¿Llegaron los tentáculos de Odebrecht hasta la campaña de Santos?

Las revelaciones sobre los tentáculos de Odebrecht no paran. Prácticamente no había terminado el fiscal Néstor Humberto Martínez de enumerar más de 20 nombres de personas salpicadas por ese escándalo, cuando explotó una bomba aún más fuerte: la confirmación de que en 2010 Odebrecht habría hecho un pago de 400.000 dólares a una cuenta en Panamá por 2 millones de afiches para la campaña de Juan Manuel Santos. La importancia de esa noticia es que, a diferencia de las anteriores, ya no se trataba de una especulación sobre una posible violación de los topes electorales, sino aparentemente de una confirmación.

La historia de los afiches es relativamente sencilla, y de por sí, por haber transcurrido más de cinco años, ya prescribió. Sin embargo, en la coyuntura actual sus consecuencias son bastante complicadas. ¿Qué sucedió en 2010? Otto Rodríguez y su exesposa María Fernanda Valencia eran propietarios de una imprenta tradicional llamada Indagraf, donde produjeron los afiches con la imagen del entonces candidato. El pago no se hizo en pesos, sino en dólares por medio de una cuenta en Panamá de su sociedad Impressa Group Corp. Esa sociedad apareció en los Panama Papers, lo cual no es automáticamente ilegal, aunque puede llegar a tener implicaciones tributarias. Por eso llama la atención que la Fiscalía haya llamado a Rodríguez a interrogatorio, que es la etapa que antecede a la vinculación formal a un proceso penal. Contra su exesposa no hay nada, pues fue llamada a una diligencia que normalmente no es más que una entrevista de rutina.

Más graves, no obstante, son las implicaciones políticas para el gobierno. Aunque podría ser un caso de violación de los topes electorales, dada la dimensión que ha adquirido el escándalo de Odebrecht, todo lo que se asocia con ese nombre suena más grave y constituye un banquete para la oposición. A las pocas horas de aparecer la noticia, el expresidente Uribe pidió la renuncia de Santos. Por su parte, el expresidente Pastrana insinuó algo parecido sin decirlo de frente. En una carta corta y sinuosa le pidió al primer mandatario escoger con mucho cuidado el reemplazo de Vargas Lleras para la Vicepresidencia. Sin querer queriendo el mensaje implícito era ‘porque a esa persona de pronto le va a tocar reemplazarlo a usted’.

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Renuncia de Santos no va a haber porque ningún gobierno se cae por unos afiches. Pero con un papayazo tan grande, Uribe y Pastrana aprovecharon para clavar la espada hasta el fondo. Sin embargo, están lejos de ser los únicos antisantistas del país. Mucha gente comparte ese sentimiento de indignación que golpea al gobierno en momentos en que su imagen favorable bordea la cifra del 20 por ciento.

La razón por la cual una violación de topes de una campaña se convirtió en un terremoto político es que se trata del último capítulo de una telenovela que tiene absorto al país. Odebrecht se ha vuelto sinónimo de corrupción, el tema que obsesiona al país en la actualidad. Cada revelación escandalosa que va saliendo a cuentagotas queda inmediatamente superada por la que le sigue.

El penúltimo capítulo había salido a la luz pública apenas tres días antes que el de los afiches. Se trataba de un pago de 1 millón de dólares de la multinacional brasileña a la agencia de publicidad Sancho BBDO, para supuestamente financiar una encuesta sobre el mapa político del país. El objeto, según el comunicado de la Fiscalía, habría sido “lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos”. Lo que había detrás era una reclamación de Odebrecht al Estado colombiano que había llegado a 700.000 millones de pesos y que estaba en manos de un tribunal de arbitramento. La encuesta, entonces, sería un gesto de buena voluntad para tratar de llegar a un arreglo con el gobierno.

