Sube la temperatura: las objeciones tienen la polarización al límite

"El proceso con los paramilitares –que lideró Álvaro Uribe– no fue sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano”. Con esas palabras, el senador Gustavo Petro abrió fuego en lo que habría de convertirse en la bronca política más agresiva de las últimas semanas. Con esto quería insinuar que el expresidente Uribe había sido inconsistente. Petro sugería que Uribe había aceptado la conexidad entre el delito político y el narcotráfico para facilitar el proceso de Justicia y Paz con los paras, pero que ahora atacaba a la JEP con el argumento de que esa conexidad aplicada a las Farc sería inaceptable.

Ante ese planteamiento, Uribe no se quedó quieto. Visiblemente alterado le contestó a Petro con la frase de la semana: “Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”. Y al sentarse le dijo tres veces, mientras lo miraba a los ojos, “¡Sicario, sicario, sicario!”. En este tiempo de polarización, las confrontaciones entre los dos bandos, por lo general, no sorprenden. Sin embargo, dado el peso de los protagonistas y la gravedad de las acusaciones, hay que concluir que la temperatura política del país se está desbordando.

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Las acusaciones mutuas no eran el fondo del asunto. Cuando Petro afirma que en el proceso de desmovilización de los paramilitares hubo mucho narco y mucho colado, tiene razón. Sin embargo, Uribe al final extraditó a los jefes y hoy están presos en Estados Unidos. El proceso de paz de Santos tuvo más controles que el de Uribe, pero también hubo colados. Los dos aceptaron la conexidad entre el narcotráfico y el delito político como un requisito para que sus respectivos grupos armados se desmovilizaran, pues ningún cabecilla se iba a entregar para que lo extraditaran como narcotraficante. Esa conexidad solo existió para desmovilizar a los paras y a las Farc, pero después de eso quedó eliminada. Si resucita la mesa de diálogo con el ELN, las partes tendrán que encontrar la forma de negociar sin ese instrumento.

“Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando", le dijo Álvaro Uribe a Petro.

En todo caso, la disputa de la semana pasada no tuvo su verdadero motivo en esa conexidad, sino en las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Desde que el presidente Iván Duque las presentó en marzo pasado, se sabía que iban a revivir las hondas fracturas derivadas del fracaso del plebiscito de Juan Manuel Santos. Con las objeciones, la política se volvió a dividir entre los defensores del Sí y los del No. 

Iván Duque

Luego de la contundente derrota del Gobierno en la Cámara en el tema de las objeciones, muchos pensaron que el partido de gobierno iba a bajarle el nivel a la insistencia en votarlas en el Senado. Más aún cuando, desde hace varias semanas, está claro que excepto los uribistas y unos pocos conservadores, ninguna corriente está dispuesta a avalarlas. La U, el Partido Liberal y Cambio Radical fueron enfáticos en que no las aprobarán, con el argumento de que van en contravía de lo acordado en La Habana. Pero, sobre todo, porque la Corte Constitucional ya avaló la ley estatutaria de la JEP.

Pero el Centro Democrático no se había resignado a una derrota. Para comenzar, puso en marcha una operación tortuga implementada por el presidente del Senado, Ernesto Macías, quien desde un comienzo ha batallado contra la ley estatutaria. En febrero se descubrió que el senador habría tratado de engavetarla, puesto que no la había enviado a la Presidencia de la República, a pesar de estar lista para sanción desde el año pasado. En ese momento le echó la culpa de la demora a “problemas con una impresora”.

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La operación tortuga continuó cuando Macías anunció que iba a entutelar el trámite de las objeciones en la Cámara, argumentando que ha debido hacerse simultáneamente en esa instancia y en el Senado. Esa tesis llegó a generar ruido, hasta que varios prestigiosos juristas le bajaron su alcance cuando demostraron que ninguna norma exige que Cámara y Senado actúen de ese modo en esta situación.

Finalmente, ya cuando todo estaba listo para votar, Macías no cedió a la presión de la mayoría de los senadores que querían hacerlo el miércoles pasado. Ni siquiera lo hizo después de que los verdes, los petristas y el Polo Democrático pidieron poner esa votación en el primer orden del día. Para ello hicieron uso de un derecho que les da el Estatuto de la Oposición de definir el orden de la agenda tres veces en cada legislatura.

Ernesto Macías y Alejandro Carlos Chacón, presidentes del senado y la cámara, tuvieron un duro enfrentamiento por las objeciones y rompieron la armonía entre ambas corporaciones.

Al malestar de los opositores y su enfrentamiento con el presidente del Senado se sumaron las inquietudes de Cambio Radical y de La U, bancadas que también estuvieron de acuerdo con salir pronto del tema de las objeciones. Antes de la pelea entre Petro y el expresidente Uribe ya el ambiente estaba caldeado por cuenta de la operación tortuga de Macías.

Al enfrentamiento del presidente del Senado con la mayoría de los senadores se sumó el de Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, cuando se enteró de que Macías pensaba entutelar la votación de la Cámara sobre las objeciones con el argumento de que el Senado debía votar primero. Esto sorprendió, pues por lo general las dos mesas directivas suelen llevarse bien. Chacón, del Partido Liberal, presidió hace tres semanas el debate que rechazó las objeciones, y ahora, refiriéndose a Macías, afirmó: “Cualquier bachiller puede interponer una tutela”.

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Ante este bloqueo, el expresidente Uribe tuvo una salida ingeniosa. Pidió hasta el lunes para lograr un acuerdo político con otras fuerzas en busca de salvar dos de las seis objeciones: una, la que tiene que ver con la necesidad de agilizar la extradición; y otra, la que busca evitar que narcotraficantes se cuelen en la JEP.

Esas son las únicas dos objeciones que entiende la mayoría de ciudadanos. La primera se refiere a que la JEP detenga la extradición de personas involucradas en el conflicto a cambio de que ofrezcan contar la verdad, sin establecer ningún plazo para hacerlo. La segunda tiene que ver con quién decide si alguien entra, sale o se queda en la JEP.

No obstante, a estas alturas el gran acuerdo político que proponía Uribe parece inviable. Pedirle a La U, a Cambio Radical y a los liberales cambiar de posición después de haberse dado la pela contra las objeciones en la Cámara es casi un imposible. A los pocos minutos de que Uribe hizo la propuesta, Germán Varón, mano derecha de Germán Vargas, y el liberal Luis Fernando Velasco aseguraron que sus partidos no cambiarían su postura.

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Los congresistas concluyeron que ninguna situación jurídica o política ha cambiado desde que rechazaron las objeciones en la Cámara. La ingrata labor de convencer a los convencidos recayó en la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Sus buenos oficios no tuvieron mucha acogida, y fracasaron sus intentos por tender puentes con César Gaviria y Germán Vargas para invitarlos a discutir sobre las dos objeciones que planteó Uribe.

La otra dificultad para hacer posible un pacto político en torno a las objeciones tiene que ver con el poco protagonismo que ha asumido el Ejecutivo para buscar ese acuerdo. Sin representación política ha tenido poco margen de maniobra, y las presiones burocráticas del Gobierno han sido muy fuertes.

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Después de la tempestad que ha generado el debate de las objeciones, muchos esperan que su hundimiento en el Senado le de paso a una paz política o, al menos, a un debate menos emocional y calenturiento. En todo caso, doblar la página de un capítulo que distrajo al país en forma innecesaria hará que el Gobierno y el país puedan dedicarles su tiempo y sus esfuerzos a superar los desafíos de una Colombia cuyos flagelos no dan tregua.