¿La Farc en el limbo?

Si algo les sobró tanto al Gobierno como a las Farc durante los cuatro años que duró la negociación en La Habana fue su voluntad de paz. Chocaron, se enfrentaron, pero también se transformaron, superaron crisis, y terminaron por encontrar puntos en común en medio de las más profundas diferencias. La intención que tenían estos dos enemigos acérrimos se puso a prueba en muchos y muy difíciles momentos, y los superaron todos. Ahora, sin embargo, después del plebiscito, llega la segunda prueba más ácida, la más difícil, e inesperada.

La promesa con la que el partido de gobierno se ganó la confianza del electorado comenzó a tomar forma y las extintas Farc recibieron el golpe más duro y, de paso, quedaron en un limbo peligroso. Aunque Timochenko salió la noche del domingo a reiterar que el "compromiso es con cada colombiano en cada lugar del país, con la verdad, con las víctimas, con la paz" la realidad es que la incertidumbre los golpea a ellos más que a nadie. Al quedar sin piso la justicia de paz, queda en vilo su reincorporación judicial, minada la confianza que tienen en el proceso, y lo peor de todo, sin que se sepa por cuánto tiempo.

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El anuncio del presidente Iván Duque de objetar seis puntos de la Jurisdicción Especial de Paz y anunciar proyectos de reforma constitucional para transformar otros tres, le quitó una gran bocanada de oxígeno a la implementación de los acuerdos que se pactaron hace dos años. La asfixia es significativa si se tiene en cuenta que compromete el órgano más importante que se creó en toda la negociación: la justicia transicional, encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco y con ocasión del conflicto. Pero no solo en la institucionalidad llamada a encarar el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición se sienten los efectos, también en el diario vivir de los que están directamente involucrados. 

En medio de la dificultad que han tenido las Farc para mantenerse cohesionadas una vez dejaron su carácter militar, el golpe de este fin de semana llega a terminar de lesionar los liderazgos entre los excombatientes y, sobre todo, la confianza de muchas de sus bases en el proceso. En su mayoría, una desconfianza fundamentada no solo en la constante intervención de los acuerdos, sino en la transformación de líneas rojas como la objeción al "parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables". A la fecha, mientras los exmiembros del Estado Mayor Central rinden cuentas ante la JEP por el caso 001 abierto por secuestro, bajo la figura de la amnistía de iure, más de 7.405 excombatientes que estaban implicados en delitos políticos como rebelión, sedición, asonada y conspiración, ya resolvieron su situación jurídica. 

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"Cumplieron la promesa de hacer trizas el acuerdo. Con la decisión están dejando en una situación de inseguridad jurídica a los excomabatientes que confiamos en este sistema especial para alcanzar no solamente la justicia, la verdad y la no repetición, sino fundamentalmente un clima de reconciliación y convivencia en el país. Si uno se da un paseo por los espacios de reincorporación puede tomar el pulso de lo que se está viviendo. Esto nos deja en una situación de zozobra", le dijo a SEMANA el representante a la Cámara Benedicto de Jesús González que desde hace unos meses asumió la curul que le había sido asignada a Santrich.

La Farc no irá a la guerra mañana, pero con el anuncio del presidente Duque se mantienen en el proceso sobre la base de una premisa: defender lo acordado. El texto del acuerdo de La Habana ya reposa en Berna, Suiza, y en teoría se puede asimilar al desarrollo de un tratado internacional. Esa idea, que muchos juristas rechazaron de plano al principio, hoy se convirtió en su as bajo la manga. Para hacer valer el blindaje, los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), anunciaron que tocarán las puertas de la comunidad internacional no solo para que haga cumplir los compromisos que suscribió el Estado, sino también para que ante las diferencias, y la mala comunicación, revivan su carácter de agente intermediador. Esta fue una negociación rodeada por países garantes como Noruega, Cuba, y con todo el respaldo de la ONU, habrá que ver en el transcurso de los días qué decisión adoptan. 

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"No van a descansar hasta hacer trizas el acuerdo. Por eso hicimos un llamado a la comunidad internacional. Lo hicimos a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI). Seguiremos compareciendo en los distintos casos que la JEP esté armando, pero no cabe duda de que lo que está haciendo el presidente mina la confianza del país en la jurisdicción (...) cuando  fue un trabajo serio, de profesionales éticos y con experiencia. Quienes firmamos el acuerdo contábamos con que la justicia transicional traería un tiempo mejor para el país", le respondió a este portal la senadora Victoria Sandino. 

