Procuraduría abre indagación preliminar a Luis Fernando Andrade, director de la ANI

En medio del escándalo por los sobornos de Odebrecht, la Procuraduría anunció el inicio del segundo capítulo, el disciplinario, para sancionar las conductas de funcionarios y exfuncionarios que participaron de los hechos ilícitos.

Para comenzar, Fernando Carrillo inició la apertura de indagación preliminar por el contrato Ruta del Sol dos y los otrosí que se firmaron; el préstamo del Banco Agrario a Navelena, el contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y Odebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo-Canoas y el contrato firmado por el Invías para la ejecución de la obra que comunica Puerto Boyacá con Chiquinquirá.

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A la par con las acciones de la Fiscalía, en lo relacionado con la Ruta del Sol tramo 2, Carrillo anunció la indagación preliminar a los ya capturados Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; Otto Nicolás Bula, exsenador, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. 

También reveló los nombres de seis funcionarios de la ANI que quedarán bajo la lupa del ente de control: Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño y Andrés Figueredo Serpa.

En el caso de García, que ya aceptó cargos ante la justicia, el procurador anunció que no permitirá que su caso prescriba para la justicia por cuenta de una negociación con la Fiscalía. Para ello, dice Carrillo, se buscará probar que los sobornos ocurrieron de manera sucesiva y continuada en función no de la fecha del contrato (firmado entre los años 2009 y 2010), sino de la ejecución de las obras, las cuales aún no concluyen. 

Respecto al llamado de la Procuraduría, la ANI indicó a través de un comunicado que está presta a "colaborar diligentemente con el proceso" y que rechaza "vehementemente el accionar de la firma Odebrecht y la deplorable estrategia que ejecutaron a través Otto Nicolás Bula para presionar de forma corrupta las decisiones de la ANI".

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En lo relacionado con el crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena por 120.000 millones de pesos para financiar la etapa de preconstrucción del proyecto del río Magdalena, el Ministerio Público anunció que realizará inspecciones e indagará a los miembros de toda la junta directiva para la época que intervinieron en este proceso.

El siguiente contrato que entró en la investigación del Ministerio Público es el firmado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante la Alcaldía de Samuel Moreno. Se trata del contrato del 18 de diciembre del 2009 firmado por el consorcio Canoas entre Norberto Odebrecht y CASS Constructores y CIA, con el objeto de diseñar y construir un sistema de alcantarillado en el tramo Tunjuelo-Canoas-río Bogotá, por un valor de 243.000 millones de pesos.  

Este contrato se entregó en medio de denuncias de varios sectores y de la solicitud oficial del zar Anticorrupción de la época, Óscar Ortiz González, quien pidió suspenderlo por haberse dado un tratamiento "desigual" a las propuestas presentadas.

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Sobre las presuntas irregularidades de esta adjudicación, se indagará al gerente de la empresa para la época, Jorge Pizano, quien después pasó a ser funcionario de Odebrecht. "Una evidente maniobra de puerta giratoria", dijo Carrillo. Además serán indagados todos los funcionarios que intervinieron en este proceso.

"Le salimos a deber a Odebrecht"

El jefe del Ministerio Público también cuestionó las pretensiones "astronómicas" por 263 millones de dólares (798.000 millones de pesos) de la firma brasileña contra la ANI. Esta reclamación se hace a través de un tribunal de arbitramento en el que interviene la Procuraduría, quien ya inició acciones para controvertir las pretensiones. 

"Es inaceptable, inadmisible e indignante. Casi que la sociedad colombiana le sale a deber a Odebrecht; lo más importante que es echemos abajo esas pretensiones absurdas y astronómicas", cuestionó Carrillo. 

También insistirán en la restitución inmediata de los 11,1 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país y ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no quede paralizada, tal como ocurrió en el pasado con proyectos afectados por hechos de corrupción como la Fase III de Transmilenio.

"La nulidad podría llevar a que se paralicen las obras y con esto se hace doble de daño en materia de derechos colectivos, la ruta que se debe tomar en función de quien está llamando a señalar el camino en materia de contratación o cesión son consecuencias legales que las estamos dejando en manos del tribunal administrativo de Cundinamarca", dijo.

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