Nación
Odebrecht: Brasileños, empresarios, contratistas y particulares en la lista de los nuevos 60 imputados por Ruta del Sol II
Los hechos tienen relación con el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del proyecto vial en el norte del país.
Este jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciará formalmente las 60 nuevas imputaciones por el gigantesco caso de corrupción de Odebrecht en Colombia. El jefe del ente investigador dará a conocer los nombres y cargos exactos de las personas que participaron en el movimiento de los sobornos enviados por la multinacional brasileña para obtener, en el 2009, el contrato de la Ruta del Sol II.
Lo que llama la atención es que, en este caso, según pudo confirmar SEMANA, serían citados funcionarios de la corrupta multinacional de obras públicas brasilera Odebrecht que han gozado de plena impunidad en el proceso. Aunque fueron imputados en este gigantesco caso de corrupción, se les permitió salir del país y hasta ahí se tuvo rastro y avances judiciales.
El próximo jueves 17 de agosto, anunció Barbosa, dará a conocer desde Cartagena los nombres de los nuevos 60 imputados. SEMANA pudo establecer que en la lista se destacan varios empresarios, contratistas y particulares que habrían facilitado el movimiento de los sobornos enviados desde Brasil en el año 2009 por Odebrecht para recibir directamente este contrato.
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Lo que está por confirmarse es si se repetirán los nombres Amilton Hideaki y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, representantes legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.; si nuevamente estará el nombre Eleuberto Martorelli, el poderoso jefe de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia durante los años 2012 y 2016; y si serán llamados Éder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni, quienes eran directivos de la constructora.
Los imputados habrían prestado cuentas bancarias y movido influencias para que el entonces Instituto Nacional de Concesiones (Inco), liderado por Gabriel Ignacio García Morales, les entregara el millonario contrato de la obra de cuarta generación.
Recientemente, el fiscal general anunció una revisión definitiva del caso. Desde su llegada en 2020, se encontró un desorden en las líneas de investigación, hecho por el cual decidió crear varios grupos para hacer una minuciosa revisión e identificar a cada uno de los implicados, así como verificar su aporte en este caso de corrupción.
Gracias a los acuerdos de cooperación —indicó—, se logró destrabar gran parte del caso, vinculando en los últimos tres años a varias personas, hasta llegar a 110 imputaciones por estos actos de corrupción. Incluso, la más reciente decisión publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvo una colaboración clave de la Fiscalía.
“Un acuerdo como el que acaba de la resolución que salió por parte del Departamento de Justicia, esa resolución es una resolución positiva desde el punto de vista de la Justicia, porque es que se resuelve también, se resuelven una serie de aspectos que tienen que ver con una indemnización”, resaltó.
Igualmente, este martes, el jefe del ente investigador radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
“La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo”, señaló Barbosa en su intervención en Washington.
El fiscal dividió en tres momentos los hechos y acciones que explican la necesidad de las medidas cautelares, aun después de dejar la Fiscalía en febrero de 2024. En el repaso que hizo el fiscal en su solicitud, se lee a Gustavo Petro como senador, candidato y luego presidente.
En cada escenario, el fiscal hizo un riguroso análisis del discurso del presidente y cómo cada pronunciamiento estuvo orientado a desinformar, pero sobre todo a tejer un manto de duda sobre la gestión del fiscal y la actividad de la Fiscalía, una ofensa a la institucionalidad que más tarde mutó en hechos de riesgo para el jefe del ente acusador.
Fueron varios los momentos en que el entonces senador Gustavo Petro usó las redes sociales para motivar actos de odio en contra del fiscal Francisco Barbosa. Se trata, según el documento, de señalamientos personales e institucionales que intentaban vincular al fiscal con hechos constitutivos de delitos.
El fiscal expuso una serie de publicaciones en redes sociales del entonces senador Gustavo Petro, mientras lo vincula con hechos que, a consideración del jefe del ente acusador, provocaron sentimientos de odio y violencia, no solo en su contra, sino de su familia.
“Con las publicaciones en redes sociales demuestra una conexidad y sistematicidad. Señalamientos personales, institucionales del ahora presidente de la República que pretende vincular con conductas reprochables desde el punto de vista penal y disciplinario y estimula en mi contra, de mi familia y la propia institucionalidad animadversión y acciones violentas de diferente índole”, señala el documento.
El fiscal Francisco Barbosa resumió otra serie de hechos que fueron atribuidos, nuevamente, al presidente Gustavo Petro, ahora como candidato. De acuerdo con Barbosa, en su extenso documento, los señalamientos aumentaron en el curso de la campaña electoral y, a través de publicaciones en redes sociales, puso en riesgo su seguridad mientras advertía escenarios de impunidad en el trabajo de la Fiscalía.
- “El fiscal general va hacia el camino de garantizar impunidad en los crímenes de Estado*”, “encubre el delito y eso mismo es un delito”.
- “(...) El fiscal General no está cumpliendo sus deberes”.
- “El fiscal Barbosa está buscando la impunidad de los militares que violaron la niña de 12 años”.
- “(...) volvemos a los tiempos de los allanamientos de Turbay Ayala. Ahora agenciados por el fiscal amigo de Duque*”.
- “La selección del fiscal amigo de Ordóñez hecha por el fiscal Barbosa es una verdadera burla a la justicia colombiana”.
Durante las jornadas de protesta que antecedieron la campaña electoral, ocurrieron escenarios de confrontación que luego en la campaña electoral del entonces candidato Gustavo Petro fueron atribuidos a la Fiscalía y al propio fiscal Francisco Barbosa. El propósito, según el documento, era deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y los funcionarios de la entidad.
“Lo anterior evidencia que las intervenciones constantes y consistentes en redes sociales por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro buscaban el desprestigio no solo personal del suscrito, sino institucional en mi calidad de fiscal general de la nación de Colombia, para deslegitimar el ejercicio del cargo por parte del suscrito, generando resentimientos y odio en un sector de la sociedad colombiana afecto a las convicciones del primero, provocando además reacciones violentas en la conciencia colectiva”, advierte el documento.
El documento también advierte de las acciones, comentarios y opiniones que Gustavo Petro ha hecho como presidente en contra del fiscal y la institucionalidad del país. Para Francisco Barbosa, el primer mandatario mantuvo su diatriba de constantes pronunciamientos contra la Fiscalía y el propio fiscal, ahora con mayor alcance, dada la condición de su cargo como presidente de los colombianos.
En esta nueva etapa fue más incisivo el presidente Gustavo Petro, según el documento, dados los recientes hechos denunciados por SEMANA y otros medios de comunicación sobre hechos judicializados y que dejan en tela de juicio la transparencia en algunas dependencias de la misma presidencia, como el caso de las ‘chuzadas’ a la niñera, los llamados audios de Benedetti y, más cercano, las entrevistas de Nicolás Petro y Day Vásquez.
“Basta este solo hecho, debidamente documentado, para probar que los sentimientos de odio sembrados en el colectivo social a través de las redes sociales pueden llegar a materializar hechos violentos, que no solamente se quedan en ataques verbales a la dignidad de las personas e instituciones, sino que se materializan en violencia física y actos de terrorismo contra los bienes de la entidad que represento”, señala la solicitud de medidas cautelares.
El resumen de hechos y pronunciamientos son, en criterio del fiscal, los argumentos para entender la situación de riesgo en que queda ahora como jefe del ente acusador y el otro año como ciudadano. De ahí que acuda a la CIDH por garantías a través de las medidas cautelares de urgencia en la protección de cuatro derechos que considera afectados: a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad y, finalmente, a la familia.
