El fiscal bajo fuego

Por estos días la relación entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente de la república está un poco fría. El episodio del supuesto aporte que Odebrecht le habría dado a Otto Bula para la campaña de Santos es solo una de las razones. Pero hay otras. Y es que el nuevo fiscal, quien para muchos llegó al cargo como una ficha de Germán Vargas nombrada por Juan Manuel Santos, ha resultado mucho más independiente de lo que la gente esperaba.

Al presidente no solo no le gustó el manejo que le dio Martínez a la versión de Bula sobre el famoso millón de dólares, sino que también le preocupan los múltiples peros de Martínez frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y el viraje que quiere meterle a la política antidrogas de este gobierno, para volver a la fumigación aérea con glifosato.

Germán Vargas, quien es considerado su gran amigo, tampoco está muy agradecido. Cambio Radical, el partido del vicepresidente, ha sido duramente cuestionado por cuenta de las acciones de la Fiscalía. Hace un mes Martínez logró la condena de 55 años de cárcel contra el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez. Además, la captura y procesamiento por corrupción del secretario de Educación de Magdalena, el alcalde de Girardot y el alcalde de Riohacha, todos ellos de Cambio Radical.

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Por el lado del presidente Santos, las fricciones más recientes tienen que ver con el caso de Otto Bula. Para muchos en el gobierno, Martínez sobredimensionó la supuesta confesión del exsenador, sin tener más evidencias que su testimonio. La posterior rueda de prensa del fiscal fue interpretada como una recogida de velas de su afirmación inicial. Esas declaraciones le hicieron un daño enorme a la imagen del presidente y del país a nivel internacional y le dieron munición al uribismo. Y ahora, con la ‘patraseada’ de Bula del martes pasado, cuando aclaró en una carta de su puño y letra que no le consta que la plata fuera para la campaña de Santos, la situación de Martínez frente al presidente se volvió aún más incómoda.

“No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente”. Esa frase contenida en la carta que Bula le envió al Consejo Nacional Electoral el martes pasado le dio un nuevo giro al escándalo. Porque en el fondo quería decir: “Yo no he dicho lo que el fiscal asegura que dije”.

En realidad Bula no se estaba retractando. En los fragmentos que se han hecho públicos de sus declaraciones ante la Fiscalía el exsenador dijo que había entregado el millón de dólares (menos el 10 por ciento de su comisión) al empresario Andrés Giraldo, quien sería un intermediario para llegar al entonces gerente de la campaña, Roberto Prieto.

Sin embargo, Bula no mencionó la palabra ‘campaña’ ni el nombre de Juan Manuel Santos. Tampoco dijo estar seguro de que Giraldo le entregó la plata a Prieto. Simplemente relató sus dos encuentros en un hotel, la entrega de los maletines con el dinero y la posterior llegada de Prieto a encontrarse con Giraldo. Hasta ahí no hay ninguna retractación entre lo que se ha conocido en sus declaraciones y lo que aclara en la carta del martes.

Sin embargo, a primera vista la impresión sería que al fiscal se le pudo haber ido la mano al haber sacado conclusiones apresuradas del testimonio de Bula. Pero hay que recordar que Martínez nunca mencionó la palabra ‘campaña’ sola, sino que habló de la “gerencia de la campaña”, para dejar claro de que todavía no había pruebas de que el dinero hubiera entrado a esta. Lo que sembró el concepto de ‘campaña’ en la opinión pública fue el envío del expediente al Consejo Nacional Electoral, cuya función es vigilar las campañas políticas.

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La verdad es que era lógico asociar al gerente de la campaña con esta. No solo Odebrecht estaba financiando a otros candidatos presidenciales en la región, sino que el propio Bula aclara que entregó la plata un poco antes de las elecciones, de donde se podría deducir que era para estas. Además, si ya se había demostrado en Brasil que Odebrecht había apoyado financieramente la campaña de Zuluaga al pagarle al publicista Duda Mendonça, era obvio suponer que algo similar podía ocurrir por el lado de Santos.

