Los brasileños quieren hablar, pero…

Se trata nada menos que del testimonio de quienes tenían las riendas de Odebrecht durante los años en que la multinacional constructora operó en Colombia, en medio de un festín de sobornos multimillonarios con los que retorció decisiones de Estado. Los llamados Luises (Luis Bueno Junio, Luis Mameri y Luis da Rocha) debían testificar el pasado lunes por videoconferencia desde São Paulo, en el inicio del juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana.

A Melo lo procesa un juzgado de Bogotá por los supuestos delitos de cohecho e interés indebido en la ejecución de contratos, pues habría consentido la corruptela propiciada por Odebrecht. Como los colombianos saben, la multinacional confesó ante la justicia internacional haber entregado 6,5 millones de dólares por el contrato de la Ruta del Sol II y 4,6 millones de dólares por el otrosí irregular por el que se añadió al mismo contrato la construcción del tramo Ocaña-Gamarra. El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, por medio de su firma Corficolombiana, participó del consorcio Ruta del Sol como socio minoritario con 33 por ciento, mientras que Odebrecht controlaba el 62 por ciento. La justicia debe determinar si, como Melo asegura, lo engañaron los brasileños o si incurrió en complicidad en la entrega de los sobornos.

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Por ello resultan trascendentales los testimonios de Bueno, exdirector de Odebrecht en Colombia; Mameri, exdirector para América Latina, y Da Rocha, quien manejaba la División de Operaciones Extructuradas, el área de la compañía que aprobaba los sobornos. Los tres concurrieron el lunes puntualmente para testificar, pero “no fue establecida conexión por parte de las Autoridades Colombianas, resaltándose que el sistema de conexión por parte de Brasil estaba en plena operación y fue debidamente probado”, dice el acta de la Procuraduría de Brasil. Esta, además, certifica que los Luises estaban listos para participar “como testigos de acusación en desfavor de Melo”.

Eso coincide con las primeras declaraciones de los brasileños en las que estos afirmaron a las autoridades colombianas que Melo sí sabía de los sobornos. En su momento, la Fiscalía decidió acusar al expresidente de Corficolombiana con base en eso y en el pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio contra esa empresa, que también recoge esos testimonios, entre otras pruebas.

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Pero, según la Fiscalía, la colaboración de los tres brasileños –que tienen orden de captura en Colombia– estaba en el limbo hasta el lunes a la hora de la audiencia. En efecto, Brasil exigía que no se pudiera usar ninguna prueba ni en procesos penales, civiles o administrativos “contra los colaboradores brasileños, contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador brasileño”. Es decir que Colombia otorgara un blindaje absoluto y ampliado a favor de cualquier brasileño envuelto en el lío. Colombia consideró improcedentes las exigencias de la Procuraduría brasileña e hizo una contraoferta: “Solicitó permitir los testimonios únicamente a cambio de que la autoincriminación de los testigos en los hechos a que se refiere su testimonio, no tengan efectos en la jurisdicción colombiana contra ellos”, dice un comunicado de la Fiscalía, con el que esta le salió al paso a las críticas por la frustrada audiencia de Melo.

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La Fiscalía señala que solo el lunes pasado por la tarde llegó al búnker el “Acta de Compromiso” suscrita por los Luises y enviada por las autoridades brasileñas en los términos propuestos por Colombia. Y que sin ese documento no podía realizar la audiencia de Melo. El fiscal del caso, Juan Alberto Delgado, también argumentó que la Corte Suprema estaba por definir la elección de un fiscal ad hoc que debería avalar la negociación con los brasileños. Y que, en consecuencia, era inútil realizar la audiencia sin esta claridad.

Pero el juez del caso fue severo con la Fiscalía. Dejó constancia de que por tercera vez el ente investigador pedía aplazar la diligencia. “Para el despacho son preocupantes estas suspensiones de la audiencia que ya no son reiteradas, sino sistemáticas”, señaló a manera de ultimátum, antes de reprogramar la diligencia para el 21 de enero. Ese día los colombianos sabrán si finalmente su aparato de justicia logrará conocer el testimonio ampliado de los brasileños protagonistas del mayor escándalo de los últimos tiempos.