Judicial
“Nunca intervine en las decisiones que tomaba la ANI”, expresidente Santos se desmarcó frente al millonario otrosí con Odebrecht para Ruta del Sol II
El mandatario fue citado como testigo en investigaciones por supuestos hechos de corrupción en la Ruta del Sol II. Santos marcó distancia de este contrato, por el cual Odebrecht habría supuestamente financiado ilegalmente su campaña a la presidencia.
Una de las citas más importantes en el marco del juicio contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por la entrega del otrosí para la Ruta del Sol II, en el tramo Ocaña - Gamarra, se da hoy, con la presencia del expresidente Juan Manuel Santos. El exmandatario aprovechó su declaración para tratar de desligarse de este escándalo, que también atraviesa la presunta financiación ilegal de su reelección presidencial con dineros de la corrupta constructora brasilera Odebrecht, que, en ese momento, se quedó con el millonario contrato.
Como se sabe, en efecto, este contrato se prorrogó en 2010. Según testigos, parte de ese dinero habría terminado en la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Según varios de ellos, este dinero sí se usó para financiar la aspiración. Santos se distanció de todo lo referente al cuestionado contrato.
Aunque Santos fue citado como testigo en favor de Luis Fernando Andrade, en la primera parte de su declaración se dedicó más a defender su gestión y las obras que se realizaron en su gobierno, como si hubiese una acusación en su contra en esa diligencia.
Justamente su intervención empezó con la frase: “Estoy en esta audiencia no para declarar en favor de una persona, sino en favor de la justicia, para que se haga justicia”.
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Santos contó que él decidió liquidar la Instituto Nacional de Concesiones (Inco), que era considerada una cueva de corrupción, y por eso decidió crear la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): para dar el gran salto en infraestructura que requería el país. En esta naciente entidad, nombró al hoy acusado Luis Fernando Andrade, quien fue el que hizo el empalme y la transición.
“Nunca intervine en las decisiones que tomaba la ANI, yo tenía un gobierno muy organizado donde delegaba funciones, dejaba que los ministros y los directores operaran y que los resultados se cumplieran”, dijo Santos.
El cuestionado otrosí
En la diligencia, Jesús Yepes, el abogado de Luis Fernando Andrade, quien fue el que lo citó como testigo, le preguntó por el Contrato 001 de 2010, para la Ruta del Sol II, y si conocía los pormenores de esa obra. “Yo no recuerdo los detalles contractuales de los otrosí, además no me metía en eso, sí conocí este otrosí porque fue objeto de un conpes, en el que salió a relucir la importancia de esta vía”, dijo Santos.
Aseguró que se entregó por prórroga y no por licitación por argumentos financieros y que el contralor de ese momento, Edgardo Maya, le contestó que era lo más viable en términos financieros: “era más barato”.
Sobre posibles actuaciones ilegales de Andrade en este contrato, las cuales habrían significado dinero para su campaña de reelección dijo: “No, jamás me llegó a mí información en ese sentido, si me hubiera llegado, lo hubiera sacado inmediatamente y lo habría denunciado. Siempre en mi vida y como presidente enfrenté la corrupción, así he actuado, con total contundencia”.
La historia de Andrade es ya bien conocida. Ahora la Justicia deberá definir si este exfuncionario conocía y acolitó la corrupción en la megaobra Ruta del Sol 2, que acabó convertida en un escándalo por los sobornos de Odebrecht. La adición de la vía Ocaña-Gamarra, una obra adjudicada sin licitación al consorcio liderado por esa multinacional brasileña, motivó el primer proceso, que está llegando a etapa de juicio. El resto de los cargos fueron apareciendo por la dinámica del escándalo, que se convirtió en una obsesión nacional.
Paradójicamente, Luis Fernando Andrade consideraba la Ruta del Sol 2 y la adición el mayor éxito en su larga y exitosa carrera profesional. Reconoce que él tomó las decisiones estratégicas, pero que todas las instancias del Gobierno aprobaron las mismas de manera reglamentaria.