Para la congresista de la Farc es menester "seguirle apostando al cumplimiento del acuerdo de paz tal como se estableció en La Habana. De hecho lo firmamos dos veces: una en La Habana y otra en el Teatro Colón. No puede ser manipulado, pedasiado mientras se atenta contra la posibilidad de paz", dice. Y agrega: "Nadie firma un acuerdo para que no se cumpla o después de la firma se venga una andanada para desfigurarlo". En esa misma orilla, se encuentra su homóloga Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda: "Al objetar la ley estatutaria Duque demuestra otra vez su intransigencia e irrespeto a las decisiones de la Corte Constitucional, dilata los procesos del sistema de justicia del acuerdo de paz y juega con los derechos de las víctimas".

La noticia cayó en el partido de la rosa como un baldado de agua fría. Si bien, como advierten ellos, "se veía venir",  los efectos que tenga la decisión apenas se comenzarán a medir. ¿La razón? A pesar que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, anunció hace unas horas que la decisión no tendrá efectos sobre la labor que vienen cumpliendo con la apertura de al menos siete casos, el nuevo escenario sí que pone a prueba la voluntad que tienen de comparecer a los estrados los excomandantes de las Farc que como Iván Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchán, se marginaron desde hace meses de la implementación del acuerdo. 

"Hay otros temas que se van juntando: esta decisión que anunció el Gobierno y el fin de la reincorporación que concluye el 1 de agosto. Ese día acaba el aporte de los suministros y la renta básica que se le entrega a cada excombatiente. Este escenario que se ve venir puede propiciar una situación de desbandada en algunas zonas", dijo González. Y agregó: "No hay situaciones ni garantías. Cualquiera de los antiguos mandos están en una situación de inseguridad jurídica que se traduce en cárcel en Colombia o extradición a Estados Unidos". 

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Los reflectores se centran especialmente en dos de los 31 excombatientes que fueron citados por la JEP esta semana por el caso 001 que hay abierto por secuestro. Aunque el exjefe del equipo negociador de esa guerrilla, Iván Márquez, tiene a su favor que a la fecha ha cumplido las solicitudes de la jurisdicción de paz y tiene quien lo represente, el nuevo escenario termina de desdibujar las posibilidades que hay de que asistan el jeves a su cita en Bogotá. Después de alegar durante más de seis meses que no hay seguridad jurídica, encontró un motivo.  Por eso, al exguerrillero le quedan tres escenarios: 1) presentarse en el edificio de la JEP en el norte de Bogotá, lo que es muy poco probable. 2) alegar, como viene haciendo, problemas de seguridad y solicitar el encuentro en alguna parte del territorio o entregar su relato vía web. 3) por el contrario, guardar un silencio que obligue a los magistrados a abrirle un incidente de verificación de incumplimiento. 

El Paisa la tiene más difícil. No solo por la mala relación que ha tenido con la justicia transicional, sino porque en su contra ya pesa una investigación por un incidente de verificación e incumplimiento por no entregar el primer reporte que le solicitó la JEP. Si el excomandante de la Columna Teófilo Forero no comparece el próximo 18 de marzo, cuando tiene el encuentro programado, terminará de dar motivos a quienes llevan el proceso en su contra. Con ello, se confirmaría la opinión de un conocedor del tema: “A El Paisa solo lo salva un milagro”.

Mientras se aclaran los escenarios a los que se enfrentan los miembros del partido de la Farc que dieron el salto a la legalidad, decenas de sus militantes se fueron en contra de la decisión que tomó el presidente. "Objetar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP demuestra que a los enemigos de la paz no les interesa que Colombia conozca la verdad, no permitamos que la hagan trizas. La paz se construye con voluntad!", aseguró a través de su cuenta de Twitter el senador Pablo Catatumbo. Minutos después hizo lo propio Carlos Antonio Lozada: "Sí existen enemigos de la paz presidente Iván Duque y se agazapan en afirmaciones falsas contra la JEP. Las objeciones a la ley estatutaria y propuesta de modificación buscan socavar más los fundamentos del acuerdo para proteger a quienes le tienen miedo a la verdad". 

La idea de renegociación que se avecina después de cuatro intensos años de diálogo en La Habana que ahora se replicarán con más intensidad en el Congreso no deja de ser abstractos. Si renegociar implica que los antiguos miembros de esa guerrilla acepten ir a la cárcel y renunciar a participar en política, es irreal que ello ocurra. La Farc defenderá lo acordado a través de la movilización social, para generar presión política para que se respete como están convocando algunos para el próximo 13 de marzo. "Llamamos a toda la ciudadanía, a los amigos de la paz, a quienes defendemos el acuerdo, a pronunciarse frente al daño que el presidente Duque está haciéndole al país", concluyó Sandino.