Obispos denuncian grave situación humanitaria de indígenas en Murindó y Mutatá, Antioquia

En una rueda de prensa para medios de comunicación, convocada este 17 de marzo en las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia (con sede en Bogotá), los representantes de la Iglesia católica en el país y líderes indígenas de Antioquia denunciaron la grave situación humanitaria que viven las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Murindó (Antioquia).

El grupo que se adentró en el territorio estuvo compuesto por las delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico.

Al visitar los cabildos de La Isla y Turriquitadó Llano, constataron que tanto el grupo guerrillero “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) como los paramilitares autodenominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), en su disputa territorial han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes.

“Los grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito, y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona”, reza el comunicado emitido por la conferencia episcopal.

“Estamos confinados por la siembra de minas y los combates”

Como consecuencia de la presencia y el accionar de los grupos armados, las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades, así como pérdida de su autonomía. El ELN ha instalado minas antipersona en los cultivos y caminos de las comunidades.

“Los indígenas no nos merecemos esto. Estamos confinados por la siembra de minas y los combates. Nuestra supervivencia depende de salir al río a pescar, de recoger el alimento en la tierra y las minas no nos lo permiten hacer”, denunció Amelicia Santa Cruz, representante de la Organización Indígena de Antioquia.

Los habitantes de Turriquitadó Alto debieron desplazarse a Turriquitadó Llano, debido a que las AGC obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes, herido por una mina antipersona hasta este último lugar.

Al enterarse el ELN de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersona dentro de sus viviendas y frente a la escuela.

“Las familias desplazadas son 25 (140 personas), pero hubo cuatro familias (20 personas) que no pudieron y están absolutamente confinadas e incomunicadas”, dice el comunicado.

“Denunciamos la ausencia de medidas efectivas para proteger la vida de la comunidades indígenas. Reiteramos a los grupos armados ilegales que deben respetar la autonomía indígena y al Gobierno le exigimos activar una ruta de atención para atender la crisis”, expresó Germán Valencia, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En diálogo con SEMANA, el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, instó al Gobierno nacional y los actores armados a buscar una solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, “hundirá a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin”.

“Nosotros creemos en el poder del diálogo: estamos dispuestos a acompañarlo. Hemos hecho una llamado a la conciencia de los grupos armados ilegales para sentarnos a dialogar, a solucionar pacíficamente el conflicto armado. Porque esta guerra nos va a dejar muchos muertos: del Ejército, de la Policía, de los combatientes, pero sobre todo de la población civil”, expresó Barreto, quien advirtió que, de ser ignorados estos llamados de alerta, “en cinco años podríamos vivir una guerra absoluta”.

“En Mutatá, muchos indígenas se han quedado a vivir en el poblado porque temen caer en una mina antipersona o quedar en medio de un combate”.

La situación en estos territorios se agrava a cada minuto, pues las Autodefensas Gaitanistas han amenazado a algunos integrantes de la comunidad de Turriquitadó Alto porque los consideran colaboradores del ELN.

De otro lado, en la comunidad de Isla, un niño de doce años fue víctima de una mina antipersona el 28 de febrero de 2021. Allí, los indígenas viven en situación de confinamiento por las minas. Allí el ELN ha llevado a cabo asesinatos selectivos y ha amenazado a otros integrantes en los últimos dos años.

“En Mutatá muchos indígenas se han quedado a vivir en el poblado porque temen caer en una mina antipersona o quedar en medio de un combate”, reveló el obispo Hugo Torres. Después de cinco semanas de confinamiento, apenas empiezan a llegar las primeras ayudas humanitarias.

“Las comunidades se sienten solas e indefensas para afrontar estas grandes dificultades”, añadió el prelado. “Preocupa grandemente que las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la Fuerza Pública. Esta situación ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho muy visible en toda la cuenca del río Atrato, de tal modo que la población civil, que requiere de la protección de la Fuerza Pública, se siente insegura y desconfiada por el temor que le genera la alianza entre agentes del Estado y actores ilegales”, puntualizó el comunicado.

Este es el texto completo del comunicado de la Conferencia Episcopal: