"No creo que Odebrecht haya financiado a las FARC": Jesús Santrich

No fue sino que los tentáculos de Odebrecht se subieran al ring del conflicto armado para que las FARC guardaran un silencio sepulcral. Ni una sola palabra pronunciaron los miembros de esa guerrilla este fin de semana, después de que dos ejecutivos de la empresa brasilera reconocieron haberles entregado dinero -por más de 20 años- para que los dejaran operar. 

Sin duda las FARC ya están en la política. Aterrizaron en noviembre cuando por primera vez en la historia el secretariado de esa organización, en pleno, arribó a Bogotá para la firma del acuerdo en el Teatro Colón, y esa impresión se reforzó con la postura que asumieron desde cuando se destapó el caso de corrupción de Odebrecht que terminó uniendo a toda América Latina.

"Que el fiscal diga quiénes son los funcionarios corruptos que se dejaron sobornar, apropiándose de 11 millones de dólares", se lee en uno de los cuatro trinos que el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, dedicó al escándalo y que entre otros replicó Timoleón Jiménez y Jesús Santrich.

Lo que en ese instante olvidaron es que “el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla”. Y eso se encargaron de recordarles este domingo miles de usuarios en las redes sociales que les reclamaron los pagos entre 50.000 y 100.000 dólares por mes que habrían recibido a cambio de "permisos" para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla.

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La sombra de la corrupción también cobija a las FARC. La información fue dada a conocer por la revista política brasileña Veja en un informe en el que cuentan que Marcelo Odebrecht admitió que la decisión fue tomada en los años 1990 después de que esa guerrilla secuestró a dos ejecutivos de la empresa.

Un grupo estadounidense especializado en zonas de conflicto, que negoció la liberación de los rehenes, les sugirió una solución definitiva para evitar nuevos problemas de ese tipo: pagar la "vacuna". En ese sentido, según medios locales, los pagos eran calificados de "costo operativo" o "tributo territorial" en los balances de la empresa.

Los alcances de la Justicia Especial para la Paz que se aplicará a los guerrilleros, agentes de Estado y terceros ha sido uno de los temas sensibles de estos cinco años de negociación. Aunque en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrán que responder las personas señaladas, siempre y cuando no prueben que recibieron órdenes directas de sus jefes. Por eso, muchos empresarios han visto con suspicacia los alcances del tribunal que juzgará los delitos que se cometieron en el marco del conflicto. 

En esencia, sus miedos se concentran en que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices, por ejemplo, de los paramilitares. Una noticia que cogió fuerza cuando se conoció una lista de 57 empresas que podrían ser investigadas por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley. Ese podría ser el caso de la Odebrecht si ratifica las palabras de los dos directivos, o si las FARC se deciden a reconocer el vínculo que hubo con la empresa brasilera que este domingo dio un reversazo y negó haber pagado dichos rubros. 

"Odebrecht desmiente y confirma que la afirmación del reportaje de Veja según el cual la empresa habría realizado pagos a un grupo guerrillero colombiano es una especulación", indica la firma en un comunicado transmitido a la agencia AFP.

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Aunque el Tribunal Especial para la Paz no está aún integrado, la noticia volvió a activar el debate sobre la responsabilidad que tiene el sector privado en la violencia. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en salir a recordar que "la financiación extranjera al terrorismo" ocurrió desde diferentes vías como fueron los pagos, según dijo, que el ELN recibió de la multinacional Mannesmann. 

"En nuestro país la financiación extranjera al terrorismo no es exclusiva de Odebrecht; FARC y ELN, no contentos con secuestros, extorsión y narcotráfico, han recibido jugosas sumas de afuera", señaló.

Según el senador por el Centro Democrático, "la amnistía aprobada para los auxiliadores del terrorismo dejará a la empresa brasilera en impunidad" y agregó que las FARC "no tendrán que devolver el dinero mientras muchos colombianos serán llevados a la inquisición del terrorismo para ser juzgados por haber sido extorsionados por paramilitares". Cabe recordar también que fue justamente en el Gobierno de Uribe que se adjudicó el tramo 2 de la Ruta del Sol, licitación que estuvo viciada por un soborno que reconoció haber recibido el ex viceministro Gabriel García Morales.

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La realidad jurídica se ve tan compleja como hasta ahora ha sido el aterrizaje de la primera fase de los acuerdos en terreno. Separar la particularidad de cada uno de los casos será indispensable a la hora de impartir justicia. A pesar de que la noticia exacerbó los ánimos, el abogado Álvaro Leyva manifestó a Caracol Televisión que no ve mayores implicaciones en el caso. 

“A Odebrecht lo vincularían al proceso de alzamiento en armas. Habría que llamar a su representante legal a la justicia especial de paz porque es un acto relacionado con el conflicto. Pero no lo considero una novedad, porque en estos 50 años hubo de todo”, dijo.

Lo cierto es que si se trató de una actividad producto de una extorsión, sólo tendrán que presentarse voluntariamente a explicar las circunstancias de esos pagos y “quedarán limpios de por vida y les borrarán cualquier mención en la justicia ordinaria”, dijo en su momento el presidente Santos. Falta ver si una vez quede armada la arquitectura de la Justicia Especial de Paz la empresa brasilera aparece en alguno de los folios. 

Odebrecht es una de las principales empresas objeto de las investigaciones de la operación Lava Jato, que ha revelado un sistema de corrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera estatal Petrobras. Decenas de responsables de empresas y líderes políticos de todos los partidos están tras las rejas. 

Durante más de 15 años, la firma entregó plata e inmuebles a gobernantes, partidos políticos, empresas y personas naturales de casi toda América Latina, relaciones que le significaron ganancias y contratos multimillonarios. En total, Odebrecht entregó $788 millones de dólares en coimas a funcionarios en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.