Eso no sucedió y en el acuerdo de liquidación la compañía aceptó renunciar a estas pretensiones y el Estado no va a tener que pagar un solo peso. Santos, en una intervención en Chocó, manifestó que a la multinacional le ha ido muy mal en su gobierno, pues de diez licitaciones en las que participó solo ganó una. Según el presidente, si el propósito de la encuesta del millón de dólares era que el gobierno favoreciera a Odebrecht, esa platica se perdió.

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A pesar de esas aclaraciones, la revelación de la encuesta generó más preguntas que respuestas. Lo único claro era que lo que se estaba diciendo no era totalmente verdad. Las encuestas más caras no valen 1 millón de dólares, sino por lo general más bien la décima parte de eso (máximo 100.000 dólares). Para realizarlas y acordar temas como las preguntas y la muestra, tendrían que haberse reunido un representante de la agencia, uno de la campaña y el encuestador. Ninguna de esas personas ha aparecido hasta ahora. El noticiero CM& reveló el contrato de Odebrecht con Sancho BBDO, pero este es demasiado abstracto y no contiene ninguna información que permita despejar dudas.

El hecho es que hasta ahora nadie ha visto la encuesta y ninguno de los directivos de la campaña que la debían conocer la recuerda. Queda por definirse qué pasó con el millón de dólares, pues lo más probable es que no haya sido destinado exclusivamente a una encuesta. Se sabe que la plata entró a una cuenta en Panamá de una sociedad de nombre Paddington Venture Limited, vinculada a Sancho BBDO. Se puede presumir que es una sociedad de papel de esas que se utilizan en Panamá para transacciones financieras, no necesariamente ilegales.

Como Sancho BBDO es una agencia de publicidad muy prestigiosa, se presume que no hay nada ilegal en sus operaciones. Una posibilidad, por lo tanto, es que ese dinero haya sido destinado a pagar servicios legítimos de esa agencia, no limitados a la supuesta encuesta. Sancho BBDO participó activamente en la primera etapa de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y, según la contabilidad oficial, recibió cerca de 850 millones de pesos. Esa no es una cifra alta para una estrategia integral de comunicaciones que podría incluir compra de pauta en medios.

El principal protagonista de esta telenovela, Roberto Prieto, había estado muy callado hasta esta semana. En sus pronunciamientos hubo algunas aclaraciones oportunas. Puntualizó que él no era el único responsable de esa campaña, pues había otros directivos que también tenían autoridad. Mencionó como parte de esa cúpula a César Gaviria, a Orlando Sardi y a Juan Mesa. Igualmente afirmó que no tenía conocimiento de la misteriosa encuesta del millón de dólares, ya que la firma con la que la campaña hacía sus sondeos era Conecta, una encuestadora de propiedad de la esposa del exministro de Minas Tomás González. Este último dato generó un pequeño problema, pues en la contabilidad de la campaña no hay registro de pagos a esa firma. Eso significa o que Conecta regaló sus servicios o que un tercero los pagó.

_{A las pocas horas de aparecer la noticia, el expresidente Álvaro Uribe pidió la renuncia de Santos. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana insinuó algo parecido sin decirlo de frente.}

La frase más impactante de Prieto fue: “No olviden que César Gaviria asumió la gerencia en la segunda vuelta… A mí me dieron un golpe de Estado y me atribuyeron la pérdida de la primera vuelta con el argumento de que no les di plata”. Aunque sorprenda, eso fue exactamente lo que sucedió. Sin embargo, no es relevante para aclarar el asunto de la encuesta por razones cronológicas. Odebrecht y Sancho BBDO firmaron el contrato el 2 de febrero de 2014, es decir, cuatro meses antes de las elecciones. En ese momento el que mandaba era Prieto, pues el golpe de Estado que le dio Gaviria solo tuvo lugar después del fracaso de la primera vuelta el 25 mayo de 2014.

