Ocupan bienes de proxenetas en Guainía

En un viaje que adelantaron el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y su equipo directivo por Inírida, en Guainía, y Mitú, en Vaupés, se entregaron los resultados de importantes operativos contra las organizaciones criminales y además se impulsaron nuevas estrategias para luchar contra los ilegales en esta zona del país.

“Durante la visita, realizaron una verificación de los fenómenos criminales que más afectan al extremo oriental del país y constataron las dificultades investigativas en un área geográfica extensa y diversa, en el límite fronterizo con Venezuela”, señaló la Fiscalía en un comunicado para entregar los detalles de ese viaje del fiscal.

En esos operativos, el fiscal Barbosa explicó que fueron ocupados con fines de extinción de dominio los bienes de organizaciones dedicadas a la explotación sexual de niños y niñas en Inírida, capital del departamento de Guainía.

“La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados para el ilícito”, señaló el fiscal general Barbosa.

Aseguró el jefe del ente acusador que los operativos en esta zona del país son en parte una promesa como fiscal, luego de su posesión, pues una semana después de ser nombrado estuvo Inírida y recibió de primera mano las denuncias sobre proxenetismo y que dejaban a menores como víctimas.

“En su momento se dispuso la creación de un equipo especializado de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) para dar celeridad a las investigaciones”, explicó la Fiscalía.

Un mes después de la posesión el fiscal entregaba detalles de la captura de 17 personas vinculadas a estos casos, ahora los resultados apuntaron a las finanzas criminales de esos capturados. Los bienes que usaban para explotar a los niños fueron ocupados con fines de extinción de dominio.

“Gracias al material de prueba que da cuenta de la manera en la que algunas menores de edad fueron inducidas a actividades de tipo sexual, a cambio de dinero, comida u hospedaje”, señaló el fiscal Barbosa desde el departamento de Vaupés.

Entre las propiedades ocupadas se encuentran bares, locales comerciales, hoteles y casas usadas para completar la explotación de menores en actividades sexuales. La Fiscalía aseguró que dichas propiedades estarían avaluadas en 2.000 millones de pesos.

“Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a 2.000 millones de pesos, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros, así como los establecimientos de comercio Tabú Inírida, Hotel Orinoco Real y Ribason”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Las propiedades también fueron identificadas como los escenarios para el consumo de licor y el lugar donde se organizaban las fiestas que a su vez permitían la explotación sexual de los menores.

“En estos sitios, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes…”, dijo el fiscal Barbosa al garantizar que los operativos en esta zona del país constituyen una importante iniciativa contra los delincuentes.

Fiscalía en los ríos

Como parte de su viaje por los departamentos de Guainía y Vaupés, el fiscal anunció una nueva iniciativa para acercar la Fiscalía a lugares distantes del país, principalmente en la llamada zona de influencia de los principales ríos del oriente de Colombia.

En ese orden de ideas, la Fiscalía dispondrá de patrullas fluviales a través de una flotilla de lanchas que estarán a disposición en Vichada, Guainía y Guaviare, los departamentos que serán el “piloto” de esta iniciativa de Fiscalía fluvial.

“El objetivo inicial será bloquear, con acciones investigativas y judiciales, los corredores del delito, esos afluentes utilizados para el tránsito de narcóticos, insumos y contrabando, o que han sido golpeados con inclemencia por la minería ilegal y otras conductas que deterioran los recursos naturales”, puntualizó la Fiscalía.