Odebrecht, la compañía que sobornó a un continente

Doce países implicados. Cientos de millones de dólares en sobornos. Varios exmandatarios imputados, prófugos o tras las rejas. Y un presidente, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, debilitado hasta el nivel terminal. Ese es el saldo parcial del mayor escándalo de corrupción de América Latina y el símbolo de un continente que más parece unido por esa lacra que por cualquier otro vínculo social o económico.

El jueves 21 de diciembre, tras algunas horas de tensa deliberación, en el Congreso no prosperó el proyecto de destituir al presidente, que se salvó por los pelos de perder su puesto gracias a la abstención de la izquierda y de algunos fujimoristas díscolos. Mientras que los primeros decidieron abstenerse a última hora para evitar convertirse en “el furgón de cola del fujimorismo”, los segundos prefirieron mantener al presidente para negociar el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Pasaron menos de 8 días desde que 27 miembros de la bancada fujimorista del opositor Fuerza Popular difundieron una lista de pagos por casi 5 millones de dólares, que el presidente habría recibido de la constructora brasileña a través de 2 empresas de consultoría entre 2004 y 2007.

Los problemas de Kuczynski comenzaron cuando se posesionó el 28 de julio de 2016 tras vencer a Keiko Fujimori en las elecciones más reñidas de la historia de Perú. Su victoria por menos de 50.000 votos (menos del 0,3 por ciento de total) habría sido imposible sin el apoyo de la izquierda, que a última hora se puso de acuerdo para evitar que el clan Fujimori regresara a la Presidencia.

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En las mismas elecciones, sin embargo, el partido de Keiko logró una abrumadora mayoría en el Congreso, que desde el primer día evidenció la debilidad de Kuczynski. Con el paso de los días, la grieta se ensanchó y pronto se convirtió en uno de los ejes de la política peruana en 2017. El otro fue el anuncio en febrero del Departamento de Justicia norteamericano (ver artículo ‘De la mano del Tío Sam’), según el cual 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos, de los cuales 29 millones eran para funcionarios peruanos a fin de ganar la concesión de obras de infraestructura entre 2005 y 2014.

Esas denuncias pusieron en la mira de la Justicia a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, que dirigieron el país durante esos años. A principios de 2017, la Fiscalía peruana los acusó de enriquecimiento ilícito, y a Humala y a Toledo les dictó prisión preventiva. Desde febrero el primero está tras las rejas y el segundo, prófugo de la Justicia.

Se enreda el presidente

A finales de noviembre de 2016, el Congreso formó una comisión para investigar las huellas de Odebrecht en ese país. Este grupo, compuesto en su gran mayoría por miembros de la bancada fujimorista, citó a Kuczynski como testigo por haber sido ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo. Sin embargo, este se negó a responder en persona con el argumento de que lo habían tratado mal cuando recibió a otro grupo de congresistas afines a Fujimori. También advirtió que no iba a recibir a la comisión y que respondería solo por escrito. Y como si lo anterior fuera poco, dijo varias veces en público que nunca tuvo relación directa o indirecta con Odebrecht.

Al mismo tiempo, las relaciones de Kuczynski con el Congreso se deterioraron hasta el punto de una ruptura total a principios de agosto. Tras tumbar a 5 de sus ministros, la mayoría fujimorista le negó el voto de confianza a su primer ministro, con lo que el presidente tuvo que formar un nuevo gabinete. Las aguas solo se calmaron cuando este evocó a mediados de septiembre la posibilidad de indultar al padre de Keiko, el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2007 a 25 años de prisión por ordenar secuestros y matanzas y dirigir una red corrupta desde el Estado. Aunque ella está peleada con su padre y no quiere que lo indulten, su hermano Kenji sí se mantiene fiel a su progenitor y aprovechó para negociar el perdón, que ya se encuentra bastante avanzado.

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Sin embargo, el verdadero viacrucis de Kuczynski comenzó el miércoles 13 de diciembre. Ese día, la presidenta de la comisión Lava Jato reveló que Odebrecht le pagó a 2 consultoras vinculadas al presidente cerca de 8 millones de dólares entre 2004 y 2007. Es decir, cuando estaba en el gobierno de Toledo. El día siguiente, el presidente complicó aún más su situación con un desastroso discurso televisado, pues no aclaró las dudas y en cambio le dio alas a la hipótesis de que ese dinero era el fruto de un soborno por el trato preferencial que le dio a la constructora brasileña cuando era ministro.

El escándalo que generó la noticia y la respuesta del presidente produjeron una reacción airada del Congreso, que menos de 24 horas después aprobó el juicio que el jueves en la noche se saldó a favor del presidente por apenas 8 votos. Sorprendentemente, la propuesta del proceso surgió del izquierdista Frente Amplio, nada menos que el partido que apoyó a Kuczynski en la recta final de las elecciones. Luego se sumaron la bancada fujimorista y otros grupos de izquierda.

