Odebrecht | Fiscalía vinculó en el proceso a otras 16 personas por este escándalo de corrupción

El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció la vinculación de 16 personas por el escándalo de Odebrecht en Colombia. El jefe del ente investigador aseguró que con esta decisión ya serán 60 las personas que enfrentan un proceso penal en el país por recibir y manejar sobornos girados desde Brasil para beneficiar a esta multinacional de construcciones, con contratos de infraestructura.

El anuncio fue hecho después de su reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la cual le presentó un balance sobre las acciones adelantadas para combatir la corrupción. “Mañana, que serán 16 nuevos imputados, con eso ya lograremos 33 imputaciones”, reveló Barbosa.

Igualmente, advirtió que en el 2019 el caso Odebrecht estaba casi clausurado en Colombia. Sin embargo, tras varias labores investigativas, se vincularon a otras personas que tendrían conocimiento, participación y responsabilidad en este entramado de corrupción, por el cual ya han sido condenados varios excongresistas, empresarios, contratistas, particulares e incluso un exviceministro.

“Me comprometí con el país en esa lucha contra la corrupción y me voy a ir en estos once meses que nos restan con ese compromiso cumplido”, manifestó el Fiscal General tras la reunión que se celebró en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

En diciembre de 2016, Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional, reconoció ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos la estrategia del pago de sobornos en todos los países de América Latina para recibir de manera directa los contratos de obras públicas. En el caso de Colombia, se indicó que se habían girado once millones de dólares para recibir los contratos relacionados con el proyecto de la Ruta del Sol II.

Para lograr sus objetivos, se enviaron altas sumas de dinero para que los principales funcionarios encargados de la contratación manipularan los proceso de licitación y así beneficiar a Odebrecht. En la primera tanda, fueron señalados el expresidente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien habría recibido 4,5 millones de dólares para que el contrato de la Ruta del Sol II se le fuera entregado a la unión temporal, cuyo máximo accionista era Odebrecht.

Posteriormente, fue vinculado el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue reseñado por la Fiscalía General de “mover” en el Congreso 6,5 millones de dólares para que se aprobara, bajo la figura del otrosí, la adición del contrato de la obra Ocaña-Gamarra. Para esto, utilizó sus influencias en el Senado para que no se realizará el proceso de licitación exigido.

Tanto García Morales como Bula firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptaron su participación en estos hechos de corrupción y se comprometieron a colaborar con las autoridades dentro de los otros procesos penales y disciplinarios. El exviceministro fue sentenciado a cinco años de prisión mientras que el exsenador fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de cárcel.

Con sus declaraciones se vincularon a otros protagonistas, entre estos, al poderoso senador del Partido de la U, Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como El Ñoño, quien fue capturado en agosto de 2017. Pese a que en un momento se declaró inocente, en un hecho sin precedentes ante la Corte Suprema reconoció su plena responsabilidad en estos hechos.

En 2018 fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión. El exsenador del partido de La U manifestó su intención de seguir colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer este hecho de corrupción.

En agosto de 2021, cuando ya había prendido el ventilador y vinculado a otras personas que tenían relación con los sobornos enviados por Odebrecht para beneficiarse con contratos viales en el país, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, Elías recibió su segunda sentencia: ocho años y cuatro meses de prisión.

En esta oportunidad fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, los cuales también había reconocido. En esa oportunidad se le impuso una multa de 13.600 millones de pesos.