Odebrecht admite nuevo caso de corrupción en licitación para limpiar el río Bogotá

El Banco Mundial se le adelantó a las autoridades colombianas y logró vetar por tres años a Odebrecht por un capítulo de corrupción que aún es un enigma en la justicia nacional. Se trata de la licitación para ampliar la planta de saneamiento de aguas residuales de Salitre, que fue adjudicada en  2016 al Consorcio Expansión PTAR Salitre, integrado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía (de los Solarte.

La licitación fue adjudicada por la Corporación Autónoma de Cundinamarca en medio del escándalo que ya había estallado en el mundo en contra de Odebrecht. En el proceso, el consorcio que se disputó la obra palmo a palmo fue Aguas del Salitre Odebrecht, integrado por Odebrecht y OTV. En este escenario el concepto del Banco Mundial –como financiador con 430 millones de dólares– fue determinante para inclinar la balanza en contra del consorcio que para ese momento ya tenía respondiendo a su presidente, Marcelo Odebrecht, en Estados Unidos. 

Este capítulo tuvo un inesperado desarrollo en el Banco Mundial, entidad que acaba de inhabilitar a Odebrecht para ser elegible en cualquiera de los proyectos que financian durante tres años. Esta decisión también aplica para cualquiera de los bancos multilaterales de desarrollo, como el BID. ¿La razón? prácticas "fraudulentas y colusorias". 

A través de un comunicado, el organismo internacional informó que la Construtora Norberto Odebrecht, participó en prácticas fraudulentas al no revelar las tarifas pagadas a los agentes comerciales durante la precalificación de la licitación y los procesos de licitación. "Estos agentes ayudaron a la empresa a obtener información confidencial", asegura el BM.

Dice además que "la constructora Norberto Odebrecht, asistida por uno de los agentes a los que había pagado honorarios no divulgados, trató de influir indebidamente en el paquete de licitación que formaba parte del proyecto, participando en prácticas colusorias prohibidas por las directrices de adquisiciones del Banco Mundial".

Le recomendamos: Comunidades siguen oponiéndose a la construcción de la Ptar Salitre

Aunque en Colombia ya existían pistas alrededor de este punto, la gran revelación que hace el Banco Mundial es que los ejecutivos de Odebrecht admitieron como parte de un acuerdo de conciliación su responsabilidad en estas prácticas "sancionables". De modo que como efecto del acuerdo se prevé un período de sanción "reducido" a la luz de la cooperación de la empresa y la ejecución de unas medidas correctivas voluntarias.

Entre estas últimas, está el fomento de la divulgación honesta por parte de los empleados, la producción de documentación clasificada como privilegiada y la coordinación de las investigaciones internas como condición para ser liberado de la sanción bajo los términos del acuerdo de liquidación. También se compromete a seguir cooperando plenamente con la Vicepresidencia de Integridad del Grupo del Banco Mundial.

De esta manera, este proyecto que fue diseñado para ayudar al gobierno colombiano a mejorar la calidad del agua de río Bogotá, reducir los riesgos de inundaciones y crear áreas multifuncionales a lo largo de esta fuente hídrica, quedó convertido en un capítulo más de la corrupción en Colombia.

En contexto: Granados, de contralor de Bogotá a imputado por corrupción

La información con la que ahora cuenta el Banco Mundial es clave para las autoridades colombianas. La entidad no revela a quiénes fueron a parar esos pagos de honorarios a cambio de "influir indebidamente" en la licitación. Sin embargo, existen menciones de testigos que de llegar a ser ciertas podrían complicar sustancialmente la situación de varios de los procesados por la justicia. 

La revelación en mención se desprende de las declaraciones de Federico Gaviria. En su versión, habló de una deuda que tenía Odebrecht con el exsenador Plinio Olano por 500 millones de pesos. De modo que para cobrar este dinero, Olano habría procedido a pedirle al entonces gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, para que ayudara a Odebrecht a quedarse con el contrato de Ptar Salitre. Como gobernador, Granados jugaba el doble rol de presidente del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca, y la propuesta -según Gaviria- era que por ganarse las obras se desembolsaba el 3 por ciento del valor del contrato a los intermediarios.

En el juicio que se adelanta contra Olano en la corte, este negó rotundamente algún acercamiento con Granados o con Alfred Ballesteros, quien fue director de la CAR hasta 2015. “En el año 2013 hacen una reunión en la que participaron Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli, Plinio Olano, Juan Carlos Granados, Alfred Ballesteros (exdirector de la CAR Cundinamarca) y yo. Dicha reunión fue en el apartamento de Juan Carlos Granados, en la calle 77 con 9 en Bogotá”, dijo Gaviria.

Pese a los supuestos esfuerzos que señala Gaviria, Odebrecht no ganó la licitación ya que para la época de la selección estalló el escándalo de sobornos en el mundo, lo cual dejó a la firma prácticamente por fuera de cualquier posibilidad.

La Fiscalía sigue de cerca las pistas alrededor de este caso, que hasta ahora no había sido confesado por ningún directivo de Odebrecht.

En el proceso que llevó a sentencia a Paola Solarte, hija de Carlos Solarte, la Fiscalía anunció esta línea de investigación. La pita que jalan son las declaraciones del actual director del CAR, Néstor Franco, quien aseguró que aunque Paola Solarte fue la vocera del consorcio Expansión Salitre y de CASS Constructores (ganadores de la licitación) veladamente existía la participación de Orlando Fajardo en la firma FCC Constructores. Fajardo, preso por corrupción, es señalado como un antiguo socio oculto de los Solarte.

Es decir, había sospechas de corrupción por punta y punta: por el consorcio ganador y también por el perdedor. En este nuevo escenario cabe recordar que Odebrecht aparece como socio de los Solarte en la cuestionada licitación de los interceptores de Tunjuelo -Canoas, un proyecto que también apuntaba al saneamiento de las aguas del río Bogotá, y también en el contrato “madre” de la corrupción en Colombia: la Ruta del Sol tramo dos. En este último, como socio minoritario, los testigos han dejado por fuera la participación de los Solarte en hechos ilegales.

En contexto: Juez dicta medida de aseguramiento contra Carlos Solarte y su hija