Antes de dirigir la ANI, Andrade había sido presidente en Colombia de McKinsey, la meca de las firmas de consultoría en el mundo. A esa posición solo llega alguien experto en costos, eficiencia y resultados. Y criterio le aplicó él al gran desafío de interconectar los puertos marítimos con el resto del país. Inexplicablemente, hace apenas diez años, esa integración crucial para las exportaciones no existía. Había tan solo vías menores, ajenas a los requisitos del mundo globalizado. Eso llevó al ingeniero y tecnócrata a considerar indispensable la adición Ocaña-Gamarra, que, efectivamente, conectó la troncal con los puertos.
En la audiencia de inicio del juicio oral, el ente acusador aseguró que Andrade tenía dos móviles para haber realizado esa megaobra de ese modo. El primero, que aspiraba a ser ministro de Transporte y consideraba que un proyecto espectacular como la Ruta del Sol y la adición lo ayudaría a obtener ese cargo. El segundo, que aceleró la adición Ocaña-Gamarra porque era necesario conseguir la plata de Odebrecht para financiar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
La investigación naciente por la Ruta del Sol III
Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), enfrentará este lunes su tercer juicio penal por el escándalo de Odebrecht en Colombia. La Fiscalía General presentará el escrito de acusación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Andrade, quien estuvo al mando de la agencia entre los años 2011 y 2017, tendrá que responder ahora por las presuntas irregularidades en la celebración y entrega del contrato por la Ruta del Sol 3, entre ellos los estudios y diseños para la construcción del puente largo en el municipio de Plato, Magdalena.
El entonces presidente de la ANI habría avalado de manera irregular dos adiciones (conocidos en la contratación como otrosí) en el año 2015, lo cual le permitió a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena).
En este caso también aparece salpicado el empresario Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de relección ‘Santos Presidente 2014′, pieza fundamental en el envío de mensajes y comisiones para que el contrato fuera direccionado y así beneficiar directamente a Odebrecht.
“Los procedimientos que debía adelantar debido a su cargo no fueron encaminados a satisfacer el interés general; por el contrario, privilegió los intereses individuales, logrando que una empresa subcontratista que no contaba con los requisitos de idoneidad ejecutara el contrato para los estudios y diseños del puente vehicular entre Plato y Zambrano”, explicó el fiscal del caso durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en marzo de 2021.
Por su labor, Prieto —quien actualmente se encuentra pagando una condena de cinco años de prisión— habría recibido 800 millones de pesos. Para finiquitar toda la entrega de las adiciones, se habrían realizado varias reuniones en hoteles del norte de Bogotá.
Para la Fiscalía, la presión que habría ejercido Andrade para que se avalaran estas dos adiciones se realizó por fuera de sus competencias, omitiendo por completo los principios de la contratación que él juró proteger y defender.
Andrade, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos, enfrenta dos procesos penales por las irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol II y la adjudicación de la adición para la obra de Ocaña-Gamarra, acciones que beneficiaron directamente a Odebrecht, así como a Episol (del Grupo Aval) y CCS Constructores.
“Aproximadamente entre los años 2009 y 2014, Odebrecht hizo y causó que se hicieran pagos corruptos por más de 11 millones de dólares en Colombia, para asegurar que le fueran adjudicados contratos de obra pública (…). Se tiene establecido planamente que el contrato Ruta del Sol II fue adicionado por la ANI, en cabeza de Luis Fernando Andrade, a través de los otrosíes 3 y 6, para incluir el trayecto Ocaña-Agua Clara-Gamarra-Puerto Acapulco”, rezaba el escrito de acusación con el que fue llamado a juicio en 2019.
Por estos hechos, fue acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio en calidad de determinador.
En los dos casos, Andrade se ha declarado inocente, señalando que todo hace parte de un montaje ejecutado por la Fiscalía General. En diferentes oportunidades, ha aclarado que no recibió presiones en esos procesos de licitación.