Por otra parte, si la plata no era para la campaña solo podría ser un soborno para Roberto Prieto. Y esto no tiene mucha lógica. En ese momento él no tenía ningún poder de decisión, ni lo tuvo posteriormente sobre las obras de infraestructura que le interesaban a Odebrecht. Además, si el propósito era sobornar a Prieto, Bula lo hubiera dicho en su primera declaración. Por esa razón era fácil dar por entendido que Prieto era la campaña, y lo que no se sabe es a dónde fue a dar la plata.

Lo que pudo haber llevado a Bula a ‘patrasearse’ fue el titular de El Tiempo el día anterior a su carta que decía: “Los nexos que tienen a Bula en la mira de la DEA”. En este artículo se afirmaba que por su extenso prontuario delincuencial el exsenador podría terminar extraditado. Él, que estaba negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía para unos añitos de cárcel suave a la colombiana, se debió aterrar con la imagen de un overol anaranjado y los barrotes de una cárcel gringa. De ahí que su aclaración urgente de que él nunca había mencionado ni a Santos ni a su campaña podría ser una banderita blanca al hombre de cuya firma dependen las extradiciones.

Las inhabilidades

Otro tema que tiene a Néstor Humberto Martínez en el centro de la controversia nacional es el de sus posibles inhabilidades. Cuando se posesionó algunas voces dijeron que un abogado que había tenido tantos contactos con el mundo del poder podría tener múltiples impedimentos como fiscal general. El senador Jorge Enrique Robledo volvió a poner ese tema sobre la mesa, y el jueves pasado radicó una denuncia ante la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones.

En resumen, Robledo acusa a Martínez de violar el régimen de inhabilidades y de tener conflicto de intereses, no solo por sus actuaciones como fiscal, sino también como superministro del gobierno Santos. El eje central de la denuncia son los vínculos pasados entre Martínez y Luis Carlos Sarmiento, por tener este último empresas que han formado consorcios con Odebrecht para los proyectos de navegabilidad del río Magdalena (Navelena) y Ruta del Sol tramo 2.

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Para sustentar su denuncia, Robledo documenta los múltiples nexos que ha tenido el fiscal con el empresario como abogado, asesor jurídico y miembro de juntas directivas. Esto, según Robledo, le impedía a Martínez haber participado en decisiones, como superministro y después como fiscal, sobre asuntos relacionados con Sarmiento, de los cuales había tenido conocimiento como su abogado. Concretamente señala que el bufete Martínez Neira Abogados asesoró a los consorcios Navelena y Ruta del Sol 2 antes de ser fiscal, por lo cual tenía que haberse apartado de esos procesos como funcionario público.

Los argumentos de Robledo en la práctica pueden ser válidos, pero jurídicamente no lo son del todo. En el régimen de inhabilidades estas deben ser “taxativas (…), de interpretación restrictiva a los casos o situaciones específicamente señaladas en la ley”. Eso significa que cada inhabilidad tiene que estar definida en forma concreta por la norma y no es claro que sea el caso del Fiscal.

El conflicto de intereses es distinto al régimen de inhabilidades. Según la Ley 1437 de 2011 hay conflicto de intereses “al existir (…) amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa”. Robledo, para documentar la amistad entre el banquero y el fiscal, anexa una serie de fotos de ellos en toda clase de eventos sociales y familiares. Esas fotos en realidad no eran necesarias pues la cercanía entre Martínez y Sarmiento es de conocimiento público.

Bajo el parámetro de “amistad entrañable”, Robledo señala que el fiscal tiene un conflicto de intereses frente a los asuntos de Luis Carlos Sarmiento que lleguen a su despacho. El empresario tiene múltiples intereses económicos que por lo general son del ámbito comercial o administrativo, y por lo tanto ajenos a la órbita penal de la Fiscalía. Sin embargo, por ser parte de los consorcios investigados por el escándalo de Odebrecht, dos de sus empresas, Corficolombiana y Episol, aparecen en los expedientes judiciales.

