Imponen casa por cárcel a Luis Fernando Andrade

Luego de un par de meses de incertidumbre la juez que tenía que resolver la situación del ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, determinó que el ingeniero permanezca en detención domiciliaria mientras se sigue el proceso en su contra. La Fiscalía acusa a Andrade de tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, y ocultamiento y destrucción de material probatorio

La argumentación de la juez para imponer la medida de aseguramiento contra Andrade culminó con un sabor agridulce para el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, que permanece sentado en el banquillo de acusados. La petición de la Fiscalía era que Andrade fuera enviado a prisión para evitar que pudiera incidir en el desarrollo del proceso. El defensor del acusado, el penalista Albeiro Yepes, argumentó que no había ninguna razón para privar de la libertad a su cliente y solicitó que Andrade permaneciara en libertad. Al final la juez de garantías optó por una vía intermedia: la prisión domiciliaria.  

Si bien la juez 57 de control de garantías de Paloquemao, en Bogotá, consideró que como funcionario Andrade no obtuvo ningún beneficio económico por su gestión ni se encontró detrimento patrimonial alguno bajo su gestión, la togada también consideró que el director de la ANI pudo haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el Otrosi a través del cual se agregó a la megatroncal Ruta del Sol 2, que operó Odebrecht, el tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La juez tuvo la misma consideración respecto al proyecto de la navegabilidad del río Magdalena.

Para ocultar esos intereses, afirmó la juez, Luis Fernando Andrade habría incurrido en el presunto delito de falso testimonio y habría presionado a su subordinado, Juan Sebastián Echeverri, para mentir a las autoridades.

Ese fue justamente el argumento que empleó el despacho judicial para afirmar que el exdirector de la ANI trató de obstaculizar el buen desarrollo del proceso y el motivo crucial por el que le decretó prisión domiciliaria.

A pesar de que pueden parecer contradictorios, los argumentos acogidos por la togada fueron que Andrade se reunió en diversas ocasiones con los directivos de Odebrecht y con el senador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías en privado, para acelerar el proceso de adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra, y que eso habría configurado el delito de interés indebido en la celebración de contratos, de los que se beneficiaron terceros envueltos en el escándalo.

Además de que en el caso del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, Andrade, en su calidad de director encargado de Cormagdalena, habría voluntariamente retrasado el desarrollo del cierre financiero del proyecto para permitir a la compañía brasileña encontrar un nuevo socio y poder seguir con la obra, sin tener en cuenta que para ese momento ya se empezaban a conocer los casos de sobornos en los que estaba involucrada la multinacional.

Para ocultar esos intereses, afirmó la juez, Andrade incurrió en el presunto delito de falso testimonio y habría presionado a su subordinado Juan Sebastián Correa Echeverri para mentir ante las autoridades y ocultar las pruebas del incidente, esto con relación al número de reuniones entre el director de la ANI y la contraparte interesada en el proyecto vial. 

Es decir, que para esconder las reuniones con particulares en las que presuntamente habría pactado la aceleración de un gran proyecto vial y el freno de otro de navegación, Andrade habría incurrido en el delito de falso testimonio, tanto como autor como determinador, lo cual fue el argumento que empleó la juez 57 para justificar la medida de aseguramiento domiciliaria en su contra, como prueba de que había tratado de obstaculizar el buen desarrollo del proceso.

Junto con la gravedad de los hechos reprochados que representaron “el primer paso hacia el abismo de la corrupción” e impidieron que entrara en funcionamiento la vía que debía conectar al centro del país con la costa Caribe, según dijo.

Aunque desechó gran parte de los argumentos de la Fiscalía, tales como la responsabilidad de Andrade en la firma del otrosí 3 que se dio antes de las presuntas reuniones con los ejecutivos extranjeros o la alteración de una base de datos que no tenía porque existir en los registros de la ANI, la togada optó por un punto medio que pareció dejar satisfechas a todas las partes, ya que ninguna apeló la medida impuesta.

“Me siento triste, porque ese tipo de cosas, lo que hacen es que cada vez sea  as difícil que un profesional, que un académico, que un empresario,  se acerque a ayudarle al Gobierno porque el tipo de riesgos que tomamos es gigantesco”, declaró Andrade a la salida de la audiencia. 

Si algo quedó claro tras la audiencia pública es que en su papel de directivo de la ANI, Luis Fernando Andrade fue “diligente” según la propia calificación de la juez, al punto en que evitó detrimentos patrimoniales innecesarios para el Estado y adoptó decisiones acordes a derecho en el caso del otrosí Ocaña-Gamarra. Pero lo que parece indicar que fundó la decisión de la togada es que también existen indicios que apuntan a que hubo un grupo de personas que se confabuló para acelerar la puesta en marcha del proyecto en condiciones favorables para la concesionaria, tal como la adopción de nuevos peajes o de un aumento de la tasa de retorno pactada sobre sus inversiones, entre los que se cuentan el grupo de los llamados Buldócer, liderados por el senador Nicolás Otto Bula.

Lo mismo que en el caso de Cormagdalena, en el proyecto de navegabilidad del río Magadalena, en donde habría demorado intencionalmente el cierre de la obra para permitir el ingreso de un nuevo socio de Odebrecht que habría permitido la generación de la obra en tiempo con lo que se hubiera evitado un largo y engorroso proceso de cierre aunado a una nueva licitación. Pero nuevamente en este caso, parece que su voluntad se encontró con la de un consorcio de corrupción que involucró a políticos, funcionarios y particulares, de los que tendrá que tratar de demostrar Andrade que no hizo parte y que no se benefició ni permitió que se afectara el patrimonio público bajo su gestión.