“O hizo parte de este entramado, o no ha sido capaz de cumplir”: Katherine Miranda a Karen Abudinen

En medio del debate de moción de censura en el Congreso contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para que responda por los 70.000 millones de pesos que se contrataron con la Unión Temporal Centros Poblados y que no aparecen, una de las que más cuestionó la gestión de la funcionaria fue la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde.

Miranda reveló varias inconsistencias que habría pasado por alto en el Ministerio y que generan alerta por como se ha adelantado el proceso. La congresista señaló que varios de los representantes legales de las firmas que componen la Unión Temporal Centros Poblados han estado envueltos en otros escándalos.

Lo primero que señaló Miranda es que Camilo Valencia Suescún, el apoderado de una de las firmas que entró en la licitación, fue asesor del despacho de Abudinen. “Y usted lo negó, dijo que no era verdad, que no hacía parte de su despacho”, comentó Miranda en el Congreso.

La congresista afirmó que posteriormente Valencia fue “premiado” con un contrato por 240 millones de pesos en la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, entidad adscrita al Ministerio.

La congresista se refirió a otros nombres polémicos involucrados en los contratos, como es el caso de Emilio Tapia y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, conocidos por ser condenados por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá y que estarían relacionados con los Centros Poblados.

Una de las firmas sobre las que Miranda generó más dudas fue la de Inter de la Costa a nombre de José Fernando Lorduy. “Le cuento, es hermano de Carolina Lorduy, que tuvo una relación con Emilio Tapia y de allí tienen una hija”, explicó Miranda.

Asimismo, con respecto a la firma ICM Ingenieros, la congresista dijo que el representante legal es Jorge Rozo Barragán, hermano de Luz Zoraida Rozo, esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, también condenado por ese escándalo.

“Acá se evidencia claramente la relación del carrusel de la contratación con estas empresas”, cuestionó Miranda.

Otro de los nombres sobre los que Miranda generó dudas fue el de Karen Estefanía Pupo Benito, quien es actualmente la suplente del representante legal de Omega, otro de los contratistas. La congresista dice que Pupo perteneció al equipo legislativo (UTL) de la senadora Dayra Galvis, de Cambio Radical.

“Miente cuando dice que no conocía esto. No hay que ser experto para revisar quién es quién. Miente cuando dice que no sabía de esta relación”, le dijo Miranda a Abudinen. La congresista agregó que en medio de todo el proceso hubo una solicitud de revocatoria directa presentada por la red de veedurías ciudadanas que habría sido omitida.

“Ministra, pague 6.000 pesitos y se da cuenta de cómo modificaron en las cámaras de Comercio el objeto de estas empresas para poder cumplir, 8 días antes de presentarse a la licitación”, afirmó la congresista de la Alianza Verde.

Miranda le cuestionó a Abudinen que los dineros hayan salido del país como se ha dicho. “¿Está segura que los dineros salieron del país, o por lo menos los 58.000 millones de pesos? La plata no salió del país o por lo menos no ha salido de manera legal”, enfatizó la parlamentaria.

Luego, la cuestionó fuertemente diciendo que pecó por acción u omisión en este caso. “O hizo parte de este entramado -cosa que quiero poner en duda- o por el contrario, usted no ha sido capaz de cumplir con uno de los objetivos que tiene el Ministerio y su cartera, y su cargo como ministra, y es el cuidar los recursos públicos como sagrados”, cuestionó Miranda.

Asimismo, al igual que varios miembros de la oposición, le pidió su renuncia. Dijo que si no se aparta del cargo le hará un enorme daño al país. Y cuestionó a los congresistas que la apoyen diciendo que compartirán la responsabilidad que pueda haber sobre la ministra en este caso.