En condiciones normales, el quid de la cuestión habría sido establecer si Kuczynski tenía o no conocimiento de los pagos y si estos correspondieron a servicios reales o no. Sin embargo, el cargo que el Congreso usó para apartarlo de sus funciones fue el de “incapacidad moral”, con el argumento de que el presidente le mintió al país por asegurar durante meses que no tenía vínculos con Odebrecht.

Todo lo cual puede ser cierto, pero es también una excusa algo traída de los cabellos, pues las mentiras disfrazadas, las medias verdades y las omisiones deliberadas que usó Kuczynski son extremadamente graves pero no han sido probadas. De hecho, los analistas consultados para este artículo subrayaron que la “incapacidad moral” es un argumento particularmente vago, que el Congreso puede interpretar según sus necesidades.

Un arma política

Y en esta ocasión existen fuertes sospechas de que esa norma constitucional se usó para saltarse el debido proceso de Kuczynski. “Esto pasa porque tenemos un presidente muy débil ante la opinión pública, una bancada oficialista muy pequeña, una izquierda muy maximalista y, sobre todo, una bancada fujimorista que sola tiene mayoría absoluta en el Congreso, y que aprovecha la oportunidad para arrinconar aún más al gobierno”, dijo a esta revista Martín Tanaka, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor de varios libros sobre la democracia en América Latina.

En el mismo sentido, todo el alboroto alrededor de su juicio y de su eventual destitución podría tener como objetivo echarle tierra a las turbias relaciones de la oposición con la constructora brasileña. “La naturaleza y la prisa de este proceso se explican porque los fujimoristas están en una carrera contra el tiempo para desmantelar la Presidencia antes de que las investigaciones de Lava Jato los alcancen. En particular a Keiko, que está bajo sospecha de haber sido financiada por Odebrecht”, dijo en diálogo con SEMANA Julio Carrión, profesor de política de América Latina de la Universidad de Delaware y autor del libro Peru in the Twenty-First Century.

De hecho, la semana pasada la Fiscalía allanó dos sedes de Fuerza Popular por indicios de doble contabilidad y uso de dinero proveniente de la constructora brasileña y el jueves la Fiscalía tenía previsto interrogar a Keiko, acusada de lavado de activos. Pero eso no es todo. Desde principios de año la mayoría fujimorista también ha iniciado una acusación contra el fiscal general del Estado, lo mismo que contra algunos miembros del Tribunal Constitucional. Y a eso se suman varios intentos por controlar también el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones. “Lo que el fujimorismo busca es dar marcha atrás en la historia, que regresemos a los años noventa”, dijo el miércoles en un programa de radio el conocido periodista de investigación peruano Gustavo Gorriti.

En la misma dirección apuntan el análisis del director de la encuestadora Vox Populi, Luis Benavente. “Esto hace parte de una agresiva estrategia de desestabilización del Estado al servicio de los intereses de Keiko y de sus aliados políticos. Y esto con el fin de esquivar sus líos legales y de apoderarse nuevamente del Estado. El objetivo de Fuerza Popular es dirigir las riendas del país desde un régimen de partido único. Las consecuencias para la economía, la democracia y la sociedad peruanas pueden ser nefastas”, dijo Benavente en diálogo telefónico con esta revista.

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Hacia la incertidumbre

El precario triunfo de Kuczynski abre un panorama complejo. El presidente salvó su mandato, pero le quedan tres años y medio y ha quedado debilitado y a merced de la oposición. Los efectos de la crisis ya se han sentido. La semana pasada la Bolsa sufrió una fuerte caída (lo que afecta de lleno a las pensiones de millones de peruanos) y las principales agencias internacionales revisaron a la baja las perspectivas de crecimiento del país. “Si la crisis política se prolonga, lo más probable es que dañe la confianza del consumidor y empresarial, lo que resultaría en vientos en contra para

la economía”, advirtió el jueves en un comunicado la consultora Capital Economics.

Las estadísticas confirman el desencanto de los peruanos con sus líderes y sus instituciones, que esta semana organizaron gigantescas marchas en la capital y otras ciudades bajo el lema: “Que se vayan todos”. Según la última encuesta de Ipsos Perú, la imagen de los principales líderes políticos está por el suelo y ninguno supera el 25 por ciento de favorabilidad. Todo lo cual beneficia al fujimorismo, que es de lejos la agrupación que más líos con la Justicia arrastra. Pues si ‘todos son corruptos’, la discusión se reduce a demostrar que la oposición es peor para así ganar por comparación. De hecho, esa ha sido la estrategia de Fuerza Popular, que espera salir de esta crisis convertido en el partido que defiende la honestidad política.

Sin embargo, el hastío con la clase política es de tal magnitud que no se puede descartar que los peruanos estén dispuestos a ensayar cualquier cosa. Eso significa que los candidatos populistas y antisistema tienen una autopista abierta para llegar al Palacio de Gobierno en las próximas elecciones. Odebrecht ha hecho mucho daño en casi toda América Latina, pero Perú sería el primer ejemplo de un país desestabilizado a fondo por una red de corrupción que pocos vieron llegar.