Exclusivo: Los chats de Otto Bula

Hace un par de semanas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, inauguró un particular museo en la sede de la entidad en el centro de Bogotá. Allí se exponen piezas icónicas de la agitada historia político-criminal que ha marcado al país en las últimas décadas. Está el maletín de Guillermo Pallomari rebosado de los cheques con que el excontador del cartel de Cali compró la clase política en los años noventa, en el llamado proceso 8.000. También se exhiben, entre otras piezas, el computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, el uniforme con que fue abatido Alfonso Cano y el campero rojo donde los paramilitares asesinaron una comisión del CTI que investigaba la masacre de La Rochela en 1989. El conjunto de la muestra se titula El Estado siempre vence y el fiscal decidió incluir desde ya una pieza que asegura tendrá igual trascendencia aunque es mucho más reciente y que puede simbolizar el escándalo de Odebrecht: el iPhone del excongresista Otto Bula.

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Para Martínez los celulares de Bula –un iPhone 5 y otro 6– son determinantes a fin de develar el caso de corrupción más grande que haya conocido el país en lo que va del milenio, el escándalo Odebrecht. Los teléfonos fueron incautados por el CTI al momento de capturar al excongresista en un restaurante de Bogotá el 14 de enero pasado. Apenas 48 horas antes la Fiscalía había detenido al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.
En ese momento se explicó que los dos eran protagonistas del entramado de corrupción montado por la firma brasileña en el país para conseguir la concesión de la vía Ruta del Sol 2 y del tramo Ocaña-Gamarra, para lo cual habrían repartido coimas por 11,1 millones de dólares. Tras las capturas surgieron dos grandes preguntas: a qué bolsillos ingresaron los millonarios sobornos y cómo se dio semejante operación. Esta semana la Fiscalía empezó a dar respuestas concretas para ambos interrogantes, en buena parte a partir de los elementos hallados en los teléfonos de Bula.

El excongresista –a quien Odebrecht usó de punta de lanza para quedarse con las contrataciones deseadas– tenía una amplia agenda telefónica, y aunque hay muchos nombres repetidos los investigadores han hallado más de 2.500 contactos en su directorio telefónico y en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Dentro de estos hay medio centenar de políticos entre dirigentes regionales y congresistas. También hay comunicación bastante activa con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, así como con directivos de Odebrecht en Colombia e importantes ganaderos. Esta semana el fiscal general, al hacer un corte de cuentas general sobre el caso y al anunciar nuevas determinaciones, reveló varios de esos nombres. 

A nivel de congresistas y dado que por su fuero la Fiscalía no tiene competencia para investigarlos, la entidad compulsó los expedientes con las evidencias respectivas para que la Corte Suprema de Justicia investigue a Bernador Miguel ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile Fayad, Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella. Entre los políticos que deberán rendir explicaciones en la corte también está el representante a la Cámara Ciro Rodríguez. El ente investigador señala que serían “presuntos beneficiarios” de las coimas y que algunos habrían incurrido en el delito de tráfico de influencias. Pero a los cinco congresistas pueden sumarse más en las próximas semanas, pues la Fiscalía advirtió que identificar a otros parlamentarios que salen a flote en el acervo probatorio “no es posible en esta fase de indagación”.

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La Fiscalía está segura de contar con evidencias que comprometen también a varios extranjeros y tomó las primeras medidas al respecto. Ordenó capturar a Eder Paolo Ferracuti, un portugués que fue representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol al que acusará  por concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Por los mismos cargos deberán responder los brasileños Marcio Maragoni Maragoni, integrante del Consorcio Constructor Ruta del Sol-Consol, y Amilton Ideaki Sendai, ejecutivo de la firma Norberto Odebrecht. La Fiscalía también ordenó e hizo efectiva la captura del colombiano Adolfo Torres Forero, representante legal de la compañía Profesionales de Bolsa.

Entre los particulares salpicados también aparecen dos funcionarios del Consorcio Sion, Mauricio Vergara Flores y Gabriel Dumar Lora, además de una prima del senador Noño Elías, Básima Patricia Elías Nader. A estos les formularán cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según explicó el fiscal, estas personas habrían simulado contratos vacíos para luego recibir fortunas para repartir con los políticos.

SEMANA tuvo acceso a centenares de piezas extraídas del celular de Otto Bula en donde aparecen los nombres de muchos de los involucrados en el escándalo. Los archivos abarcan entre los años 2014 y 2016. Los fiscales del caso están discutiendo un preacuerdo con el exsenador Bula a fin de poder usar penalmente la información obtenida, así como varias carpetas con documentos aportados por él, además de su propio testimonio. Durante meses un grupo de investigadores estuvo clasificando la información digital recuperada (descartaron cientos de archivos que atañen únicamente a asuntos familiares o personales). Luego se dieron a la tarea de verificar la información y después aterrizaron los elementos en su respectivo contexto.

Aunque meses atrás hubo gran expectativa por los expedientes que pudiera trasladar la Fiscalía de Brasil a la de Colombia, esa colaboración no ha significado mucho. Tampoco ha sido determinante lo aportado por la oficina Odebrecht en el país; basta anotar que cuando la Fiscalía fue por el registro de ingresos al edificio de la compañía, encontró  que este no existía. Por todo ello, en el búnker de la Fiscalía se habla de una investigación “made in Colombia”.
La Fiscalía tiene establecido (con documentos, testimonios y registros bancarios) que la simulación de contratos fue el instrumento sobre el que cabalgó la corrupción de Odebrecht en Colombia. La trazabilidad de las coimas está minuciosamente establecida en muchos casos. Y ya más de una docena de personalidades han acudido al ente investigador para aceptar su responsabilidad. Incluso el destino final de varios millones de dólares quedó esclarecido. Al exviceministro Gabriel García le congelaron títulos por 4 millones de dólares que mantenía ocultos en paraísos fiscales de Islas Vírgenes. Esas acciones hacen parte de los 6 millones de dólares que habría recibido. García es uno de los investigados que decidió aceptar cargos.

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En los celulares de Bula se hallaron conversaciones propias y ajenas. El exsenador tenía diálogo fluido con las directivas de Odebrecht y con algunos funcionares de la ANI, como Juan Sebastián Correa Echeverry (detenido y a quien la Fiscalía responsabiliza de coimas por 400 millones de pesos), pero también estaba al tanto de los diálogos que congresistas como Ñoño Elías sostenían con el director de la entidad, Luis Fernando Andrade, pues los políticos se las reportaban. De ahí que muchos de los chats hallados en los iPhone del excongresista realmente son conversaciones de Andrade con congresistas en ejercicio. El viernes pasado la Fiscalía informó que imputará cargos a Andrade por firmar un otrosí que dio vía libre a la vía Ocaña-Gamarra.