Se le enredó la pita a Duque con las objeciones a la JEP

Desde que a mediados de marzo el presidente Iván Duque presentó las objeciones a la JEP, se especuló que Cambio Radical tenía la llave para hundirlas o salvarlas. Los demás partidos participaron de una alineación rápida y relativamente predecible. La mayoría de los conservadores, Mira, Colombia Justa Libres y el Centro Democrático, decidieron apoyar de plano al Gobierno. Los liberales y La U reivindicaron su papel político frente a la paz y decidieron con prontitud votar en contra. Pero los días pasaban y Cambio Radical no se decidía.

Sin embargo, la semana pasada, llegar a una conclusión fue inevitable. Después de varias confrontaciones con la casa Char, que tiende a respaldar al uribismo, Germán Vargas Lleras convocó a la reunión de bancada en la que votaron. De 30 senadores y 16 representantes, la mayoría escogieron hacerlo contra las objeciones y darle la espalda a la iniciativa del presidente Iván Duque. Vargas, además, señaló que esa decisión era vinculante. En otras palabras, que todos los congresistas deben obligatoriamente votar de esa manera. (ver artículo en la página 30).

Con la decisión de Cambio Radical, las cuentas se definen a favor de quienes defienden la idea de que los acuerdos de paz no se deben modificar. Sin contar a la Farc, cuyos miembros están impedidos por tener que presentarse a la JEP; y a otros políticos que se declararon impedidos en el trámite de la ley estatutaria de la JEP en 2017, votarían contra las objeciones el 60 por ciento del Senado y dos terceras partes de la Cámara. Entre la Alianza Verde, el movimiento Mais, el Polo, la lista de la Decencia, la UP, el Partido Liberal, Cambio Radical y la mayoría de La U, en contra del Gobierno votarán 102 representantes a la Cámara y 60 senadores (ver gráfica).

En la consolidación de las mayorías contra el Gobierno han jugado varios factores. El primero de ellos, tiene que ver con la dinámica política que fue tomando el debate. El mandatario insiste en que solo objeta seis de más de 150 artículos de la ley de procedimiento de la JEP, y que no toca su estructura, pero lo cierto es que la opinión pública entendió que objetar esa ley era revisar el acuerdo de paz. Antes de eso, los discursos iniciales de Duque a favor de la reconciliación habían generado la creencia en sectores del poder y de la opinión de que la página del acuerdo de paz ya estaba pasada.

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Pero no fue así. Después del atentado del ELN a la Escuela General Santander, Duque endureció sus posiciones. Eso le permitió mejorar en las encuestas. El planteamiento estratégico del Gobierno fue claro: ante tan baja popularidad (menos de 30 por ciento en diciembre), había que rescatar al menos el apoyo político de quienes llevaron a Iván Duque a la presidencia. Hizo las objeciones a la ley de la JEP no solo por convicción, sino por oportunidad política. Al hacerlo, Duque tomó distancia del centro y la izquierda y volvió a sintonizarse con sectores radicales del Centro Democrático, por un lado, y con parte de la ciudadanía a la que él le prometió en campaña hacerle ‘ajustes’ a los acuerdos, por el otro. Después de objetar, las relaciones entre Iván Duque y el uribismo recuperaron fluidez.

Pero Duque no contó con que el tema generaría tantas reacciones en contra. La primera, como era previsible, vino de sectores de centro e izquierda. El movimiento Defendamos la Paz aglutinó figuras de la Farc, el Polo Democrático, la Alianza Verde, así como exministros, académicos y directivos de La U, el Partido Liberal y Cambio Radical. Entre todos firmaron una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, para pedirle fortalecer el seguimiento a lo acordado en La Habana.

No se sabe si por cuenta de esa comunicación, la comunidad internacional cerró filas en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, que por los días de las objeciones estaba en el ojo del huracán debido a un escándalo de corrupción en el que participó uno de sus fiscales. Con diplomacia, la ONU, la Corte Penal Internacional, los países garantes del acuerdo de paz y la mayoría de embajadores de la Unión Europea rodearon a ese tribunal y clamaron por que cuente de forma rápida con una ley de procedimiento.

Internamente, las objeciones de Duque también generaron reacciones en contra. El 18 de marzo tuvo lugar una marcha de rechazo, que no fue de poca monta.

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En el Congreso, la intervención del procurador Fernando Carrillo en contra de las objeciones de la JEP, tuvo una incidencia enorme en la configuración de una mayoría opuesta al Gobierno. Si bien el fiscal Néstor Humberto Martínez se convirtió en el principal vocero de la decisión presidencial de objetar, Carrillo le tomó la delantera con argumentos más cercanos al interés de los congresistas. Así, mientras las intervenciones de Martínez se centraron en las razones de ‘conveniencia’ de las objeciones, las críticas del procurador tuvieron que ver con asuntos de legalidad. “Las objeciones de Duque ponen en alto riesgo la institucionalidad del país”, aseguró al señalar que el presidente no puede cuestionar un texto que ya ha pasado la revisión constitucional. Aunque la corte terminó por validar el derecho del Congreso a discutir el proyecto, entre los congresistas quedó la sensación de que Carrillo había insinuado que quien votara favorablemente las objeciones podría extralimitarse y prevaricar.

Además de que muchos congresistas quedaron temerosos de votar a favor de las objeciones, el Gobierno no le ha sabido dar un adecuado tratamiento político al tema. La ministra del Interior ha estado concentrada en la minga y poca atención ha tenido para las objeciones. Tampoco lo ha hecho la ministra de Justicia, a quien le correspondería el tema. El vocero del Gobierno, en plata blanca, ha sido el fiscal.

La situación no deja de complicar las relaciones del Gobierno con el Congreso. En La U, hay molestias porque, a pesar de declararse gobiernistas, el Ejecutivo los ha dejado por fuera de los cargos de alto nivel. A eso se suma el hecho de que Aurelio Iragorri, su director, ha sido una de las figuras más insistentes en el apoyo a la paz. Igualmente César Gaviria, director del Partido Liberal, para quien la integridad de la JEP se ha convertido en un tema de honor.

El Gobierno venía trabajando en la posibilidad de acercar a Cambio Radical a la coalición mayoritaria. Sin embargo, las presiones a uno sus senadores para votar el Plan de Desarrollo contra la voluntad de Germán Vargas, generaron el efecto contrario. Esa molestia, sumada a consideraciones legales, lo llevaron a avalar la decisión de su bancada de oponerse a las objeciones.

Desde que Duque anunció las objeciones, expertos en política anotaron que esa decisión podría traerle dificultades en el Congreso. Y eso precisamente sucedió. Los liberales, Cambio Radical y La U parecen hoy debatirse entre la independencia y la oposición. Sacar adelante el Plan de Desarrollo en las comisiones económicas no fue fácil. Y ahora, a menos que el Gobierno ceda a la tentación de repartir mermelada, tampoco lo será sacar adelante otros temas como la ley de las Tic o la reforma política. Las objeciones reforzaron fracturas políticas y tuvieron efectos sobre la gobernabilidad que ya empiezan a sentirse.