Obras inconclusas y otras deficiencias en contratos viales: lo que halló la Contraloría en Antioquia

A través de una actuación especial de fiscalización, la Contraloría general revisó tres contratos que fueron suscritos para ser financiados con recursos del departamento de Antioquia y halló presunta responsabilidad administrativa e incidencia fiscal, por $24.253 millones.

El resultado de la actuación especial, autorizada por el contralor general Felipe Córdoba, pone en evidencia las dificultades que han tenido algunas obras de rectificación y pavimentación de las vías Puente Iglesias -La Ye- El Líbano y La Lorena –Maratón.

Según la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura y la Gerencia Departamental del organismo de control, en Antioquia habría hallazgos de tipo administrativo que tuvieron presunta incidencia disciplinaria y también fiscal, por valor de $24.253′860.418.

Desde los estudios hasta la supervisión

Según estableció la Contraloría, desde la etapa de planeación empezaron los problemas. “Los estudios y diseños iniciales no fueron adecuados y no permitieron que los contratos de obra se pudieran ejecutar al 100 %”, dice el documento.

Ya en la etapa contractual, de acuerdo con lo establecido por el organismo de control, “se evidenciaron falencias en las actividades de vigilancia a cargo de la entidad contratante, al igual que debilidades en la interventoría y supervisión, por cuanto los objetos contractuales no han sido recibidos a satisfacción”.

Adicionalmente, en la etapa postcontractual, la entidad no hizo uso de la potestad de liquidar unilateralmente ningunos de los contratos.

La fiscalización hecha por la Contraloría puso la lupa en el contrato 4600010093 de 2019, en el cual, se entregó al contratista de obra un anticipo por $5.280′.670.603, del cual quedó un saldo pendiente por amortizar, de $2.650′́579.973. No obstante, según pudo corroborar el ente de control, “ni la Gobernación de Antioquia ni la Interventoría realizaron las gestiones necesarias y suficientes para garantizar un correcto manejo de este anticipo ni para la recuperación del saldo no amortizado del mismo”.

Es así como, en el contrato en mención, las obras ejecutadas no han sido recibidas a satisfacción pese a que el contrato finalizó en el primer trimestre del 2021, por vencimiento del plazo de ejecución.

“Las obras objeto del contrato no se terminaron, se encuentran inconclusas y no prestan la utilidad para la cual fueron contratadas”, indica.

El detrimento del patrimonio público parecería inminente, ya que, según la contraloría delegada en el tema, “actualmente las obras se encuentran deterioradas y afectadas por su exposición a la intemperie, y sin prestar el beneficio esperado”. En este caso, el posible daño patrimonial a los recursos públicos sería de $20.184′517.507, teniendo en cuenta que ese fue el valor pagado al contratista de obra, a diciembre de 2020.

Más irregularidades

Otro de los contratos mencionados por la Contraloría es el de interventoría registrado con el número 4600010117 de 2019.

De acuerdo con lo establecido por el organismo de control, “se evidenciaron debilidades e irregularidades en las actividades de interventoría, de control y vigilancia de la actividad contractual a cargo de la entidad contratante, por cuanto, la obra se encuentra inconclusa y no presta la utilidad para la cual fue contratada”.

También en este caso se trata de un contrato vencido. De hecho, su vencimiento se produjo hace casi un año (el 4 de mayo de 2021). Se habían realizado pagos equivalentes al 73,3 % del valor total ($1.959́'934.196), con corte a diciembre 28 de 2020.

También falló la consultoría

En el documento de la Contraloría también se menciona el contrato 4600007123 de 2017, en el cual, “se evidenció que los estudios y diseños entregados por el consultor resultaron inadecuados para la ejecución de la obra, ocasionando la imposibilidad de utilizar, en la construcción de las obras, los productos entregados y pagados al consultor”.

Los recursos involucrados, como presunto daño patrimonial al Estado, ascienden a $2.109́'408.715, que son equivalentes al valor efectivamente pagado al consultor, con corte a 5 de diciembre de 2018.