Pero Prieto no convence en su afirmación sobre las cuentas de la campaña. Según él, en la primera vuelta se gastaron 13.552.953.683 pesos y en la segunda, 9.499.258.340. Agregó que todo el costo de la segunda vuelta se financió exclusivamente con un crédito de Bancolombia, el cual fue cubierto después del triunfo electoral con los recursos de la reposición de votos. Eso puede ser lo que quedó consagrado en los libros, pero desafía la credibilidad. En un país donde el costo de llegar al Senado en departamentos como Meta o Córdoba puede alcanzar los 20.000 millones de pesos, la mitad de esa cifra para una campaña presidencial en todo el territorio nacional suena cuesta arriba. Más aún si se tiene en cuenta que Óscar Iván Zuluaga había ganado la primera vuelta.

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La revelación de Odebrecht de la encuesta del millón de dólares y el otro millón que Bula le habría enviado a Roberto Prieto han dado pie a especulaciones sobre posibles violaciones de los topes electorales en la campaña de 2014. Eso, sin embargo, no se ha probado. Pero con la noticia de lo de los afiches, la hipótesis ha tomado vuelo.

Sobrepasar los límites permitidos por ley en las campañas electorales es más grave política que legalmente. Según el fiscal, técnicamente no se trata de un delito sino de una infracción, pero el daño para el gobierno es enorme. Los topes de las campañas no son realistas, por lo cual el que terceros hagan los pagos de algunos de sus gastos ha sido una práctica común. A Duda Mendonça, el asesor brasileño de Zuluaga, Odebrecht le pagó unos honorarios en el exterior. Y si se confirman las sospechas del millón de dólares de la encuesta, a la campaña de Santos le pudo haber sucedido algo parecido.

Normalmente ese apoyo financiero indirecto se hace a través de una transacción entre terceros en la cual no participa directamente la campaña. Así se han financiado en el pasado afiches, camisetas, encuestas, transporte, refrigerios y cosas de esa naturaleza. El que hace el aporte, en lugar de darle el dinero a la campaña, le paga directamente al proveedor. Para que eso salga a flote se requiere que una de las partes lo revele, lo cual prácticamente nunca sucede. En esta ocasión la información se ha conocido pues Odebrecht tiene 170 funcionarios negociando sus penas de cárcel con la Físcalía brasileña.

Algunos han tratado de comparar ese episodio con el proceso 8.000. No hay ninguna relación entre los dos casos. El cartel de Cali era la organización mafiosa y criminal más poderosa en su momento, y buscaba al financiar la campaña de Ernesto Samper una negociación con el gobierno para que sus jefes no fueran a la cárcel. Odebrecht era hasta 2014 una multinacional respetada en el campo de la infraestructura y con sus aportes financieros quería congraciarse con el gobierno para tener una buena carta de presentación en los negocios en los que pensaba participar.

Pero sea lo que sea, el escándalo no solo tiene implicaciones políticas, sino también legales. Así como los topes tienen algo de irreal –porque un país con el tamaño de Colombia no puede manejar una campaña presidencial con 3 millones de dólares– las sanciones contempladas por su violación en teoría pueden ir lejos. A pesar de que se trata solo de una infracción, una vez el Consejo Nacional Electoral la certifique, un juez podría ordenar devolver todos los recursos producidos por la reposición de los votos. En relación con los afiches, esa posible infracción ya prescribió porque al haber ocurrido en 2010 han transcurrido muchos años desde que tuvieron lugar los hechos. Lo más complicado sería que se llegara a probar algo de la campaña de 2014. Esas platas son enormes y entre las dos vueltas pueden superar los 20.000 millones de pesos. Por ley la devolución no le corresponde al candidato en persona, sino a los partidos que lo avalaron. En el caso de una candidatura por firmas, sí le correspondería directamente al candidato, pues no representaría a ningún partido. Esa sería la situación de Óscar Iván Zuluaga, quien se lanzó por firmas porque en ese momento no existía el Centro Democrático. No obstante, como la violación de los topes ha sido una práctica común en la política del país, nunca se ha llegado a esos extremos. Pero siempre hay una primera vez.