Nación

Odebrecht: Daniel García Arizabaleta llegó sin abogado y se aplazó nuevamente la imputación de cargos

El exdirector del Invías habría intentado favorecer los intereses de la multinacional brasileña entre 2009 y 2013.

8 de junio de 2022
Daniel García Arizabaleta fue acusado por la fiscalía de enriquecimiento ilícito. |
Daniel García Arizabaleta fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito. | Foto: Twitter: @Danielgarciaar

Este miércoles (8 de junio) fracasó por segunda vez la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías), Daniel Andrés García Arizabaleta, por su presunta participación en el denominado caso Odebrecht. En la instalación de la audiencia, el procesado manifestó que no contaba con un abogado de confianza para su representación en la diligencia.

Debido a esta situación, se reprogramó la diligencia para el miércoles 22 de junio. El funcionario judicial le pidió al procesado realizar todas las acciones con el fin de contactar a un abogado para esa diligencia, si no el Estado está en la obligación de suministrarle un defensor de oficio para que lo represente en las respectivas audiencias y evitar así nuevos aplazamientos.

El pasado 9 de marzo, el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, anunció que iba a solicitar una audiencia de imputación de cargos en contra de García Arizabaleta, por presuntamente intentar beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht en el 2009 con contratos. Frente a esto, se indicó que el exdirector de Coldeportes e Invías debía responder en el proceso judicial por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

Los hechos materia de investigación indican que, entre 2009 y 2013, García Arizabaleta habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht. Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José Zambrano Caicedo (quien ya fue condenado por estos hechos tras la firma de un preacuerdo), suscribiendo para esto dos contratos ficticios.

La empresa Consultores Unidos, al parecer, recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, y desembolsó los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht. La investigación da cuenta de que el hoy indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de $ 360.000.000.

Fracasó por segunda vez la imputación de cargos contra el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta.
Fracasó por segunda vez la imputación de cargos contra el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta. | Foto: Captura de video

Tras el anuncio de esta imputación de cargos el pasado 9 de marzo, García Arizabaleta renunció a su candidatura al Senado por el Centro Democrático. La investigación inició en 2017, después que fuera señalado por varios implicados en este caso de corrupción de haber buscado el beneficio ilegal para la multinacional brasileña.

En 2009, García Arizabaleta, quien era el director del Invías, fue destituido e inhabilitado por 12 años para ocupar cargos públicos por la Procuraduría General, al incurrir en un conflicto de intereses.

En el fallo, el organismo de control disciplinario encontró que como director general del Instituto Colombiano de Deportes, Coldeportes, “el señor García Arizabaleta ejerció el cargo desde diciembre de 2003 hasta agosto de 2006, sin cumplir los requisitos que se exigían para el efecto, y modificó en beneficio propio la norma que fijaba requisitos mínimos para desempeñar el cargo, incurriendo en conflicto de intereses”.

La Procuraduría indicó que se presentaron irregularidades en la posesión del cargo (en encargo y propiedad), “el ejercicio del mismo y la modificación indebida del manual de requisitos para el cargo, incurriendo en conflicto de intereses”. Los hechos investigados por la Procuraduría General de la Nación se le dieron a conocer en enero de 2007, pero algunas de las conductas en cuestión ocurrieron en 2002 y 2003; por ese motivo el Ministerio Público debió declarar la prescripción de la acción disciplinaria de algunos hechos.