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Para dejar claro que su grupo no tuvo participación alguna en los ilícitos de Odebrecht, esas dos compañías pidieron ser reconocidas ante la Justicia como víctimas de la multinacional brasileña. La decisión sobre esta solicitud y otros temas que vendrán en relación con los consorcios investigados está en manos de la Fiscalía. Ante esa circunstancia hubiera sido de buen recibo que el fiscal general se declarara impedido por conflicto de intereses y se hubiera nombrado a un fiscal ad hoc para que manejara esos casos. Así hubiera disipado cualquier cuestionamiento.

La JEP, la fumigación, la mano dura

El fiscal tiene otros frentes de guerra en los que está dando de qué hablar. Uno es el de sus reservas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el otro, sus reiteradas críticas a la política de drogas del gobierno. Martínez se ha convertido en la voz crítica con mayor peso en los debates sobre la justicia transicional en el Congreso. No solo no ha faltado ningún día, sino que los peros que le ha puesto a la propuesta del gobierno no han permitido que la JEP se apruebe rápidamente.

El fiscal tiene varias observaciones sobre el limbo jurídico que se ha creado en la etapa de transición que comenzó el día de la refrendación de los acuerdos. La primera está relacionada con los delitos que se cometan mientras dejan las armas. Otro punto importante tiene que ver con un tema que parece técnico, pero que para esa guerrilla es un inamovible. Se trata de determinar quién tiene competencia sobre los llamados “delitos de ejecución continuada”. Es decir, aquellos que se iniciaron antes de la refrendación del acuerdo en el Congreso, el 1 de diciembre de 2016, pero cuyo desmonte aún no ha terminado después de esta. En dicha categoría estarían los niños reclutados, los cultivos de coca no erradicados y los bienes ilícitos no devueltos.

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Para Néstor Humberto Martínez, como estos delitos no se han resuelto a pesar de que ya se firmó la paz, deben quedar en manos de la Fiscalía. Para los negociadores del gobierno y para las Farc, se trata de delitos cuya extinción está en proceso, lo cual es diferente a que se sigan cometiendo. Dan como ejemplo que la erradicación de los cultivos de coca toma un tiempo, pero eso no significa que estén sembrando más coca ahora. Por eso consideran que pertenecen exclusivamente a la órbita de la justicia transicional.

Adicionalmente, el fiscal pide mano dura para los disidentes de las Farc, y toca un punto muy sensible: la extradición. Está claro en el acuerdo que los guerrilleros que no se sumen al proceso no tendrán beneficio judicial alguno. Sin embargo, como en la firma del documento queda eliminada la posibilidad de la extradición, hay una zona gris sobre si es factible que a los descarriados puedan ser enviados a Estados Unidos.

Muchos en el gobierno consideran que el fiscal se está atravesando como una vaca muerta al proceso de paz. Pero más allá de esa visión maniqueísta de amigo-enemigo, lo cierto que hay varios puntos de la justicia transicional que quedaron en el limbo y es necesario aclarar, y él ha sido una voz crítica y necesaria para discutir esos temas que son sensibles y polémicos.

Por último, el fiscal insiste en la necesidad de reanudar la fumigación aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, idea que cae muy mal entre quienes trabajan en la implementación del proceso de paz, pero muy bien en Estados Unidos. Ante el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos en todo el territorio es claro que la realidad le está dando la razón y que el tema de la fumigación va a volver a gran escala. El debate es si se hará solo manual o se volverá a la aspersión aérea.

Para una gestión que lleva solo seis meses, el número de éxitos del fiscal ha sido indiscutible, pero el de controversias también. Faltan todavía tres años y medio antes de que termine su periodo y se anticipa que va a ser bastante agitado. Si algo ha quedado claro a la fecha es que el jefe del ente acusador no es santista, ni vargasllerista, sino simplemente nestorhumbertista.