo ‘round’: Armando Benedetti denunció penal y disciplinariamente a la magistrada Cristina Lombana. Estos son los argumentos
SEMANA conoció las denuncias interpuestas este 15 de agosto por los delitos de prevaricato y abuso de función pública.
SEMANA conoció la denuncia penal y la queja disciplinaria que interpuso el exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en contra de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien adelantaba varias investigaciones en su contra.
Las denuncias fueron radicadas este 15 de agosto, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por los delitos de prevaricato y abuso de función pública.
La defensa del exsenador advierte que la magistrada ha incurrido en varias irregularidades, la primera de ellas tiene que ver con la pérdida de competencia de esta Alta Corporación para seguir investigando a Benedetti.
La denuncia conocida por SEMANA señala que la Sala de Instrucción resolvió que desde el día en que Armando Benedetti fue designado embajador, la competencia para investigarlo pasó a ser de la Fiscalía General de la Nación, y en consecuencia remitieron a esa entidad dos de las investigaciones que tenía la magistrada Lombana. Sin embargo, en la denuncia, la defensa manifiesta que la magistrada no envió los procesos a la Fiscalía y, en cambio, “los retuvo arbitrariamente por casi un año, pese a haber perdido la competencia”.
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En los documentos a los que tuvo acceso SEMANA también se afirma que, pese a que no tenía ya la competencia para actuar en los procesos, la magistrada ordenó en tres oportunidades al Tribunal Superior de Bogotá hacer audiencias en la que pretendía que un juez de menor jerarquía decidiera todo lo contrario a lo que había resuelto la mayoría de la Sala de Instrucción de la Corte. Su objetivo, según denuncia la defensa, era quedarse con los procesos que cursaban contra Benedetti.
En su denuncia, la defensa también relata que en dos oportunidades dichas audiencias no se instalaron y que incluso el Tribunal le recordó a la magistrada por escrito que no podía ordenar ni solicitar este tipo de diligencias.
Sin embargo, una de las audiencias solicitadas por la magistrada Lombana sí se instaló y tras oír las intervenciones el magistrado manifestó que “de modo que como lo han dicho las partes e intervinientes no hay un conflicto a resolver” y ordenó devolver el expediente.
Pese a todo lo anterior, Armando Benedetti y su defensa denuncian que la magistrada siguió reteniendo las investigaciones y, con el pretexto de adelantar actividades de investigación en una de ellas, envió a uno de sus funcionarios a inspeccionar en la Fiscalía uno de los expedientes que ya habían sido remitidos, para conocer las nuevas decisiones reservadas que se habían adoptado en el proceso por parte del miscal Gabriel Jaimes, quien fue designado como fiscal del caso.
Tras este suceso, el fiscal Jaimes se manifestó diciendo que esto excedía las funciones de la magistrada. La defensa del exsenador denuncia que la magistrada insistió en ordenar al fiscal que debía entregarle copia de todas las decisiones reservadas que él había tomado en el proceso en el que ella ya no era competente.
Según advierte la defensa, la magistrada logró tener acceso al expediente y al no estar de acuerdo con ninguna de las decisiones adoptadas por el fiscal Jaimes ordenó a la Comisión de Disciplina que lo investigara, porque consideraba que el fiscal estaba desestimando pruebas que “claramente tenían vocación de sustentar los cargos” contra Benedetti.
Para Benedetti y su defensa, la magistrada no es un juez imparcial, pues consideran que “ya lo condenó” y que, por lo tanto, no puede seguir siendo ella quien lo investigue,
Finalmente, en su denuncia, Benedetti pide que se investiguen las filtraciones de las decisiones de la Sala de instrucción de la Corte, que son de carácter reservado, pues a pocas horas de que la magistrada ordenara investigar al fiscal delegado Gabriel Jaimes, la providencia ni siquiera estaba en el expediente y ya había sido compartida integralmente en medios de comunicación.
La denuncia penal y queja disciplinaria es un nuevo ‘round’ en esta pelea entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana y se suma a la recusación que interpuso la defensa de Benedetti contra la togada y que llevó a que se aplazara la indagatoria que había sido ordenada en su contra por el caso Fonade.
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Precisamente, hace pocas horas se conoció que la Corte Suprema, por decisión de la magistrada Cristina Lombana, citó a declarar el próximo 4 de septiembre al exgerente del Área de Desarrollo Territorial de Fonade, Jorge Iván Henao Ordóñez, para que rinda su declaración en el marco de las investigaciones que se adelantan en ese alto tribunal contra aforados constitucionales que estarían relacionados con este escándalo de corrupción. Este es uno de los procesos que cursa contra Armando Benedetti que todavía está en poder de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2018, Henao Ordóñez firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General en el que se comprometió a declarar en las investigaciones por las irregularidades en contratación con el fin que cesara la persecución en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Tras el aval, Henao empezó a entregar información frente a todas las personas que tuvieron conocimiento y responsabilidad en las irregularidades que se presentaron en Fonade.
En la citación hecha por el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, se advierte que la diligencia es de “obligatorio cumplimiento”. En la matriz de colaboración, que anunció la Fiscalía, se reveló que el testigo dio nombres detallados y la forma como participaron en la entrega del cuestionado contrato adjudicado en agosto de 2017 por Fonade a la empresa Certicámaras.
“También se exterioriza el interés indebido, específicamente el contrato mencionado, al ingresar a las instalaciones de Fonade de forma posterior y exclusivamente en la reunión sostenida entre Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, y el senador Armando Benedetti. Ingresos que ocurrieron antes y durante la adjudicación del contrato. También manifiesta su interés indebido al ingresar simultáneamente a Fonade con Elsy Mireya Pinzón, la asesora o funcionaria de la UTL del senador ya mencionado”, aseguró la fiscal del caso en esa oportunidad.