Odebrecht demandó al Estado colombiano por 3.8 billones de pesos

El caso Odebrecht dio un giro inesperado. El escándalo, que se desató cuando las autoridades descubrieron que la constructora hizo pagos millonarios en calidad de sobornos para poder quedarse con concesiones en latinoamérica y el mundo, tiene un nuevo capítulo.

Paradójicamente, ahora sería el Estado colombiano el que tendría que pagar una millonaria cifra por un proceso que adelanta la firma en contra del país. La suma asciende a los 3.8 billones de pesos, de acuerdo con la predemanda interpuesta.

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De acuerdo con la demanda, "España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo”.

El caso no tiene precedentes. Durante más de 15 años, esta firma habría entregado dinero e inmuebles a gobernantes, partidos políticos, empresas y personas naturales, para obtener ganancias y contratos multimillonarios.

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Sin embargo, Odebrecht sostiene que el país había firmado un acuerdo con España con el que se protegería la inversión internacional. Lo que argumenta la multinacional es que el gobierno realizó una “expropiación ilegal” de sus intereses en Colombia que estaban representados en la Ruta del Sol.

En el país, el escándalo estalló cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que Odebrecht habría pagado 6,5 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno durante el 2009 para la adjudicación del contrato. Por este caso, tuvieron que responder ante la justicia varios funcionarios del Estado.

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Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, afirmó que el Estado en este caso ha actuado correctamente para proteger los intereses de los colombianos y que la Agencia está preparada para este y los demás litigios de este tipo: “estamos frente a demandas injustificadas, frívolas y profiláticas. Los inversionistas en algunos casos están abusando de sus derechos", aseguró Vélez.

Según él, se trata de una predemanda en la que la firma asegura que se les estarían explotando sus recursos. De acuerdo con fuentes consultadas por Semana, después de esta fase preliminar del proceso, se convocaría al tribunal de arbitramiento, que definiría el pleito entre las dos partes.