¿Benefició Cecilia Álvarez a los Parody con una carretera?

El 13 de julio del año 2012, hacia la mitad del primer gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, escribió una carta que hoy está cobrando una relevancia inesperada.

El documento, que hoy revela Semana.com, estaba dirigido a Édgar Pablo Ferracuti, representante legal de la concesionaria de la que es socia Odebrecht y que en el gobierno de Álvaro Uribe se ganó mediante sobornos, según la Fiscalía, la construcción del sector dos de la Ruta del Sol.

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Andrade le pregunta en la carta a Ferracuti si, de acuerdo con lo hablado en una reunión anterior, la concesionaria estaría interesada en desarrollar un proyecto para la construcción y rehabilitación de una vía entre Ocaña, Aguaclara y Gamarra. “Si la firma por usted representada tiene interés de proponer algún tipo de iniciativa sobre el particular, la agencia podría analizarlo" (ver documento).

Dicho de otra manera, Andrade le estaba ofreciendo a la concesión de la que era socia Odebrecht construir una obra que no estaba contemplada dentro de la Ruta del Sol sector dos, aquella megaobra que en su contrato original iba desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta San Roque, en el departamento de Cesar; es decir, una cuyo propósito era conectar el centro del país con la costa, de sur a norte.

El sentido de la nueva vía de la que hablaba Andrade, en cambio, consistía en conectar de oriente a occidente a Ocaña, Norte de Santander, con el puerto de Gamarra, Cesar, un municipio a orillas del río Magdalena. La pregunta que aquí surge es: ¿Qué tiene que ver este puerto con Cecilia Álvarez y Gina Parody?

Para el momento en el que Andrade lanzó la propuesta, construir un puerto en Gamarra era apenas una expectativa. Sin embargo, para la empresa Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) se trataba de un proyecto visionario y estratégico. Sin embargo, hasta la fecha en el lugar no se ha puesto ni un ladrillo. 

Tanto lo era, que el 30 de julio del 2012, es decir 17 días después de que Andrade emitió la carta, la SPRC publicó en una revista interna los diez mandamientos que debían cumplir para que Cartagena pudiera mover cinco millones de contenedores en el 2017.

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Y uno de esos mandamientos hacía referencia al puerto de Gamarra: “Con la puesta en marcha en el 2014 de la Terminal Fluvial Andalucía en Gamarra (Cesar), un barco de 13.500 toneladas a través del río Magdalena hará el recorrido en la mitad de tiempo que lo que demora la misma carga a bordo de 380 camiones”, decía la publicación de la Sociedad Portuaria en el 2012.

Es preciso decir que para ese momento la empresa de la que era socio Parody aún no se había ganado la concesión del puerto. Pero, como queda constancia en las metas que se proponía la compañía, el puerto de Gamarra era básicamente la gran oportunidad de crecer.

Y en efecto, las expectativas se cumplieron. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) le adjudicó a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena la concesión de la Terminal Fluvial Andalucía Gamarra, con una inversión inicial de siete millones de dólares, con la posibilidad a futuro de poder llegar a Cartagena en sólo dos días.

Para julio del 2012, Gina Parody aún no hacía parte del Gobierno. Sólo en septiembre fue nombrada alta consejera para los Asuntos de Bogotá. Y Cecilia Álvarez Correa llegó el 29 de agosto de ese año al cargo de ministra del Transporte, esto es, un mes y 16 días después de la carta de Andrade a la concesionaria de Odebrecht. Cabe decir que la relación sentimental de ambas para ese año no era pública.

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El puerto de Andalucía, en Gamarra, era perfecto para las proyecciones a futuro de la Sociedad Portuaria de la que en ese momento era socio Manuel Parody, excepto por un detalle: la carretera que conectaba el trazado de la Ruta del Sol con el puerto de Gamarra era una trocha.

De hecho, tanto en el gobierno de Uribe como en el de Santos, se había hecho evidente la importancia de realizar esa vía, pues ese tramo fue definido como un corredor estratégico para el país. Gamarra ha sido uno de los lugares clave para el transporte multimodal en Colombia. La decisión sobre transformar esa trocha en una vía se tomó antes de que Álvarez asumiera el ministerio y el puerto en ese momento no eran más que lotes.  

Según explicó la ANI a Semana.com, la obra se volvió fundamental para conectar Cúcuta con el interior del país, después de que estalló la crisis comercial con Venezuela (en el 2010). También, porque para esa época la carretera estaba en mal estado y por ahí no podían pasar tractomulas que tuvieran como destino las zonas portuarias.

Además -manifestó la ANI-, Gamarra cuenta con una gran virtud, y es que es el último punto del Río Magdalena por el que siempre se puede navegar. Por eso, las obras que se desarrollan allí siempre han sido consideradas de interés nacional. El afluente pasa por 129 municipios y 13 departamentos, por lo cual cualquier obra que se realiza en este realmente beneficia a buena parte del país. 

