Ocho coroneles reconocieron ante la JEP participación en falsos positivos en el Huila entre 2005 y 2008

El teniente coronel Carlos Yair Salamanca Robles y el mayor Ángel Fernando Carvajal Rojas aceptaron ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en los asesinatos y desapariciones presentados ilegítimamente como bajas en combate en el departamento del Huila entre los años de 2005 y 2008.

Con esta aceptación de responsabilidad toda la cúpula del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, que fue imputada por la JEP, reconoció haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados con los grupos subversivos que delinquían en la región.

En la imputación por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad se citó la existencia de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio por parte de agentes activos del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, el Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y a la IX Brigada.

Con esta reciente aceptación ya son 30 los militares que reconocen la ejecución de estos falsos positivos, los cuales hicieron parte de una estrategia para dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.

Entre ellos están Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), así como Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11, adscrita a la IX Brigada. Además de estos tres tenientes coroneles, todos los oficiales que integraron la plana mayor del BIPIG aceptaron responsabilidad, así como tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’.

Entre estos se encuentran los tenientes coroneles: Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez y Ómar Oswaldo Ojeda Oliva que ante la JEP reconocieron responsabilidad los comandantes de los batallones investigados que, para la época de los hechos, se encargaron de dar las órdenes para implementar la política (presión por bajas en combate como único resultado operacional tangible válido) que se trazaba desde la IX Brigada y que la Sala de Reconocimiento documentó mediante tres patrones macrocriminales descritos en la investigación.

A esta lista de reconocimientos se suman los tres mayores Francisco Adrián Álvarez Calderón, Julián Andrés Calderón Motta y Felipe Andrés Ramírez Gómez. Así como tres capitanes: Jesús Mauricio Jiménez Botina, Miller Damián Forero Cruz y Carlos Mahecha Bernal.

Los seis suboficiales imputados a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas: Carlos Mahecha Bernal, Desaix de Jesús Palomino Mejía, Fernando Riveros Sarmiento, William Andrés Capera Vargas, Carlos Hernán Rodríguez Vera y José Roldán López Cerón, además de los soldados profesionales Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinosa Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, Francisco Javier Castañeda Alfaro y José Yaty Anacona Bueno también aceptaron responsabilidad.

En sus reconocimientos de hecho “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, aceptaron su responsabilidad individual y reconocieron “su participación en calidad de máximos responsables”.

Mientras tanto, los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca manifestaron que no reconocen responsabilidad.

Estos cinco comparecientes se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.