Vuelve y juega: nuevo round en la corte que podría destrabar elección de fiscal general

La interinidad en la Fiscalía General completa cuatro meses tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez y aún no coge fuerza la elección de un reemplazo. Este jueves, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunirán en Sala Plena para intentar ocupar las seis vacantes al interior del alto tribunal. De ello depende que el presidente Iván Duque destape sus cartas y envíe una terna de nombres de la que debe salir quien ocupará uno de los cargos más importantes del Estado.

La carrera en la corte es contra el tiempo y más si se tiene en cuenta que esta es una de las elecciones más politizadas. En los últimos años, la interinidad dejó de ser una excepción y así ha habido casos como el de Guillermo Mendoza Diago, que quedó encargado de la Fiscalía por un periodo de un año y cinco meses. Lo que hubo detrás de este largo encargo fue uno de los enfrentamientos más duros entre el gobierno Uribe y la justicia. En parte, por esta razón, la presidencia de Duque decidió guardarse a sus candidatos hasta que al menos la Corte Suprema de Justicia supere su déficit de magistrados. Actualmente, hay 17 magistrados cuando el total de la Sala Plena se compone de 23 togados; para que haya humo blanco en la elección de fiscal general se necesita que mínimo 16 togados esten de acuerdo.

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Internamente, la Corte Suprema de Justicia está en confrontación. Los magistrados tienen un reconocido compromiso para que las vacantes sean ocupadas por candidatos que tengan el respaldo de la sala a la que aspiran: laboral, penal o civil. El acuerdo consiste en que cada sala presenta a sus preseleccionados y el resto de la corte las respalda. Pero en esta ocasión cada bloque está jalando para su lado. 

En esta ocasión hay cinco magistrados que optaron por marcar la papeleta con el blanco, con lo que ningún candidato ha podido alcanzar una mayoría. Y se espera que esta situación se logre superar pronto.

Esta carrera al interior de la corte se agrava si se tiene en cuenta que a comienzos del año entrante los despachos de los magistrados Ariel Salazar y Rigoberto Echeverri estarán también desocupados por cumplimiento de su periodo. Es decir, con dos votos menos la Corte Suprema de Justicia se enfrentaría a una situación inédita dentro de sus cuentas y es no tener ni siquiera la suficiente cantidad de magistrados para tomar una decisión de esta envergadura. 

Aunque faltan meses para que el panorama más crítico ocurra, al interior de ese tribunal los ánimos están encendidos y hay quienes están dispuestos a llegar a este extremo para hacer respetar los acuerdos. 

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En este contexto, ha corrido la versión no oficial de que los tres candidatos a fiscal serán los coequiperos jurídicos del presidente. Se trataría de la Secretaria Jurídica de Palacio, Clara María González; Francisco Barbosa, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz. Por donde se le mire, una eventual terna de la entraña del presidente Iván Duque.   

A la carrera para la Fiscalía le podría salir otra arista. Y es que el Consejo de Estado tiene en su poder una demanda del observatorio jurídico Dejusticia que pide la nulidad del decreto 1163 de 2019, por medio del cual Duque modificó el proceso de selección del Fiscal. Para el observatorio, el argumento con el cual el presidente justifica la modificación del proceso es falsa, además de contribuir a que la elección carezca de la transparencia necesaria.  

La demanda podría atravesarse en los planes a Duque, principalmente porque pide que el Consejo de Estado dicte medidas cautelares para suspender el decreto con el que el Presidente cambió las reglas de juego para la selección de la terna. Los consejeros aún no se han pronunciado al respecto.

De ser avalada esta solicitud por los consejeros de Estado, el primer mandatario tendría que abrir cuanto antes una convocatoria para la inscripción de hojas de vida, además se tendría que permitir el espacio de debate ciudadano y, una vez surtidas estas etapas, podría proceder a elegir entre los candidatos. Es decir, se tendría que aplicar el proceso que implementó Juan Manuel Santos desde su presidencia en nombre de la transparencia y la publicidad.

Aunque se haga este proceso, es claro que el Presidente siempre ha matenido el sartén por el mango en lo que tiene que ver con la elección de terna para fiscal general. El decreto derogado establecía una serie de reglas que toman tiempo y que son defendidas por la sociedad civil. No obstante, en su aplicación, el asunto no parece cambiar las cargas. Así quedó en evidencia durante la pasada elección de terna cuando Santos envió a la Corte Suprema los mismos nombres que estaban cantados desde el comienzo: Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez. 

La nueva normatividad expedida eliminó estas etapas con el argumento de que son inconstitucionales. Para el Gobierno, elección del Fiscal está regulada por la Constitución y allí se le otorga plena libertad al Presidente para ternar a los candidatos. 

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