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La discusión que existe en este momento no tiene que ver con la necesidad de la carretera, sino con la forma cómo se adjudicó. Bajo los argumentos anteriormente expuestos, Luis Fernando Andrade, en representación de la ANI, y Éder Paolo Ferracuti, como representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (Odebrecht), hicieron una adición al contrato No. 01 de 2010 que habían suscrito desde el gobierno de Uribe. Y fue así como firmaron el otrosí número 3 por un valor de 676.000 millones de pesos. 

En el contrato, firmado el 10 de noviembre del 2014 (dos meses después de que Cecilia Álvarez dejara su cargo como ministra de Transporte), la concesionaria se comprometía a rehabilitar y mejorar el tramo Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco, así como la construcción de las variantes a los municipios Ocaña, Río de Oro y Aguachica. Según conoció este portal, hasta el 31 de diciembre del 2016 la obra estaba ejecutada en el 29,4 %, pero como la ANI decidió anular los acuerdos con Odebrecht, quedó faltando el 70,6 % (Ver otrosí).

Irregularidades en la adición, según Fiscalía

Ahora bien, ¿hubo algo ilegal en que Odebrecht se quedara con la construcción de esa carretera? Justamente por esa adición es que el exsenador liberal Otto Nicolás Bula Bula se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Para la Fiscalía, él es responsable de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares por, presuntamente, haber logrado de manera irregular que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (Odebrecht) fuera beneficiada con la adjudicación de la obra, a cambio de un soborno de 4,6 millones de dólares que la firma brasilera le habría consignado a través de cuentas en el exterior.

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La información recopilada por el ente acusador determinaría que ese dinero supuestamente estaba dirigido a las gestiones del exfuncionario Bula para contratar a alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros y líderes regionales para lograr que la firma saliera beneficiada con los otrosí 3 y 6, mediante los cuales se incluían unas cláusulas para que el contrato resultara viable para la empresa.

Entre estas cláusulas estaban, según dijo en Brasil Eleuberto Martorelli -uno de los testigos claves del escándalo de Odebrecht-, el incremento del 15 % de los peajes existentes en la concesión, la creación de dos nuevos peajes, la anticipación de las vigencias futuras y que el Estado garantizara un valor mínimo de los peajes hasta el 2013 y posteriormente hasta el 2018, lo que lograron finalmente.

Lo que la Fiscalía cree es que Bula logró, mediante lobby y presiones, todas las pretensiones que se había propuesto la Concesionaria Ruta del Sol (Odebrecht).

El uribismo presentó una denuncia penal en la que acusa a las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody de tener un interés personal en esa obra. Esto porque su desarrollo podría beneficiar a la familia de Parody pues conectaría el puerto con la Ruta del Sol. 

Álvarez como ministra firmó dos documentos relacionados con la carretera. La primera es la Resolución 2127 del 22 de julio del 2014, mediante la cual el Gobierno le autoriza a la concesionaria de Odebrecht dos peajes adicionales (ver resolución). Y el segundo documento es el Conpes No. 3817 del 2 de octubre del 2014, a través del cual el Gobierno garantiza los recursos para financiar la vía que llegaba hasta el puerto de Gamarra, donde estaban en ese momento los intereses del hermano de Gina, quien, como ministra de Educación, también lo firma junto al gabinete en pleno, incluido el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez que entonces era el superministro de la Presidencia. 

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¿Constituye esto alguna inhabilidad legal o delito? Ese es el meollo del asunto.

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En la versión inicial de este artículo se publicó que el señor Manuel Parody había vendido hace cinco meses su participación en el puerto. Este dato no corresponde a la realidad y por eso, el texto fue ajustado.

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Sobre la carta de Andrade a Odebrecht

Los contactos entre Odebrecht y la ANI quedaron consignados en el contrato del otrosí, en los numerales 7 y 8:

“7. Que mediante comunicado No. 2012-305-008705-1, del 13 de julio de 2012, la ANI dio respuesta a la comunicación del 15 de junio y manifestó su disposición para analizar algún tipo de iniciativa del concesionario para desarrollar un proyecto sobre el tramo Ruta Nacional 70, comprendido entre Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco (Los Ramales) con el propósito de realizar su rehabilitación y mejoramiento así como la construcción de las variantes a los municipios de Ocaña, Río de Oro y Aguachica los cuales hacen parte integral de los Ramales”.

“8. Que por medio de la comunicación con radicado No. 2012-409-079905-2 del 13 de julio del 2012, el concesionario ratificó a la ANI su interés de realizar los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la vía Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco y de construcción de las variantes a los municipios de Ocaña, Río de Oro y Aguachica en los términos contemplados en el contrato para las actividades adicionales”.